MARCHA CONTRA EXPLOTACION MINERA EN CAJAMARCA

viernes, 29 de mayo de 2009

Una minera debe pagar 3 millones por derramar mercurio en Perú

El Municipio de Cajamarca, norte de Perú, aceptó una indemnización de tres millones de dólares por el derrame de 150 kilos de mercurio de la minera Yanacocha, controlada por la estadounidense Newmont, con lo cual dio por concluido un litigio iniciado en Estados Unidos en 2001.

El alcalde Marco La Torre dijo que de los tres millones, el 40% se irá en honorarios de abogados, y la diferencia será para la ejecución de obras en las comunidades campesinas de San Juan, Choropampa y Magdalena, afectadas por el derrame en junio de 2000 y que se ubican en el departamento de Cajamarca cerca a la mina Yanacocha.

El derrame provocó la intoxicación de unos 250 pobladores sobre un total de 1.800 de esas comunidades y desató un desastre de salubridad en una de las regiones más pobres de Perú.
La exposición del mercurio en altas dosis puede provocar daños al sistema nervioso, defectos de nacimientos y abortos, entre otros males.

La indemnización al Municipio de Cajamarca es distinta a la acordada por la vía extrajudicial entre Newmont y las tres comunidades campesinas afectadas directamente por el mercurio.
Según la alcaldía cajamarquina, mediante el acuerdo extrajudicial Newmont entregó a las tres comunidades una indemnización superior al millón de dólares.

Newmont es el principal accionista de Yanacocha, la mayor mina de oro de América Latina. Perú es el quinto productor mundial aurífero. En 2008 la mina produjo más de 1,70 millones de onzas contra 1,56 millones de 2007.
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miércoles, 27 de mayo de 2009

Demandan no ampliar plazo del PAMA a Doe Run

En Huancayo, cientos protestaron por contaminación en centro minero de la Oroya. Empresa minera solicita “solución viable y satisfactoria” al gobierno a fin de cumplir con el PAMA.

Manuel Tovar y Jean Polo.

Considerando que una postergación más del Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) atentaría contra la vida y salud de los pobladores de La Oroya, cientos de personas marcharon el viernes por las principales calles de Huancayo y exigieron que la empresa minero-metalúrgica Doe Run Perú cumpla con el plazo fijado de dicho programa (31 de octubre del 2009).

Con el lema “¡Ni un día más!”, los huancaínos participaron en la marcha organizada por la Mesa de Diálogo Ambiental y la Comisión Ambiental Regional (CAR) de Junín, las cuales sensibilizaron a la población respecto a los problemas de contaminación en el Complejo Metalúrgico de La Oroya.

“La lamentable situación que sufren los pobladores de La Oroya a causa de la alta contaminación del aire no puede postergarse más. Es momento de que se respeten sus derechos”, manifestó Washington Mori Andrade, secretario de la Mesa de Diálogo ambiental, durante la movilización.

Solicitan solución

Entre tanto, Doe Run Perú solicitó mediante un comunicado “la solución viable y satisfactoria” del Gobierno, la cual figura en el Memorando de Entendimiento y así alcanzar “acuerdos constructivos” entre ellos y sus proveedores.

Asimismo, aseguraron que la matriz de Doe Run Perú está preparada para poner en garantía todas las acciones de la empresa para asegurar el cumplimiento del PAMA. Sin embargo, señalan que no procederán con ello, mientras el gobierno no comunique los términos de modificación de dicho programa ambiental.

Datos

Movilización. Los manifestantes partieron desde el estadio Mariscal Castilla (distrito El Tambo) y desde el Parque de los Héroes (Chilca).

Pedido. José Miguel Morales indicó que sería muy mal precedente que el gobierno peruano ayude a la empresa Doe Run y es por ello que el sector privado optó por apoyarla. “Tenemos que poner por delante el medio ambiente, a la población de La Oroya y a los trabajadores, pero la gente de Doe Run no han entendido eso”, refirió el ex presidente de la Confiep.

No se puede condicionar

El ex presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) José Miguel Morales afirmó que Doe Run Perú no puede condicionar el funcionamiento a la extensión del PAMA del gobierno.

Indicó además que un grupo de empresas mineras privadas estaba dispuesto a financiar el mantenimiento de sus funciones. “Les ofrecimos una garantía por US$ 75 millones para su línea crediticia y US$ 100 millones para que funcione a plenitud, sujetos a la capitalización de unas acreencias por US$ 156 millones y a la entrega de sus acciones en garantía del cumplimiento del PAMA”, manifestó. NOTA ORIGINAL

PERU: Hans Flury, significativo nombre para funcionario minero

SNMPE pide poner fin a “sabotaje” contra operaciones minero energéticas

Lima, may. 22 (ANDINA).- El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Hans Flury, pidió hoy que se ponga fin a lo que llamó “sabotaje puesto en marcha en contra de las operaciones minero energéticas”.

Fue al comentar el bloqueo de vías de comunicación y del normal funcionamiento de los lotes petroleros de la Selva por parte de las comunidades nativas de esta zona del país.

“Hago un llamado a todos los ciudadanos para cerrar filas en contra de la violencia. Los peruanos no debemos permitir que el esfuerzo y sacrificio que nos costó reconstruir a Perú se vayan por la borda debido al accionar de pequeños grupos radicales.”

Denunció que existen sectores que están interesados en que fracase el esfuerzo de los peruanos por derrotar a ese enemigo común que se llama pobreza, pues “viven del negocio de la miseria y del atraso”.

“Creemos que la democracia no es sinónimo de impunidad. Es necesario que el Estado peruano continúe adoptando las medidas que sean necesarias para garantizar el principio de autoridad, el orden público y el respeto a las leyes.”

Flury manifestó que la historia de Perú no se ha detenido y que la crisis internacional impone nuevos desafíos, por lo que amerita actuar con inteligencia y mucho trabajo.

“En la actualidad, las empresas asociadas al gremio minero energético son responsables del 91 por ciento de la producción minero metálica, del 95 por ciento de la producción de petróleo y gas, así como del 90 por ciento de la generación de energía eléctrica”, aseveró.

Hoy se realizó una ceremonia en la que 15 empresas del sector minero energético expresaron su adhesión al código de conducta de la SNMPE, como parte de las actividades por el 113 aniversario de este gremio.

Las empresas que se han adherido son la Compañía Minera San Ignacio de Morococha, Río Blanco Copper, Minera Bateas, Norsemont Perú, Strike Resources Perú, Shougang Hierro Perú, Gold Fields La Cima, Mundo Minerales y Andalucita.

Asimismo, Petrolera Monterrico, Pacific Stratus Energy, Cepsa Perú, Compañía Eléctrica El Platanal, Kallpa Generación y Sociedad Minera Corona (División Energía).


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COMICIDAD EN PERU: ¿BARRICK GOLD SE PREOCUPA POR LA SALUD?

MINERA BARRICK Y WORLD VISION PROMUEVEN SALUD Y CAPACITACIÓN EN SIERRA LIBERTEÑA
Lima, (PRESSPERU).- En el 2007, la empresa minera y la ONG World Vision firmaron un convenio de colaboración para contribuir a mejorar las condiciones de salud y vida de muchas personas de escasos recursos que ahora ven una luz de esperanza.

El pequeño Pablo está descubriendo el mundo. Con apenas nueve meses, sus vivaces ojos expresan cómo aprende cosas nuevas a diario. Salta a la vista que Pablo es un niño curioso, sociable y con confianza en sí mismo. Es uno de los beneficiados con los talleres de estimulación temprana y nutrición que forman parte de los programas que, gracias al financiamiento de minera Barrick, la ONG World Visión desarrolla en Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, La Libertad.

Sabina Huamán, la mamá de Pablo, se explaya con entusiasmo sobre los progresos de su hijo: “Mi hijito es más inquieto, ha aprendido más rápido. Mi hijita mayor era más calladita, no jugaba; en cambio, Pablo no llora, tiene más confianza y juega con otros niños. Acá nos enseñan a contar cuentos y canciones, desde pequeños les hablamos y les enseñamos muchas cosas. Por eso mi bebito es más despierto y entiende mejor; en cambio, mi niña no tuvo estos talleres, fue diferente”.

Los talleres de estimulación temprana y nutrición forman parte de uno de los programas que World Vision lleva adelante en los distritos de Quiruvilca y Usquil, en el marco del convenio que Barrick y esa organización de desarrollo enfocada en la niñez firmaron en el 2007. El objetivo de esta alianza es implementar iniciativas de educación, salud y desarrollo del liderazgo en beneficio de los habitantes de localidades aledañas a la mina Lagunas Norte, operación de Barrick en la sierra liberteña.

Ubicado a 90 kilómetros al este de la ciudad de Trujillo, el distrito de Quiruvilca sufre los rigores de la pobreza: el ingreso promedio por familia bordea apenas los 130 soles mensuales; sólo el 48,62% de la población económicamente activa tiene trabajo y los servicios básicos, como agua potable y desagüe, son precarios. Lo mismo ocurre con la calidad de la educación local. Además, como sucede en muchas comunidades rurales del Perú, el desconocimiento y la falta de recursos les impiden a los padres proveer de una adecuada nutrición y educación a sus hijos, quienes quedan, así, impedidos de desarrollar sus aptitudes para superar las condiciones de pobreza de su entorno.

"Nuestra alianza con World Vision encaja con la forma en que concebimos la minería responsable en Barrick. Es una de las principales ONG del mundo en materia de trabajo social y una de nuestras prioridades es precisamente favorecer el desarrollo integral y una mejor calidad de vida en las comunidades vecinas a nuestras operaciones y proyectos mineros. Nos satisface saber que ahora hay más niños, jóvenes y madres gestantes que ven una luz de esperanza, que enfrentan el día a día en mejores condiciones de salud. En La Libertad, donde operamos la mina Lagunas Norte, llevamos adelante varios proyectos sociales, así que incorporamos esta alianza con mucho entusiasmo desde 2007”, dice Carlos Cabanillas, gerente de asuntos corporativos de Barrick Perú.

“Creando agentes de cambio”
“El Proyecto de Desarrollo Integral de Quiruvilca que financia Barrick comprende diez barrios y cuatro caseríos de la zona. La meta es contribuir al desarrollo de potencialidades cognoscitivas y socioemocionales de niños y jóvenes para que sean agentes de cambio”, afirma Rolando Rodríguez, miembro de World Vision y facilitador de los programas que forman parte del convenio con Barrick.

Los programas trabajan con población desde los cero hasta los 25 años. Según el grupo etário, los programas son los siguientes: Estimulación Temprana y Nutrición, Escuela Saludable y Desarrollo de Capacidades: “Creemos que poco a poco vamos logrando los objetivos. Parte de la labor ha sido sensibilizar a la población. Ya vamos viendo los cambios. Ahora, la gente nos pregunta por las actividades, hay más participación y mayor confianza. Vemos que se está impactando, la gente viene con ideas, tienen un proyecto de vida y eso es satisfactorio”, agrega Rolando Rodríguez.

Karin Moncada Muñoz, facilitadora del área de desarrollo de capacidades, explica que el programa esta dirigido a jóvenes entre 12 y 25 años, mismo que se divide en tres áreas: proyectos de vida, liderazgo y capacidades técnico productivas. Con respecto a los proyectos de vida, agrega, 516 jóvenes ya han completado el curso, cuyo propósito es incrementar sus habilidades para identificar metas positivas y las actividades necesarias para lograrlas.

En el caso de las capacidades técnicas productivas, el objetivo es generar oficios. Para eso se han organizado talleres de ideas de negocio con alumnos de 3°, 4° y 5° de secundaria en los que ya han participado 150 estudiantes: “Se dictaron clases de peluquería, industria del vestido, bisutería, confecciones y diseño gráfico. Producto de esto se han creado dos unidades productivas: uno de bisutería, “My Fantasy”, y otro de peluquería, “Estética Unisex Estilos”, dice Karin Moncada. LEER COMPLETO

miércoles, 20 de mayo de 2009

CONACAMI: 10 años tejiendo resistencias a la minería

Luis Vittor

ALAI AMLATINA, 20/05/2009.- En noviembre del año 1998, líderes comunales de diversas regiones del Perú coincidieron en un seminario para hablar sobre los impactos de la minería en sus comunidades. El encuentro pudo ser uno de tantos encuentros celebrados; sin embargo, sus conclusiones y acuerdos abrirían una nueva etapa en las luchas de las comunidades por sus derechos frente a la industria minería y las políticas de Estado. Esta nueva etapa esta marcada por la emergencia de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI y de un movimiento contra los impactos negativos de la minería desde el espacio comunal hasta el espacio nacional.

10 años después CONACAMI ha logrado constituirse en el principal referente del movimiento indígena andino y es considerado una de las experiencias emblemáticas de organización y resistencia a la minería, generando vivos aprendizajes para las comunidades y sus próximas generaciones.

Considerando que en el espacio andino se concentran los territorios de comunidades, las fuentes de agua y los recursos mineros, los andes es escenario de resistencias a la minería a causa de sus impactos negativos y recientemente de oposición a esta actividad. La historia hace referencia a las luchas comunales en Cerro de Pasco, San Mateo de Huanchor, Lago, Junín, La Oroya o Ilo por defender la tierra, el agua, el aire y la vida de la “contaminación minera”. Estos casos estaban vigentes en la década de los noventa y originaron el surgimiento de un movimiento de comunidades afectadas por la minería.

Estos casos no eran los únicos ya que en los andes se había desatado el “boom minero” y se vivía una “explosión” de conflictos que aún no trascendían del escenario local al nivel nacional. En Ancash se registran protestas de las comunidades y el municipio de Huaraz contra de la mina Pierina y el proyecto minero Antamina exigiendo “verdaderos” aportes al desarrollo regional (agosto, 1999). Se denunciaron irregularidades en la compra de tierras en San Marcos (Ancash) por Antamina, en Cajamarca por Yanacocha y en Espinar (Cusco) por BHP Tintaya. En Huancavelica se denunciaban impactos ambientales de minas como Santa Bárbara, Julcani y Cobriza. En cada región donde se desarrollaba la minería existían conflictos invisibilizados y -en síntesis- se trataba de luchas históricas y recientes pero aisladas que carecían de planes de articularse más allá del nivel local.

En 1998 la minería había alcanzado 15 millones de hectáreas concesionadas. La relación de las empresas mineras con las comunidades era casi una extensión de las prácticas de las haciendas, donde la presión se imponía sobre los derechos para la obtención de autorizaciones para uso de tierras de propiedad de las comunidades; si había oposición, se amenazaba con la imposición de la “servidumbre minera” como en los casos de Vicco y Tintaya. El papel del Estado en los conflictos era percibido por las comunidades como “a favor de las empresas mineras” pero aún así se recurría a él para denunciar los impactos y la violación de sus derechos.

Aún cuando cada caso tiene su particularidad, las comunidades constituían los actores centrales y encaraban el desafío de los conflictos de manera desarticulada y desconocían la legislación vigente para defender sus derechos territoriales debido a los recientes cambios. Las organizaciones nacionales de comunidades -CCP o CNA- que históricamente habían asumido la lucha por la tierra no alcanzaron a desarrollar una estrategia para enfrentar el “boom minero”. Los “frentes de defensa” tradicionales incluían una diversidad de actores locales con una agenda amplia que no visibilizaba la problemática de las comunidades y los impactos negativos de la minería.

En este contexto cobró fuerza la idea de “conformar una coordinadora de comunidades campesinas afectadas por contaminación ambiental minera”, por la necesidad de responder ante los impactos negativos del “boom minero”. Aspectos objetivos como el pasado de la minería y la amenaza de una “minería irresponsable”
, el vacío organizativo y de representación que incluyera la problemática de las comunidades afectadas por la minería, constituyeron elementos que motivaron la iniciativa.

El proceso hacia el congreso nacional, que se inició en marzo de 1999, generó expectativa y convocó la asistencia de líderes de las comunidades y organizaciones cuya preocupación central constituía la problemática de los impactos ambientales y sociales de la minería o la amenaza de afectar los planes de desarrollo local por actividades mineras. El acto fundacional tuvo lugar en Lima entre el 20 y 22 de octubre de 1999, con la participación de 324 delegados que representaban a 1200 comunidades afectadas por la minería de nueve regiones del país.

CONACAMI constituye una forma particular de organización de comunidades surgida a partir de una problemática específica. Los cambios asumidos en el proceso no le han permitido consolidar los avances logrados, por el contrario su agenda se ha ampliado a la defensa de los derechos de las comunidades en general. Los cambios asumidos y el contexto de “criminalización” de la que es objeto le han significado un ligero debilitamiento de sus propias estructuras regionales de organización y el distanciamiento de sus aliados iniciales, mientras que los conflictos se han agudizado.

En contraste a lo descrito previamente, de manera espontánea en diversas zonas del país, las comunidades afectadas y organizaciones comunitarias se apropiaron de su propuesta de organización y defensa de derechos frente a la minería, se replicaron las experiencias de sus bases regionales, lo que significa un reconocimiento a su liderazgo y da legitimidad a su agenda inicial, constituyéndose en el principal referente organizativo. Por otro lado, los cambios hacia la autoafirmación como organización indígena de los andes le ha permitido consolidar alianzas con los gremios campesinos e indígenas del Perú y el movimiento indígena continental.

El principal aporte político de CONACAMI podría resumirse en haber contribuido, desde su visión comunal, a la apertura de un debate programático sobre el rol de la minería en el desarrollo nacional. La agenda inicial de las comunidades ha madurado; de la lógica “reivindicativa” se ha transformado en una agenda que plantea el debate estratégico sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y el ejercicio del derecho al desarrollo propio. Es decir, a decidir libremente el desarrollo que aspiran los pueblos y comunidades locales. Esta perspectiva reafirma que en el fondo el conflicto es con el Estado central a quién demanda replantear el modelo de desarrollo actual y no solamente reformar las políticas mineras.

* Texto completo en http://alainet.org/active/30469

- Luis Vittor ha participado de la experiencia de CONACAMI desde su fundación y en la actualidad es becario del curso 2008/09 de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabilidad y Cooperación Internacional; Universidad Carlos III de Madrid (España).


Más información: http://alainet.org

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!