MARCHA CONTRA EXPLOTACION MINERA EN CAJAMARCA

sábado, 30 de julio de 2011

PERÚ: Relaves de cianuro son arrojados al río Ocoña

Tacna (PERU), 30 de julio del 2011.- Tan igual  como ocurre en el Rio Ocoña de Arequipa, iogual ocurrirá con el Río Uchusuma en Tacna donde alegremente la MINERA MINSUR y su Proyecto Pucamarca que  IRREGULARMENTE Y DOLOSAMENTE logró la aprobacion de su ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA del Gobierno de Alan Garcia Perez, que gobnernó al Peru hasta el 28 de julio 2011 y que durante su mandadto en Palacio de Gobnierno COMNDECORÓ Y LE DIÓ EL MAXIMO GALARDON DE LA ORDEN DEL SOL A LOS DUEÑOS DE MINSUR A LA FAMILIA BRESCIA CAFERATA  que tiene grandes inver4suiones en CHILE; durante las fiestas patrias del 28 de julio los medios de comunicacion de Tacna, pasaban propagandas de esta Minera que aghradecia al pueblo de Tacna por haberle, dizque,  permitido traer progreso para Tacna, y las autoridades, locutores y "periodistas"  y dirigentes sociales que se rasgan las vestiduras,i estaban felices pasando dichas propàgandas mineras...y el cuidado del agua y medio ambiente, y las voces de los regidores municpales y consejeros regionales? , bien gracias..........
A  continuacion la noticia tragica de copmo matan la vida en el sur del PERU:
Escrito por LUIS DAVID ENRIQUEZ BENITO, tomando como referencia la nota aparecida en : 
http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-peru/relaves-de-cianuro-son-arrojados-al-rio-ocona
Martes 26 de Julio de 2011 12:26 

Relaves de cianuro son arrojados al río OcoñaImprimirCorreo electrónico
Latinoamérica Perú
Martes 26 de Julio de 2011 12:26
En dos años los arequipeños podríamos tener problemas para consumir uno de nuestros principales potajes tradicionales. Hablamos del chupe de camarones, cuyo ingrediente principal podría extinguirse en menos de dos años,debido a la descarga de relaves mineros al río Ocoña, realizado por minas.
El presidente de la Asociación de Pescadores de Camarones de El Puente, Alfredo Tipo Laura, explicó que los yacimientos se ubican en las localidades de Pausa y Lampa, en la región Ayacucho, donde decenas de personas, desde hace 5 años, extraen oro usando cianuro para su labor.  
Luego de extraer el mineral arrojan sus desechos mezclados con agua a riachuelos que desembocan en las partes altas del río donde vive el camarón.
Esa agua, además, es usada por diversos agricultores para regar sus terrenos de cultivo de arroz y frejol, que resultan contaminados.
En el caso del camarón, los problemas más severos se presentan en setiembre y en los meses de la temporada de lluvias, cuando los pescadores encuentran gran cantidad del crustáceo en edad adulta muerto, producto del cianuro que se mezcla con las aguas del río.
La contaminación del recurso hídrico también ha traído problemas en la salud de la población del distrito de Ocoña, provincia de Camaná. Los niños de las 40 familias que integran la Asociación El Puente, en los últimos meses han sufrido malestares estomacales, vómitos, diarreas y dolores de cabeza, expresó el dirigente.
Ante la situación aseguró que los pescadores de Ocoña, organizados en los comités de San Pedro, Huantay, Panarcana, Mollebamba, El Puente, Urasqui, Zurita, Platanal, Jayhuiche, y Cerro Barroso, sostuvieron reuniones e incluso el año pasado realizaron una paralización, pero no consiguieron llamar la atención de las autoridades.
DATO
El presidente de la Asociación de Pescadores de Camarones de El Puente, Alfredo Tipo Laura, advirtió que varios dirigentes de Ocoña preparan para los próximos días una marcha hacia las pozas clandestinas
Relaves de cianuro son arrojados al río OcoñaImprimirCorreo electrónico
Latinoamérica Perú
Martes 26 de Julio de 2011 12:26
En dos años los arequipeños podríamos tener problemas para consumir uno de nuestros principales potajes tradicionales. Hablamos del chupe de camarones, cuyo ingrediente principal podría extinguirse en menos de dos años,debido a la descarga de relaves mineros al río Ocoña, realizado por minas.
El presidente de la Asociación de Pescadores de Camarones de El Puente, Alfredo Tipo Laura, explicó que los yacimientos se ubican en las localidades de Pausa y Lampa, en la región Ayacucho, donde decenas de personas, desde hace 5 años, extraen oro usando cianuro para su labor.  
Luego de extraer el mineral arrojan sus desechos mezclados con agua a riachuelos que desembocan en las partes altas del río donde vive el camarón.
Esa agua, además, es usada por diversos agricultores para regar sus terrenos de cultivo de arroz y frejol, que resultan contaminados.
En el caso del camarón, los problemas más severos se presentan en setiembre y en los meses de la temporada de lluvias, cuando los pescadores encuentran gran cantidad del crustáceo en edad adulta muerto, producto del cianuro que se mezcla con las aguas del río.
La contaminación del recurso hídrico también ha traído problemas en la salud de la población del distrito de Ocoña, provincia de Camaná. Los niños de las 40 familias que integran la Asociación El Puente, en los últimos meses han sufrido malestares estomacales, vómitos, diarreas y dolores de cabeza, expresó el dirigente.
Ante la situación aseguró que los pescadores de Ocoña, organizados en los comités de San Pedro, Huantay, Panarcana, Mollebamba, El Puente, Urasqui, Zurita, Platanal, Jayhuiche, y Cerro Barroso, sostuvieron reuniones e incluso el año pasado realizaron una paralización, pero no consiguieron llamar la atención de las autoridades.
DATO
El presidente de la Asociación de Pescadores de Camarones de El Puente, Alfredo Tipo Laura, advirtió que varios dirigentes de Ocoña preparan para los próximos días una marcha hacia las pozas clandestinas
Relaves de cianuro son arrojados al río OcoñaImprimirCorreo electrónico
Latinoamérica Perú
Martes 26 de Julio de 2011 12:26

 
En dos años los arequipeños podríamos tener problemas para consumir uno de nuestros principales potajes tradicionales. Hablamos del chupe de camarones, cuyo ingrediente principal podría extinguirse en menos de dos años, debido a la descarga de relaves mineros al río Ocoña, realizado por minas.El presidente de la Asociación de Pescadores de Camarones de El Puente, Alfredo Tipo Laura, explicó que los yacimientos se ubican en las localidades de Pausa y Lampa, en la región Ayacucho, donde decenas de personas, desde hace 5 años, extraen oro usando cianuro para su labor. 
 
Luego de extraer el mineral arrojan sus desechos mezclados con agua a riachuelos que desembocan en las partes altas del río donde vive el camarón.
Esa agua, además, es usada por diversos agricultores para regar sus terrenos de cultivo de arroz y frejol, que resultan contaminados.
En el caso del camarón, los problemas más severos se presentan en setiembre y en los meses de la temporada de lluvias, cuando los pescadores encuentran gran cantidad del crustáceo en edad adulta muerto, producto del cianuro que se mezcla con las aguas del río.
La contaminación del recurso hídrico también ha traído problemas en la salud de la población del distrito de Ocoña, provincia de Camaná. Los niños de las 40 familias que integran la Asociación El Puente, en los últimos meses han sufrido malestares estomacales, vómitos, diarreas y dolores de cabeza, expresó el dirigente.
Ante la situación aseguró que los pescadores de Ocoña, organizados en los comités de San Pedro, Huantay, Panarcana, Mollebamba, El Puente, Urasqui, Zurita, Platanal, Jayhuiche, y Cerro Barroso, sostuvieron reuniones e incluso el año pasado realizaron una paralización, pero no consiguieron llamar la atención de las autoridades.
DATO
El presidente de la Asociación de Pescadores de Camarones de El Puente, Alfredo Tipo Laura, advirtió que varios dirigentes de Ocoña preparan para los próximos días una marcha hacia las pozas clandestinas
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jueves, 28 de julio de 2011

Concesiones mineras se duplicaron con García


García dio carta blanca a las empresas mineras que arrasaron con millones de hectáreas en todo el paìs.












En julio de 2006 ocupaban 12 millones de hectáreas ahora alcanza más de 24 millones en todo el territorio. A la par aumentaron los conflictos socio ambientales y el PBI minero cayó en este segundo mandato aprista.

Cuando Alan García inició su se segundo mandato presidencial en julio 2006 las concesiones mineras ocupaban casi 12 millones de hectáreas (has) del total del territorio nacional, cinco años después y ad portas de culminar su gestión presidencial las concesiones en este sector se duplicaron y alcanzan poco más de 24 millones de has (18.9% del total del territorio nacional), según cifras del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)

Pero no solo aumentaron las concesiones mineras durante la gestión de García Pérez, también lo hicieron los conflictos sociales. En julio 2006 los conflictos socio ambientales sumaban 82 (74 latentes y 8 activos), mientras que a junio 2011 los conflictos alcanzan los 217 (78 latentes y 139 activos) en todo el país. Así lo advirtió el VIII Informe de Conflictos Mineros en el Perú(OCM).

En este punto hay que aclarar que –según cifras de la Defensoría del Pueblo- del total de conflictos socio ambientales que se dan en el país el 64% esta relacionado a la actividad minera, 18% vinculado a la explotación de Hidrocarburos y otro 18% entorno a problemas con el agua o demarcación territorial

De acuerdo a José De Echave, especialista de la organización no gubernamental CooperAcción las concesiones mineras se han incrementado por lo permisivo de la legislación nacional en lo referido a este sector. 

“Basta con que se pague el derecho minero y que el territorio a concesionar este libre y se adquiere una concesión minera en el país. No hay mayores trabas y evaluación previa por parte de las autoridades”, dijo el padre Marco Arana, representante del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible.

Avance en regionesEn esa línea, según el Informe, en los últimos seis meses las concesiones mineras en todo el territorio aumentaron en 2 millones de has. Así, se aprecia que a junio del presente regiones como Apurímac tiene el 56.2% de su territorio bajo concesiones mineras, Cajamarca 48.47%, Piura 27.48%, Junín 24.68%, Cusco 18.12%, Puno 38.09%, Moquegua 73.03%, Tacna 56.87%, La Libertad 49.61%, Arequipa 49.45%, Huancavelica 45.88%, Lima 45.78%, Ancash 44.46%, Ica 34.64%, Ayacucho 31.62%, Lambayeque 24.81%, Pasco 16.39%, Huánuco 10.59%, Amazonas 10.58%, Madre de Dios 9.61%, San Martin 2.88%, Tumbes 1.61%, Loreto0.32% y Ucayali 0.20%. 

Es bueno aclarar –dice De Echave- que concesión minera no es sinónimo de que se vaya a desarrollar minería en dicho territorio concesionado. Así, según asegura el Ministerio deenergía y Minas (MEM) solo en el 1% del territorio nacional se desarrolla minería.

Pero De Echave y Arana cuestionan las cifras del MEM pues no la consideran coherente con la realidad minera. “¿Qué me digan como realizan el cálculo? Es incoherente pensar que todo el impacto socio ambiental entorno a la actividad minera es producto de que solo en el 1% del territorio se desarrolla minería”, cuestionaron.

PBI minero en caídaLa evolución de algunos indicadores económicos también es negativa en los cinco años de gestión aprista, pues la producción de los principales metales ha caído o estancado. Así, el oro ha retrocedido 10%, el cobre 1.77%, el zinc 10.82%, la plata 7.8%, el plomo 23.89%, el estaño 26.16%. Por ello, indicó De Echave, que en los últimos años el Producto Bruto Interno del sector minero pasó de 7.2% (2006) a -1.5% a junio del presente año.

Si bien entre enero y marzo las exportaciones mineras se incrementaron en 62% respecto a similar periodo del pasado año y las utilidades de las mineras aumentaron, lo anterior es consecuencia –indicó De Echave- de los altos precios internacionales de los minerales que compensan la menor producción de las empresas mineras. Es decir, ahora se produce menos minerales pero las empresas del sector obtienen mayores ganancias por los precios altos de los commodities mineros.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/concesiones-mineras-se-duplicaron-con-garcia_90273.html

Cajamarca: Pobladores de Cutervo en desacuerdo con ingreso de minera Barrick



Convocados por el Frente de Defensa por la Vida y el Medio Ambiente deSócota, distrito de la provincia cajamarquina de Cutervo, cerca de dos mil campesinos procedentes de 31 comunidades marcharon por las calles de Sócota y manifestaron su total oposiciónal ingreso de la minera Barrick Misquichilca para operar en las alturas de este distrito.Elízabeth Prado.

La multitudinaria marcha tuvo el apoyo de las autoridades comunales, personal de las direcciones de Salud y de Agriculturay también de la Unidad de Gestión Educativa Local, además de autoridades del gobierno regional de Cajamarca.

El consejero regional Porfirio Medina Vásquez afirmó que las rondas campesinas y lasorganizaciones sociales de Cutervo estaban listas para intervenir ante cualquier peligro medioambiental contra la población de esta provincia.

Un trabajador del sector Salud de Sócota llamó la atención sobre la alta tasa de mortalidad infantil que existe en esta región, que posee la mina de oro más grande de América Latina.

Por su parte, Máximo León Guevara, asesor del presidente regional Gregorio Santos, manifestó que esta movilización de campesinos de 31 comunidades hasta el distrito de Sócota expresaba la lucha en defensa de la vida “con el único objetivo de defender el derecho universal a vivir sin contaminación ambiental”. (Foto: referencial)

http://www.larepublica.pe/17-07-2011/cajamarca-pobladores-de-cutervo-en-desacuerdo-con-ingreso-de-minera-barrick

domingo, 17 de julio de 2011

Cutervo rechaza minas en alturas

Cutervo. 31 comunidades en desacuerdo con proyecto de Barrick. Afirman que existe inminente peligro de contaminación de las aguas de los ríos por la extracción de oro.


Elízabeth Prado.

Convocados por el Frente de Defensa por la Vida y el Medio Ambiente de Sócota, distrito de la provincia cajamarquina de Cutervo, cerca de dos mil campesinos procedentes de 31 comunidades marcharon por las calles de Sócota y manifestaron su total oposición al ingreso de la minera Barrick Misquichilca para operar en las alturas de este distrito. 

La multitudinaria marcha tuvo el apoyo de las autoridades comunales, personal de las direcciones de Salud y de Agricultura y también de la Unidad de Gestión Educativa Local, además de autoridades del gobierno regional de Cajamarca.

El consejero regional Porfirio Medina Vásquez afirmó que las rondas campesinas y las organizaciones sociales de Cutervo estaban listas para intervenir ante cualquier peligro medioambiental contra la población de esta provincia.

Un trabajador del sector Salud  de Sócota llamó la atención sobre la alta tasa de mortalidad infantil que existe en esta región, que posee la mina de oro más grande de América Latina.

Por su parte, Máximo León Guevara, asesor del presidente regional Gregorio Santos, manifestó que esta movilización de campesinos de 31 comunidades hasta el distrito de Sócota expresaba la lucha en defensa de la vida “con el único objetivo de defender el derecho universal a vivir sin contaminación ambiental”.
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110717/16/node/368223/todos/15

PERU: Reclaman derecho a decidir su desarrollo

Karin Anchelía Jesusi
13/07/2011

Consulta previa, un derecho que asegura otros derechos indígenas.



El derecho a la consulta para pueblos indígena en el Perú está vigente desde hace 17 años, con la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin embargo, se continúa otorgando concesiones forestales, petroleras y mineras en territorio indígena sin previa consulta a los pueblos, provocando que el número de conflictos sociales vaya en incremento.

Hasta el mes de mayo, la Defensoría del Pueblo registró 227 conflictos sociales, de los cuales el 51.5% se origina por conflictos socioambientales, los mismos que se concentran en las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Lima, Piura y Puno, todas ellas regiones con poblaciones indígenas.

El Estado peruano ha concedido a las industrias extractivas lotes que abarcan cerca del 75% de la selva amazónica. Además, promulgó una serie de decretos legislativos que favorecían las concesiones de actividades extractivas en territorios indígenas, lo que provocó una gran movilización indígena durante cuatro meses en el 2009, una lucha que terminó con enfrentamientos en la ciudad amazónica de Bagua el 5 de junio del mismo año, con un saldo de 33 personas muertas entre indígenas awajun y policías.

La aplicación de la consulta previa, establecida en el Convenio 169, constituiría una herramienta efectiva para poner fin a esta conflictividad social. Así pareció entenderlo el Congreso cuando el 19 de mayo del 2010 aprobó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la OIT, y que contó con el consenso, apoyo y respaldo de todas las organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil.


Gobierno sin buena fe
Con esta ley el Perú se puso a la vanguardia al ser el primer país de Latinoamérica en aprobar una ley de consulta —otras naciones han promulgado reglamentos—, mereciendo el saludo de diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT y el relator especial de las Naciones Unidas sobre  Pueblos Indígenas, James Anaya, por considerarla compatible con el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

No obstante, un mes después el Ejecutivo hizo ocho observaciones a la ley e impidió su promulgación. Entre las observaciones del Ejecutivo está precisar que el Estado tiene la decisión final respecto a la medida legislativa o administrativa a adoptar, que la consulta sólo debiera proceder en las áreas asignadas en propiedad a las comunidades nativas de la Amazonia. Llega a decir que no considera derivada del Convenio 169 la obligación de consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos.

Para Hernán Coronado, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), “las observaciones que hizo el Ejecutivo a la Ley de Consulta son bastante peligrosas, pues terminan por desnaturalizar el derecho a la consulta y no sólo el derecho a la consulta, sino también otros derechos”.

“A nuestro parecer, las observaciones [del Ejecutivo] están fundadas en argumentos políticos y no jurídicos. El Estado Peruano ya no puede poner en duda o cuestionar, como antes lo hacía, si cumple o no con el derecho a la consulta. Sabe que tiene que cumplir y lo que está buscando es minimizar las condiciones del derecho para que este no sea efectivo”, agregó.

Por su parte, Alicia Abanto, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, precisó: “Son dos puntos principales en los que manifestamos públicamente nuestra oposición; uno, que en nuestro país existen pueblos amazónicos y también andinos. Tenemos diversas etnias quechuas y aymaras; por tanto es incorrecto afirmar que sólo existen indígenas en la Amazonia, como plantea el Ejecutivo”.

“El otro punto es que el derecho a la consulta se aplica a los pueblos indígenas independientemente del tema de titulación de tierras, no se puede condicionar el derecho a las circunstancias de que un pueblo este o no titulado, porque una ley no puede limitar el derecho”, agregó Abanto.


Consultas para todos los gustos
“Desde hace mucho tiempo las comunidades hemos solicitado que salga [se promulgue] la Ley Marco de Consulta para los Pueblos Indígenas, en mérito al Convenio 169 de la OIT, pero lamentablemente el gobierno no quiere que salga, porque ellos dicen: ‘Cómo es posible que vayamos a consultar a comunidades campesinas y nativas que son ignorantes’. Esa es la lógica de este gobierno”, afirma Benito Calixto, dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI).

Actualmente el Congreso tiene dos propuestas de ley esperando su debate y aprobación. Una es la emitida el 6 de julio del 2010 por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que busca que se mantenga el texto original de la ley aprobada el 19 de mayo del 2010, y la otra es el de la Comisión de Constitución, emitida una semana después que la primera, es el dictamen de allanamiento en el que se aceptan las observaciones del Ejecutivo.

“El derecho a la consulta está vigente y aunque no tengamos la ley, no es excusa suficiente para que el Estado no consulte, ni lo exime de responsabilidad en el incumplimiento del derecho a la consulta”, indica Coronado. “Por eso ahora tenemos una proliferación de metodologías de consulta; cada quien y cada sector está interpretando la consulta a su manera”.

En el mes de octubre del 2010, se inició la primera iniciativa de consulta del Legislativo a los pueblos indígenas. La Comisión Agraria del Congreso de la República impulsó la consulta a las organizaciones nacionales indígenas sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que con muchas dificultades avanzó hasta la etapa informativa, con talleres nacionales y regionales descentralizados, pero en el último taller nacional del 12 al 14 de mayo de 2011, el proceso de diálogo quedó suspendido al no llegar a acuerdos sobre 24 artículos de la referida ley, además los lideres indígenas aseguraron que no existía ninguna garantía que sus aportes sean recogidos en el proyecto de Ley ya que la redacción final y la reglamentación de la Ley estaría a cargo del Congreso y que al final seria aprobado por el Pleno sin consular adecuadamente a los pueblos indígenas.

Y así fue. El 15 de junio el Congreso aprobó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre sin haberse dado un adecuado proceso de consulta a las comunidades indígenas que viven en los bosques amazónicos desde tiempos ancestrales.

El pasado 12 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas, cumpliendo con una sentencia del 2009 del Tribunal Constitucional. Pero este reglamento no ha sido consultado con los pueblos indígenas, con lo cual desde su promulgación tenemos nuevamente el incumplimiento del Convenio 169.

Ese reglamento ha sido observado y rechazado por diversas instituciones y organizaciones indígenas y para ello tienen razones de sobra. La norma desconoce el principio de flexibilidad de la consulta ya que establece un plazo de 20 días para realizar el proceso y añade 10 días más  para evaluar la medida, prejuzgando que todos los pueblos indígenas toman sus decisiones de la misma manera y en tiempo reducido, lo que no se ajusta a la realidad.

Del mismo modo,  equipara el derecho de consulta con la de “participación ciudadana” y otorga a los talleres informativos el carácter de consulta confundiendo más a la población. El reglamento precisa también que se harán consultas sobre las concesiones hidroeléctricas temporales, pero ya no sobre las concesiones definitivas negando la posibilidad de que los pueblos indígenas evalúen los Estudios de Impacto Ambiental.

“El Estado ha orientado la discusión del derecho a la consulta a un tema de proceso; con ello busca agotar de contenido el debate de la consulta, pero la consulta no es un derecho abstracto, está vinculado siempre a otros derechos y es que uno consulta para asegurar otro derecho”, asevera Coronado.

“Lo que está en juego son derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como la autonomía, el derecho al desarrollo, el territorio y el derecho a la vida, temas que siempre han sido potestad del Estado y que, a partir del Convenio 169 de la OIT, ve limitada su soberanía y ya no puede decidir por los pueblos indígenas, sino son los propios pueblos los que deciden” afirma el representante del CAAAP.

“En materia de pueblos indígenas”, explica Coronado, “existe una característica especial que hace que todos los derechos estén conectados, es decir, la vulneración de un derecho supone siempre la vulneración de otros derechos. Por tanto, la consulta no se limita a lograr el acuerdo o el consentimiento, ya que estas son finalidades del proceso, pero además de la finalidad procesal existe una finalidad sustantiva, que hace que el derecho se mantenga vivo y es el tema de fondo: la posibilidad de que los pueblos indígenas decidan cuáles son sus prioridades de desarrollo, que influyan en las decisiones del Estado y en algunos casos se desista de hacer proyectos que pongan en riesgo sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida”. 
– Noticias Aliadas.

domingo, 10 de julio de 2011

Ejecutivo y representantes de Puno llegaron a acuerdos sobre minería


09 de julio de 2011 | 04:40 p.m.
Redacción multimedia - web@epensa.com.pe
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Lima - La comisión de alto nivel del Ejecutivo, encabezada por el viceministro de Minas, Fernando Gala Soldevilla, logró importantes acuerdos con los representantes de la provincia de Puno quienes exigían atención a sus demandas sobre las actividades mineras y de hidrocarburos en dicha jurisdicción.

En la reunión participaron autoridades provinciales, distritales, de centros poblados y dirigentes de la sociedad civil.

El MEM informa, mediante una nota de prensa que, tras más de diez horas de diálogo, fueron tratándose cada una de las demandas, así como lo referente a la disconformidad del Decreto Supremo 023-2011-EM.

Así, se propuso que en base a la cuarta disposición complementaria de dicho dispositivo, se podrá iniciar un proceso de modificación, para cuyo efecto los representantes de la provincia de Puno presentarán la respectiva propuesta conteniendo sus inquietudes. Se comunicará a la comisión de transferencia del sector Energía y Minas las inquietudes de la provincia de Puno respecto Decreto Supremo 023-2011-EM para esta le dé prioridad.

También se trasladará al presidente del Congreso de la República, César Zumaeta, la inquietud de la provincia de Puno, de tramitar a la brevedad posible la ley que reglamente el proceso de consulta.

Respecto al cese y cancelación de las concesiones se informó que a la fecha el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), tiene registrado en la provincia de Puno 641 derechos mineros que se dividen en 391 derechos mineros titulados y 250 solicitudes de petitorios mineros.

Con relación a los petitorios mineros, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 023-2011 serán materia de consulta previa, además de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-2011-EM, se encuentra suspendido en todo el territorio del departamento de Puno, la admisión de nuevas solicitudes de petitorio minero, a partir del 26 de junio del 2011.

Además, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-20110-EM, el procedimiento para la aplicación del derecho a la consulta, será aplicable en el departamento de Puno, con carácter previo al otorgamiento de cualquier derecho administrativo que autorice a realizar actividades de exploración minera.

Asimismo, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se comprometió a realizar los monitoreos participativos, con la intervención de los representantes de la sociedad civil debidamente acreditados e identificados para fiscalizar la calidad de los recursos hídricos y, de ser el caso, iniciar los procesos sancionadores contra quienes sean responsables de contaminación de las aguas.
http://diariocorreo.pe/nota/19723/ejecutivo-y-representantes-de-puno-llegaron-a-acuerdos-sobre-mineria/

Tacna: Autoridades no lograron acuerdo sobre minería en Ticaco

Jueves, 07 de Julio 2011  |  11:20 pm

Tacna:
        Autoridades no lograron acuerdo sobre minería en Ticaco
RPP / Referencial/ Edgar Romero
Los pobladores del distrito de Ticaco, provincia de Tarata, se oponen al funcionamiento de la minera Newmont, pues afirman que contamina el agua.
Tras cinco horas de mesa de diálogo a puerta cerrada, los integrantes de la comunidad de Ticaco, provincia de Tarata (Tacna), los representantes del ministerio de Energía y Minas y la presidencia del Consejo de Ministros, y el alcalde del distrito de Pichaco, Luis Ticona, no llegaron a ningún acuerdo sobre la anulación de las concesiones mineras en este sector.

Ticona señaló que el gobierno no ha tenido voluntad de solucionar el conflicto con la minera Newmont, pues afirman que viene operando de forma ilegal y contamina el agua. 

Por otro lado,  anunció que se reunirá con la comunidad que representa para evaluar las medidas a tomar, y lograr la anulación de cualquier tipo de concesión minera en Ticaco, y la implementación de la consulta previa, antes de permitir el ingreso de las empresas mineras.

Lea más noticias de la región Tacna
http://www.rpp.com.pe/2011-07-07-tacna-autoridades-no-lograron-acuerdo-sobre-mineria-en-ticaco-noticia_382808.html

jueves, 7 de julio de 2011

“En adelante, nuestras protestas se realizarán también en la capital”

Entrevista a Walter Aduviri por Liubomir Fernández – La República

Presidente del Frente de Defensa de Recursos Naturales del sur de Puno. Dirigente aimara no descarta postular a un cargo y asegura que trabajará para propiciar el rechazo a la minería en todo el país. Niega  ser culpable de desmanes.
Aparentemente las protestas terminaron. ¿Hay alguna otra medida a tomar en camino?
Seguir trabajando. El trabajo ya no será solo en Puno, en adelante también será en la capital. Esto se lo busca el propio gobierno, no solo en Puno hay concesiones.
¿Es una amenaza al nuevo gobierno?
No amenazo a nadie. Lo digo porque el actual gobierno ha matado a varios peruanos y espero que Alan García vaya a la cárcel.
Dio la apariencia de que las protestas que encabezó no son del todo reivindicativas, sino que esconden un interés político…
Si no fuera reivindicativa, el problema de los pobladores de la zona sur no habría sido atendido.
Más allá del discurso, ¿qué es lo que usted persigue?
Seguir trabajando. No sólo en la sierra del Perú, sino también en la Amazonía.
Parece que estamos hablando con un futuro candidato.
Sobre ese punto el pueblo se pronunciará oportunamente.
Hay quienes utilizan al pueblo para fines personales, ¿no será usted uno de ellos?
La organización que encabezo es producto de una decisión consensuada del pueblo.
Refiere que se debe consultar a las comunidades, ¿y quién lo ha elegido para representar a la provincia de Chucuito, siendo natural de Ilave?
Soy aimara, de la región sur.
¿No será que está enarbolando la cultura aimara para fines políticos?
A ver dime, ¿quién ha dejado sin efecto un Decreto Supremo?Nadie. Nosotros lo logramos porque teníamos la razón.
Entonces, ¿está orgulloso de los actos de violencia?
No hemos hecho violencia.
¿Qué significa quemar una institución pública?
Dejemos que de eso se encargue la justicia. Los periodistas creen que son jueces.
¿Qué están buscando al insistir en las protestas?
Reivindicar al pueblo. No puede ser posible que se viole el derecho de las comunidades. No se puede violar el Convenio 169 (de la OIT) que exige consulta a los pueblos.
Se habla de reivindicación, sin embargo, bajo amenaza se obliga a los campesinos de Huacullani a oponerse a la minería.
Es un sector mínimo.
Pero los campesinos a favor de Santa Ana están amenazados
Esa es la posición de los empresarios.
Pobladores de Huacullani han sido amenazados con saqueos…
Eso es mentira. Nuestros hermanos siempre son utilizados.
Hay pobladores aimaras que  declaran que sí quieren minería. Ahora no quieren hacer pública su posición…
Eso es mentira. Al contrario, se han ratificado en la última reunión contra la minería.
No ha dicho nada contra la minería informal.
Yo no soy dirigente de esa jurisdicción (zona norte).
Fue funcionario del municipio de Ilave en la gestión de Fortunato Calli y enfrenta una investigación por supuestos delitos.
Se ha desatado toda una campaña de desprestigio. Me dicen de todo y no existe prueba alguna.
Existen documentos que prueban que está comprendido en la investigación.
Eso es falso. Ni siquiera esa relación donde aparece mi nombre  tiene sellos oficiales.
Dirige una empresa que hace estudios de impacto ambiental que necesitan las mineras.
Todos tienen derecho a tener una empresa. Eso no es malo. Esa empresa nunca ha funcionado.

Reacciones

“No está evaluando las cosas con claridad. Antes tendría que deslindar con los grupos violentistas y ver cómo se canaliza la demanda de la gente”.
Trinidad Carlos
Abogada – oficina ddhh y medioambiente
“Hay que tomar sus opiniones en el marco del sector que representa, que solo es una provincia de las seis provincias aimaras que integran Puno”.
Aldo Santos
Analista de la asociación servicios educativos rurales (SER)
“El pueblo de Puno está en un proceso de vuelta a la tranquilidad. Los hechos de violencia le hacen daño y el pueblo se da cuenta cuando lo quieren manipular”.
Mauricio Rodríguez
residente regional de Puno
“Sin personificar en algún dirigente, es falso que los aimaras hayan sido los responsables de los actos de violencia”.
Yonhy Lescano
Congresista reelecto por la región Puno

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!