Organización Internacional del Trabajo pide nulidad de contratos con mineras que desprecian a los indígenas.
Los conflictos que vienen ocurriendo entre la empresa minera Barrick Misquichilca y que explota el oro de Huaraz con los comuneros de Cuncashca pueden conllevar a que el gobierno del presidente Alan García suspenda el contrato de explotación del oro huarasino.
Esto como consecuencia de una solicitud de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha solicitado oficialmente al gobierno de Alan García que se suspenda todo tipo de contrato con las mineras que incumplen acuerdos con las comunidades nativas y campesinas y que atenten contra el medio ambiente.
La empresa minera Barrick Misquichilca en una treta ya conocida de desprecio a los comuneros de las zonas de influencias de su explotación, intenta dialogar con los comuneros de Cuncashca pero les ofrece migajas. Han recurrido a las oficinas de Codispas intentando dialogar con los comuneros de Cuncashca y tal vez en su desesperación los comuneros pobres estarían aceptando las migajas que les ofrece Barrick.
Por otro lado, se sabe que la minera Barrick se comprometió en una mesa de diálogo presidido por el obispo de Huaraz Eduardo Velásquez Tarazona de construir un mercado popular y un moderno hospital para Huaraz. Hasta la fecha Barrick no ha cumplido y es probable que se vaya de Huaraz sin ejecutar ambas obras.
Por ello los simulacros de dialogo que realiza Barrick al parecer es para engañar a los comuneros de Cuncashca y darles migajas y no cumplir con el contrato con dichos campesinos.
La OIT reclama que antes se debe asegurar los canales de consulta a comunidades. Confiep denuncia acoso de Organización Internacional del Trabajo contra proyectos de inversión.
A pocos días de que la comisión congresal que investiga los sucesos de Bagua presente sus conclusiones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un segundo informe en el que muestra su preocupación por la falta de mecanismos de consulta a las comunidades nativas con respecto a proyectos de inversión.
A diferencia del informe de inicios de año, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT fue más allá y solicitó al Gobierno peruano suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a los pueblos indígenas y nativos.
La recomendación precisó que la suspensión debe permanecer hasta asegurar «la participación y consulta de las personas afectadas a través de sus instituciones representativas en un clima de total respeto y confianza».
«La Comisión insta al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad», reza el documento difundido ayer por la OIT.
Protagonistas y observaciones
En el mismo documento, la OIT revela que las observaciones fueron formuladas con el aporte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Cocamami), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), y organizaciones no gubernamentales.
Aunque también contó con información remitida por el Gobierno, pero insuficiente, pues reclama mayores precisiones sobre el accionar de las mesas de trabajo que organizó el Ejecutivo para tratar la problemática de las comunidades nativas, que ya desde hace algunos años recurren a organismos internacionales.
Precisamente, el 4 de marzo, Mario Palacios, de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), anunció que iniciará acciones legales ante tribunales peruanos y probablemente internacionales para que el Gobierno cumpla con la recomendación de adecuar el Convenio 169 de la OIT a la legislación peruana.
Es este acuerdo, que ampara el derecho de consulta a las comunidades nativas, el que reclama la OIT, y que aún no ha sido debatido por el Congreso.
Reacción empresarial
Según pudo conocer Gestión, diversos gremios empresariales sabían del documento de la OIT hace dos semanas, entre ellos la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
A pesar de que varios de sus voceros intentaron minimizar su importancia, otros, como su ex presidente José Miguel Morales, indicaron que el pronunciamiento no solo involucra actividades como la minería o las de hidrocarburos, sino todas aquellas que tengan algún tipo de vinculación con las comunidades nativas (ver análisis).
La Confiep, por su parte, ha dado un paso adelante. Su presidente, Ricardo Briceño, señaló que presentaron una nota de protesta ante la Organización Internacional de Empleadores (OIE).
«La OIE nos han señalado que han recibido nuestra carta y que comparten nuestra preocupación, y que son conscientes del acoso que estamos sufriendo», indicó en diálogo con Gestión.
Briceño también agregó que la Comisión de Expertos de la OIT, que emitió el documento, es órgano asesor y no administrativo.
«Si bien sus recomendaciones no son vinculantes, sí son preocupantes», admitió Briceño, tras señalar que este tipo de documentos perturba el clima de inversiones. «Pero no nos alarmemos».
Agregó que resulta contradictorio que una organización que supuestamente está hecha para mejorar las condiciones laborales proponga la paralización de puestos de trabajo, y por otro lado desconocen los mecanismos de consulta que en el Perú, de acuerdo con los dispositivos legales, se hacen
permanentemente.
Cuestión de cifras
El especialista Fernando Cillóniz señaló que la suspensión de la extracción de los recursos naturales significaría el colapso del Perú. «La mayoría de las minas están en tierras de comunidades y todas las actividades petrolíferas y gasíferas, también están en la Amazonía», añadió.
Sostuvo que el Perú depende de dichas actividades en gran medida, que implica entre el 40% y 50% de las divisas y tributos, los cuales están en riesgo con la postura expresada por la OIT.
Basta saber que la minería, el petróleo y el gas exportan unos US$ 21,000 millones al año.
Cifras
15 empresas de gas y petróleo mantienen conflictos sociales con diversas comunidades.
40 mineras se encuentran atravesando actualmente conflictos con los grupos nativos.
330,000 era el número de la población indígena de la Amazonía hasta junio del 2009.
US$ 500 millones de inversión fueron lo que perdió la minería el año pasado debido a conflictos.
Derecho de las comunidades
Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recordó que este es el segundo informe que emite la OIT sobre las actividades de exploración y extracción de recursos naturales.
Detalló que en el primer informe se solicitó que no se continúe con los trabajos en territorios de las comunidades indígenas, mientras que no se les haya realizado la consulta previa.
Al preguntarle en qué medida el informe de la OIT es vinculante, Gamarra señaló que existe una discusión al respecto, pero el punto es que el Perú ha suscrito el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y es evidente que allí hay una serie de disposiciones que les reconocen derechos a las poblaciones.
Análisis
Sin imposiciones
En la OIT, hay tres sectores (laboral, empresarial y del Estado) y este informe está hecho solo por uno de ellos, el sector laboral, que puede hacer una recomendación genérica, pero no es de cumplimiento obligatorio.
Creo que lo que se está olvidando es que en el Perú hay pobreza, y es precisamente en las zonas de bajos recursos económicos donde existe la posibilidad de desarrollar los recursos naturales.
Al hablar de la suspensión de las actividades de exploración y explotación también se refieren al sector maderero, agrícola, pesca, es decir a más del 50% de actividades productivas del país.
Una buena parte de los conflictos se desarrolla en la selva, debido al poco conocimiento de las leyes del país, poca comunicación y no existen los linderos. Creo en el diálogo, pero la OIT no puede imponer ese tipo de medidas al Perú.
http://www.diario-ya.com/
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