MARCHA CONTRA EXPLOTACION MINERA EN CAJAMARCA

martes, 30 de junio de 2009

DECLARACIÓN DE LIMA

Amig@s y compañer@s, compartimos la declaración emitida en el marco del encuentro "Luchas por el territorio. Minería, Amazonía y Ecologismo Popular" recientemente realizada en Lima... Aunque la situación en Perú parece ahora lamentablemente 'tapada' por el increíble golpe de estado en Honduras, compartimos esta declaración recordando que los hechos en Perú no han quedado en la masacre del 5 de junio, sino que los atropellos continúan, con un centenar de líderes de organizaciones criminalizados y judicializados, un estado de militarización de las regiones amazónicas y altoandinas, y las declaraciones racistas de los ministros de alan garcía en el marco de las interpelaciones en el parlamento peruano.... Un abrazo.

DECLARACIÓN DE LIMA

Grupo de Ecología Política, CLACSO

26 de junio de 2009

Nosotros, docentes e investigadores de distintos centros universitarios de América Latina, congregados en las sesiones del Grupo de Trabajo de Ecología Política de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales),

Expresamos nuestra más profunda solidaridad con los pueblos amazónicos del Perú, víctimas, una vez más, de la violencia abusiva del poder del Estado.

Expresamos nuestro apoyo a los legítimos reclamos de los derechos territoriales de los pueblos amazónicos, reconocidos inclusive por tratados internacionales, violados flagrantemente por los decretos legislativos emitidos por el Gobierno peruano, mediante los cuales pretendía disponer inconstitucionalmente de vastas extensiones de los territorios amazónicos, abriendo a éste a todo tipo de intereses empresariales.

Hacemos público nuestro más enérgico repudio a la masacre perpetrada por el Gobierno del Perú en estas circunstancias, sumando una mancha más de sangre a la larga historia de abusos y atropellos hacia las poblaciones originarias. En particular, condenamos las declaraciones y actitudes racistas sucesivamente emitidas por el Presidente Alan García y diversos funcionarios de su gobierno, hacia estas poblaciones. Estas posiciones, emblemáticamente expresadas en su ‘teoría de perro del hortelano’, dan cuenta de inaceptables posturas racistas, que no sólo no condicen con la altura moral requerida por la investidura presidencial del Estado peruano, sino que constituyen una ofensa pública hacia todas las culturas que integran nuestra América Latina y a la conciencia moral de la humanidad en general.

Estas indignantes actitudes racistas no sólo han funcionado claramente como provocadoras y justificadoras de la masacre producida, sino que se han prolongado en los días sucesivos a través de la criminalización de las víctimas, la persecución de familias y comunidades enteras movilizadas en defensa de sus derechos, la virtual militarización de la zona de conflicto; en fin, del ocultamiento y la distorsión de los acontecimientos ocurridos, hecho posible también por la complicidad de diversos medios de comunicación.

Expresamos nuestro enérgico rechazo hacia las propuestas de reordenamiento económico y territorial que hoy se expresan a través de asimétricos Tratados de Libre Comercio, así como de incontables proyectos de infraestructura previstos por el IIRSA (Iniciativa por la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), llevados a cabo de manera unilateral, sin consulta alguna a las poblaciones afectadas. Todo parece indicar que, ante las resistencias cada vez mayores de las poblaciones (rurales y urbanas) y su legítima demanda de democratización de las decisiones, algunos gobiernos de la región están dispuestos a concretar acuerdos como el TLC a cualquier costo, trasponiendo así un peligroso umbral, una línea roja, que conduce de la inaceptable criminalización ya existente, a la consumación de un nuevo etnocidio.

Nuestro apoyo y solidaridad a los pueblos amazónicos implican también el reconocimiento a la legitimidad y racionalidad de sus demandas, a los intentos por denunciar las graves consecuencias socioambientales del modelo primario extractivo exportador drásticamente instalado no sólo en el Perú, sino también en toda la geografía regional. Lejos de constituir reclamos ‘particularistas’, las demandas de los pueblos amazónicos expresan una profunda conciencia de solidaridad y cuidado para con la sociedad entera y las futuras generaciones, y denuncian la sistemática destrucción de los medios de vida que generalmente han implicado los ‘modelos de desarrollo’ excluyentes impulsados desde los gobiernos. Lamentamos que se invoquen cínicamente los ‘intereses nacionales’ para encubrir, en realidad, la defensa de los intereses de grandes corporaciones transnacionales y de las potencias mundiales, principales beneficiarias y usufructuarias de la explotación extractiva de los bienes comunes de nuestros territorios.

Expresamos desde aquí nuestro respaldo al conjunto cada vez mayor de luchas rurales y urbanas que hoy recorren nuestro continente, en defensa de la vida, los territorios, la diversidad plena, la libre determinación y la autonomía consagradas en los acuerdos y legislaciones internacionales.

Miembros:

-Héctor Alimonda (Brasil-Argentina)

-Marcelo Langieri (Argentina)

-Horacio Machado Aráoz (Argentina)

-Maristella Svampa (Argentina)

-Catalina Toro Pérez (Colombia)

-Pablo Romero (Chile-Brasil)

-Germán Palacio (Colombia)

-Jorge Ventocilla (Panamá-Perú)

-José Luis Gutierrez (Bolivia)

-Rodrigo Qoos (Brasil)

-Gloria Chicaiza (Ecuador)

-Ana Mariel Weinstock (Argentina)

-María Julieta Lamberti (Argentina-México)

CONGRESO DEL PERU PREMIÓ EL ASESINATO Y SANGRE DERRAMADA DE NATIVOS DE LA SELVA

Estimados amigos del Perú y de todo el Mundo:

El día de hoy por la mañana el congreso de la republica del Perú no censuró a los promotores de los asesinatos y masacres tanto de policías como de nativos de la selva; pues precisamente hace una semana atrás expulsan del congreso a 07 congresistas opositores todo por defender los derechos de los pueblos de Bagua asesinados a sangre y fuego por orden de Mercedes Cabanillas y Yehude Simons, ministros de confianza del presidente Alan García Pérez que de centro izquierda se paso la derecha radical, y que en vez de defender los derechos del pueblo, solo se dedica a defender el derecho de las empresas transnacionales extranjeras y a favor del tratado de libre comercio con estados unidos, entregando en bandeja todo nuestro territorio, agua, medio ambiente y recursos naturales; pues no es suficiente que hayan derogado los decretos legislativos 1090; pues todavía faltan que se deroguen las leyes ley de recursos hídricos, la ley 1081, 1083, que son totalmente entreguistas de nuestras aguas dulces o aguas de cuenca a favor de las empresas inversionistas mineras, gasiferas, petroleras, que no les interesa la salud del pueblo peruano.
Agradezco a la agencia de noticias de Francia agencia France Press, que es la única agencia de noticias que en el internet ha dado resultados de la votación a favor del genocidio en el Perú y en contra de los derechos nativos y en contra de las muertes de los nativos ¿que ironías no?
ninguna agencia de noticias del Perú ha reportado la noticia así como la ha dado la agencia francesa.
Cuya nota lo reenvio a los amigos luchadores por la vida, el agua dulce y `por los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y nativos del Perú y de todo el mundo.

consecuentemente,

ING. LUIS DAVID ENRIQUEZ BENITO
EX DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD
TACNA - PERU


Perú: jefe de gabinete se salva de censura por muertes en crisis indígena

La oposición parlamentaria en Perú vio frustrada su intención de censurar al jefe de gabinete Yehude Simon al no lograr los votos necesarios para obligarlo a dimitir por su presunta responsabilidad en la crisis indígena, que dejó 34 muertos a inicios de junio.

Los grupos opositores lograron 56 votos a favor de la censura, pero eran necesarios al menos 61, o sea más de la mitad del total de 120 legisladores. En contra de la censura votaron 32 legisladores, mientras que 11 se abstuvieron.

Además, el Congreso rechazó la censura de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, pues sólo 55 legisladores se pronunciaron contra su gestión.

Las censuras eran promovidas por el opositor Partido Nacionalista (izquierda), y por la alianza Unidad Nacional y la bancada Alianza para el Futuro, del ex presidente Alberto Fujimori, ambas de derecha.

Estos grupos opositores consideran a Simon y Cabanillas responsables de los enfrentamientos que provocaron la muerte de 24 policías y 10 indígenas en la ciudad de Bagua (noreste) el 5 y 6 de junio tras una larga huelga de comunidades nativas iniciada el 9 de abril.

Tras ser desestimada la censura, el legislador Víctor Andrés García Belaunde, de centro, dijo que "técnicamente el premier y su gabinete han sido censurados" porque hay siete legisladores opositores que fueron suspendidos en sus funciones el 11 de junio y no pudieron votar este martes.

Con esos siete congresistas se habría llegado a 63 votos, con lo cual la censura hubiese prosperado. Esos legisladores fueron sancionados durante 120 días por manifestar en el interior del Congreso a favor de los indígenas.

El oficialista partido APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), socialdemócrata de derecha, defendió la gestión de Simon y de Cabanillas.

Una censura al primer ministro de parte del Congreso lo hubiese obligado a dimitir junto a todo el gabinete, generandose una crisis política.

El congresista Mauricio Mulder, influyente figura del partido en el poder, afirmó durante el debate que los impulsores de la censura están del lado de la "política de la asonada", y que grupos antisistema quieren desestabilizar al país.

"La censura es golpista y obedece a consignas extranjeras", subrayó al referirse a la teoría de un presunto complot que enarbola el oficialismo, que buscaría derrocar al gobierno de Alan García y estaría impulsada por los gobiernos de Bolivia y Venezuela.

Esta postura fue duramente criticada por la oposición de izquierda y de derecha. El nacionalista Isaac Meckler dijo que "cuando un pueblo está olvidado no necesita consignas extranjeras, sino que los pueblos se revelan porque no se les respeta y, por el contrario, se violan sus derechos".

El conservador Javier Bedoya, aseveró que su agrupación está por la defensa de la democracia, y advirtió que buscar la censura de ninguna manera es formar parte de una conspiración internacional.

Mientras, el fujimorista Carlos Raffo estimó que aunque el jefe de gabinete no ha sido censurado queda como "un zombi político que no tiene autoridad para seguir adelante".

El fin de semana Simon había reiterado que dejaría el cargo en las próximas semanas. El jefe de gabinete es un independiente de izquierda moderada, que en los años 80 perteneció a la izquierdista radical y que pasó 8 años en la cárcel por simpatías con el ahora desaparecido Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

fuente


sábado, 27 de junio de 2009

Misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos al Perú en torno al conflicto en Bagua.

Sent: Friday, June 26, 2009 8:53 PM
Subject: abya yala-américa noticias

COMUNICADO DE PRENSA: Misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos al Perú en torno al conflicto en Bagua.(AYI) Lima, 19 de junio de 2009.
Los días 16 a 19 de junio la Federación Internacional de Derechos Humanos organizó una visita de observación en Perú, con el apoyo y la colaboración de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), organizaciones miembros de la FIDH en el Perú.
Los integrantes de esta misión fueron la hermana Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización miembro de la FIDH en Ecuador y Rodolfo Stavenhagen, miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ex relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.
La misión tenía por objetivo:
- obtener información sobre los sucesos violentos que ocurrieron en el departamento de Amazonas los días 5 y 6 de junio de 2009, que dejaron el lamentable saldo de numerosos muertos, heridos y desaparecidos entre los miembros de comunidades nativas, civiles no indígenas y también miembros de la policía;
- determinar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el marco de estos acontecimientos, y
- conocer la responsabilidad de los diferentes actores que intervinieron en el conflicto.
Durante esta breve misión tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes autoridades del Gobierno, entre ellos con el Primer Ministro Yehude Simon, con organizaciones de defensa de los derechos humanos, agentes pastorales en la región, organizaciones indígenas tales como la AIDESEP, y miembros de las comunidades nativas awajún de la Amazonía. Visitamos la zona de Bagua Grande, Bagua y Jaen, y realizamos entrevistas en la ciudad de Lima.
Según testimonios recibidos, el operativo de desalojo de las personas que estaban realizando desde hacía casi dos meses un bloqueo pacífico de la carretera Fernando Belaúnde en el lugar conocido como “Curva del Diablo”, se inició en la madrugada del 5 de junio sin previo aviso. Según los testimonios, la policía comenzó disparando contra las personas que se acercaban para dialogar, causando varias muertes y heridos. Ello produjo una respuesta de parte de las personas reunidas en la carretera y en la refriega también fallecieron ocho policías. La mayoría de las personas reunidas salieron huyendo del lugar. Cuando menos dos helicópteros de la policía sobrevolaron el lugar disparando proyectiles de gases lacrimógenos con el objeto de dispersar a la población, y algunos testigos reportan que también hubo disparos de bala desde estos aparatos.
De acuerdo con los testimonios recabados, el lugar de los hechos fue cercado por la policía durante cinco días, sin que la población se pudiera acercar. En esas circunstancias se reportan numerosos desaparecidos que no han sido identificados ni localizados. Los representantes del ministerio público y de la Defensoría del Pueblo sólo llegaron al lugar de los hechos horas después del comienzo de la balacera. La imposición del estado de emergencia y el toque de queda dificultó considerablemente la búsqueda de cadáveres y personas desaparecidas. La población de la zona, así como los indígenas sostienen que esos días fueron empleados para eliminar vestigios de las muertes ocurridas y que un número indeterminado de cadáveres desapareció.
Horas después se extendió la violencia a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en donde fueron muertos y heridos de bala numerosas personas por la policía. Se reporta la acción de francotiradores que se apostaban en las azoteas de las casas.
Hasta la fecha el gobierno no ha hecho público un informe completo y coherente de los eventos, pero diversas autoridades han señalado los “errores” que se habrían producido en el operativo. Las informaciones sobre los muertos, heridos y desaparecidos son incompletas y contradictorias. La Defensoría del Pueblo ha proporcionado cifras preliminares que deberán ser completadas a raíz de las investigaciones en curso.
Por su parte, los testimonios recabados por la misión indican estimaciones de muertos y desaparecidos superiores a las cifras oficiales, pero hasta la fecha no han sido documentadas con evidencia dura. Esto se refiere a reportes sobre quema de cadáveres, fosas comunes y cuerpos echados al río, denuncias que no han sido comprobadas, así como testimonios sobre heridos que habrían sido ultimados por la Policía Nacional y la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales).
Originalmente el número de detenidos en el operativo fue de 133, de los cuales 18 permanecen en prisión. A la fecha hay 61 procesados por hechos delictivos.
Se informa de problemas de indefensión que tuvieron los detenidos indígenas, desde la ausencia de intérpretes hasta la imposibilidad de contar con un abogado de su elección. Recién cinco días después de producido el enfrentamiento de la Curva del Diablo, los abogados fueron autorizados a ver a los detenidos. Durante estos días, los indígenas detenidos fueron objeto de diversas formas de maltrato físico y psicológico.
El conflicto tuvo otro desenlace trágico en el asesinato de diez policías por parte de nativos reunidos en la Estación de Petróleo # 6 a cierta de distancia de Bagua. A la fecha hay 8 personas procesadas por estos homicidios.
El origen de este conflicto se da meses antes en la protesta de los pueblos indígenas de la región amazónica en contra de varios decretos legislativos vinculados al proceso de desarrollo económico de aquella zona, que fueron adoptados por el Congreso de la República sin el consentimiento, la participación o la consulta a la población local. Cuando se produjeron los hechos violentos reportados, aún estaban dialogando los indígenas con las autoridades, por lo que resulta aún más sorprendente la acción intempestiva de la Policía Nacional contra los indígenas que bloqueaban la carretera.
Conclusión.
Los miembros de la misión de observación expresamos nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, tanto en la Curva del Diablo como en Bagua y Bagua Grande, que generó un número aún indeterminado de muertos, y al menos 150 heridos de bala entre los civiles, tanto indígenas como habitantes de dichas ciudades.
Señalamos nuestra preocupación por los obstáculos que fueron presentados para la atención legal, la ayuda humanitaria y la salud de las personas detenidas o quienes buscaban retornar a sus comunidades.
Nos preocupan los testimonios sobre prácticas de tortura hacia los detenidos awajún por parte de efectivos de la DINOES y la de la Policía Nacional local. Esta preocupación se mantiene por el traslado súbito de los presos indígenas a la cárcel de Huancas, en las afueras de Chachapoyas, una localidad muy alejada de la zona awajún, en la práctica casi incomunicada, lo cual hace mucho más difícil el contacto de los detenidos con sus familiares y con los abogados. También nos preocupa, en lo particular, la situación del dirigente awajún Santiago Manuim Valera, quien recibió varios disparos de bala en el abdomen el día 5 de junio, pese a lo cual el Poder Judicial ha emitido una orden de detención en su contra, acusándolo de diversos delitos como instigación al homicidio.
En el transcurso del operativo policiaco de desalojo y sus secuelas se vulneraron diversos derechos humanos de la población indígena y civil. La fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las lesiones graves producidos a civiles nativos y no nativos. Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad de quienes han sido responsables de ellos.
Muy preocupante es para nosotros la evidencia de hostigamiento, denuncias y acusaciones contra líderes de organizaciones sociales e indígenas, así como la denuncia contra Radio La Voz y otros medios de comunicación independientes. En este escenario hemos tomado conocimiento del asilo forzado del presidente de AIDESEP y el procesamiento penal de integrantes de esta asociación.
Dos de los decretos impugnados fueron derogados por el Congreso el día 19 de junio, por lo que fue removida una parte de las causas principales del conflicto. Si esta acción se hubiera dado a tiempo, se habría podido evitar la tragedia de Bagua.
Consideramos que se abren posibilidades para un diálogo nacional sobre las cuestiones del desarrollo de la cuenca amazónica, con la plena participación de los pueblos indígenas.
Nos alienta la intención del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo de establecer sendas comisiones de investigación sobre los eventos de Bagua. Estas investigaciones deben no solamente esclarecer los hechos sino también establecer responsabilidades. Deben estar integradas por personas totalmente independientes y de comprobada seriedad y honorabilidad no vinculadas a intereses políticos particulares.
Se preparará un informe completo de la Misión que será entregado al Gobierno del Perú.
Agradecemos las atenciones que hemos recibido para el buen desempeño de nuestra tarea de las autoridades del gobierno, de las organizaciones civiles y de las comunidades indígenas de la región.
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IIDH: 'Las democracias de hoy deben incluir la consulta libre e informada'. (IIDH-AYI) Las democracias de hoy deben incluir la consulta libre e informada, ajustada a las costumbres vivientes y a los derechos de los pueblos indígenas de nuestra América. Todo Estado democrático de derecho debe cumplir de buena fe las obligaciones internacionales derivadas de su ratificación del Convenio 169.
Mensaje del Director Ejecutivo del IIDH con motivo de los sucesos de Bagua, Perú.San José, Costa Rica, 17 de junio de 2009.
Perú está de luto porque el 5 de junio se violaron muy gravemente los derechos humanos de las comunidades amazónicas de Bagua Grande y Bagua Chica y de miembros de la Policía Nacional del Perú en un enfrentamiento en el que fueron muertas más de 30 personas de uno y otro lado, como lo informara la Defensoría del Pueblo. Los lamentables hechos son el dramático final de una serie de desaciertos, desavenencias y reclamaciones sociales que podrían haberse encauzado mediante la consulta libre e informada sobre territorios y derechos de las comunidades indígenas amazónicas.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
El derecho a la consulta está establecido en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el Estado peruano el 2 de febrero de 1994. En palabras del profesor Rodolfo Stavenhagen, su ausencia es "el talón de Aquiles" de nuestros sistemas políticos, que no logran atender ni completar la inclusión de las reclamaciones y demandas de los pueblos indígenas en las Américas. El profesor Stavenhagen, ex Relator de la ONU para Pueblos Indígenas y miembro de la Junta Directiva del IIDH, está de visita en el Perú, como parte de una misión internacional que evaluará la situación.
Todo Estado democrático de derecho debe cumplir de buena fe las obligaciones internacionales derivadas de su ratificación del Convenio 169. En relación con el conflicto en Bagua Grande y Bagua Chica, el Convenio garantiza el derecho de consulta para sus habitantes originarios, que deben hablar por sí mismos y participar en todos los procesos de toma de decisiones que los afectan, como la existencia de varios decretos que autorizan la exploración y explotación de recursos de la Amazonía Peruana. El incumplimiento de este derecho amenaza seriamente las culturas, formas de vida, tradiciones, instituciones y derecho propio de los pueblos indígenas de esta nación.
Los principios rectores del derecho internacional de los derechos humanos tutelan como eje transversal el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades y autoridades indígenas tradicionales bajo sus propios mecanismos e instituciones y en sus idiomas milenarios. Estos principios se han visto fortalecidos especialmente a partir de la entrada en vigor del citado Convenio 169 de la OIT, la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En la sentencia del caso Saramaka vs. Suriname, del 28 de noviembre de 2007, en el punto 8 de sus decisiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que:
El Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del pueblo Saramaka a ser efectivamente consultado, según sus tradiciones y costumbres, o en su caso, el derecho de otorgar o abstenerse de otorgar su consentimiento previo, libre e informado, respecto de los proyectos de desarrollo o inversión que puedan afectar su territorio, y a compartir, razonablemente, los beneficios derivados de esos proyectos con el pueblo Saramaka, en el caso de que se llevaren a cabo, en los términos de los párrafos 129 a 140, 143, 155, 158 y 194 (d) de esta Sentencia.
Adicionalmente, el 12 de junio Víctor Abramovich, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator sobre los derechos de los pueblos indígenas, declaró que “la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obliga a los Estados a realizar consulta previa libre e informada destinada a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas potencialmente afectadas por los programas de desarrollo y los proyectos de inversión que se ejecuten en sus territorios.” [1]
Democracia y pueblos indígenas.
La intervención desde la lejana centralidad no es la más eficaz iniciativa para tratar y menos para resolver los conflictos sociales en las localidades afectadas por acciones que ponen en riesgo los derechos colectivos de las comunidades sociales e indígenas sobre su hábitat y el manejo del territorio. “Las democracias de hoy deben hacer un mayor esfuerzo de comprensión de la diversidad étnica e incluir de una vez por todas la consulta libre e informada, ajustada a las costumbres vivientes y a los derechos de los pueblos indígenas de nuestra América”, dijo Roberto Cuéllar M., director ejecutivo del IIDH. Seguramente así se caerá en la cuenta que ese método democrático y popular de diálogo previo es el más eficaz antídoto para prevenir la violencia que ahora enluta al pueblo peruano.
Lo ocurrido en Bagua Grande y Bagua Chica no es compatible con la democracia.
Es impensable que al final de la primera década del siglo XXI, en un momento en el que se han generalizado los gobiernos electos por la ciudadanía en las Américas, sucedan tan graves acontecimientos, violatorios de los derechos de las comunidades indígenas y de los integrantes de la Policía Nacional.
El IIDH lamenta profundamente el irrespeto del derecho a la vida de las víctimas de Bagua Grande y Bagua Chica, indígenas y policías, así como la criminalización de las demandas ancestrales por el respeto a las tierras y territorios indígenas. También toma nota de la declaración del Estado peruano, de mantener su “firme compromiso con la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho”, como lo expresara su Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la señora María Zavala Valladares. Espera que la instalación, hoy, del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos sea el primer paso para la promoción de una consulta abierta, en los términos del C169, con la participación de los legítimos representantes de las comunidades amazónicas peruanas, que es urgente; y que la justicia se aboque al pronto esclarecimiento de los graves hechos y sancione a los responsables.
Roberto Cuéllar M., Director ejecutivo
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La historia de un líder indígena. (AIDESEP, 22jun09-AYI) Alberto Pizango Chota tiene una larga y sacrificada carrera como persona, trabajador, dirigente y guía espiritual de sus hermanos indígenas: desde su hogar a la comunidad, de ésta a la universidad, de allí a la Federación de Comunidades Nativas Chayawitas, luego a la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de Alto Amazonas – CORPI SL y finalmente recaló a la presidencia nacional de la AIDESEP.
- Empiezan aparecer videos sobre lo sucedido el cinco de junio en la Curva del Diablo
AIDESEP, 22 de junio de 2009. Gracias al apoyo de la Vicaría de Jaén, la Coordinadora Nacional de Radio – CNR difundió hoy imágenes inéditas de los sucesos que acaecieron el pasado cinco de junio en la Curva del Diablo, región Amazonas y donde se observa un inusual comportamiento de la policía al incendiar los campos sin justificación alguna.
- Gobierno anunció comisión imparcial para investigar sucesos de Bagua
AIDESEP, 22 de junio de 2009. Al gobierno no le quedó otro camino, después de la presión internacional, aceptar las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, de crear una comisión imparcial que investigue los hechos de violencia que dejaron 34 muertos en Bagua y más de 60 hermanos desaparecidos de acuerdo a la cifra entregada por APRODEH.
Lea notas completas en: http://www.aidesep.org.pe/
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COMUNICADO DE PRENSA, No. 35/09. CIDH CONCLUYE VISITA DE TRABAJO A GUATEMALA.(CIDH-AYI)Ciudad de Guatemala, 12 de junio de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó hoy una visita de trabajo a Guatemala. La delegación de la CIDH estuvo encabezada por el Comisionado Víctor Abramovich, Primer Vicepresidente de la CIDH, en su calidad de Relator para Guatemala y Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La visita, que se inició el 7 de junio, tuvo por objetivo observar y recabar información sobre la situación de derechos humanos, en particular la situación en que se encuentran las investigaciones y los juicios a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, la situación de derechos de los pueblos indígenas y la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. La delegación sostuvo diversas reuniones con altas autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial, así como con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas y organismos internacionales.
Durante su visita, el Comisionado recibió información sobre el alto nivel de violencia en el país, el alto nivel de exclusión social que afecta más gravemente a los pueblos indígenas y la grave situación que atraviesa la administración de justicia. Según cifras conocidas públicamente, en Guatemala el índice de impunidad alcanza un 98%.
La Comisión destaca muy especialmente la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la colaboración alcanzada con el Ministerio Público y otras instituciones del Estado para combatir la impunidad de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que operan en el país.
En relación con la investigación de los graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y genocidio, con aproximadamente 200.000 víctimas, 83.3% de ellas del pueblo maya, la impunidad sigue incólume. Es especialmente preocupante la falta de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, sorprendiendo que se mantengan alrededor de 30 órdenes de captura en contra de personas imputadas de graves delitos cometidos durante el conflicto armado interno sin que se ejecuten. El Comisionado observó ante las autoridades judiciales la situación de un imputado que recibe mensualmente pensiones del Estado y no logra ser localizado a efectos de hacerse efectiva una orden de captura en su contra.
Llama la atención el escaso número de fiscales para la cantidad de casos que tiene a su cargo tiene la Unidad de Esclarecimiento Histórico de la Fiscalía de Derechos Humanos aunado a una infraestructura inadecuada. Por ejemplo, el Comisionado Abramovich fue informado que en dicha Unidad trabajan sólo dos fiscales para aproximadamente 8.000 casos. A pesar de la precariedad de esta situación, el Fiscal General manifestó que el presupuesto de la institución habría sido reducido. No obstante esta reducción, informó sobre planes para ampliar y descentralizar la Fiscalía de Derechos Humanos. La CIDH urge al Estado para que lo antes posible, fortalezca la Fiscalía de Derechos Humanos dotándola de recursos suficientes y adecuados para responder al gran número de causas pendientes.
El Comisionado fue informado que desde el año 2006 se encuentra en el Congreso un proyecto de ley que tiene por objeto modificar el recurso de amparo que, como ha señalado la Comisión, ha sido utilizado con el fin de retardar la administración de justicia en la decisión de casos sobre violaciones a los derechos humanos. El Comisionado tuvo conocimiento que el proyecto de ley en mención cuenta con una opinión reciente de la Corte Constitucional y espera que una reforma a la ley se pueda concretar en el corto plazo, asegurando que el recurso de amparo cumpla con los estándares interamericanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública que tiene por objeto garantizar a todas las personas el acceso sin discriminación a la información y documentación que se encuentren en los organismos del Estado. Esta ley contribuirá a transparentar la función estatal y será una herramienta útil para la protección de los derechos humanos en Guatemala.
En relación con esta ley, la Comisión acoge con satisfacción la inclusión del artículo 24 que establece que en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos o a delitos de lesa humanidad.
En el marco de la visita, el Comisionado acudió junto con el Procurador de Derechos Humanos a las instalaciones del Archivo de la Policía Nacional Civil. Al respecto, destaca la labor que se viene realizando en la sistematización, preservación y apertura de los archivos. Se observa la importancia que estos archivos tienen en la reactivación de algunos procesos penales por crímenes de lesa humanidad que se encontraban hasta la fecha inactivos. También se abordó la cuestión de los documentos oficiales en la entrevista con el Ministro de Defensa. Asimismo, la CIDH espera que las distintas instancias del Estado garanticen la plena accesibilidad a la totalidad de archivos y documentos sobre derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno.
Respecto de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, la delegación recibió información sobre el aumento de amenazas y ataques en su contra. Es particularmente preocupante el incremento de casos de muertes de sindicalistas. En relación con la protección de las y los defensores, el Comisionado fue informado que no se habrían tomado medidas adecuadas para el análisis de patrones de amenazas y ataques que permitiría investigar en forma más eficiente las denuncias. La Comisión recibió información que indica que el mecanismo de coordinación interinstitucional para la implementación de las medidas cautelares por parte del Estado no es lo suficientemente efectivo. La Comisión insta al Estado a proteger a los defensores y defensoras, a garantizar su labor en la defensa de derechos humanos e investigar las amenazas y ataques de las que sean objeto a través del mecanismo interinstitucional y el establecimiento de instancias de investigación de patrones de violencia en las que se analicen los diversos casos denunciados y se efectúen recomendaciones de alcance general. También se sugiere el establecimiento de un sistema claro y objetivo para la determinación de los niveles de riesgo y la elección de los mecanismos de seguridad adecuados para cada caso con participación y acuerdo de los beneficiarios.
Por otra parte, el Comisionado acoge con satisfacción la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación que tiene como propósito regular la selección de las nóminas de candidatos a cargos públicos de relevancia, tales como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, entre otros. Esta ley busca garantizar la transparencia en la elección de altos cargos públicos así como la participación de la sociedad civil en los procesos de selección de candidatos. El Comisionado considera que esta iniciativa es un importante avance para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, en especial, su independencia y su imparcialidad.
La CIDH ha recibido información de algunas de las dificultades que enfrentaría la implementación de la ley. En particular, la posibilidad de que por el abuso de recursos de impugnación se demore el proceso y la asunción de los candidatos seleccionados. Algunas organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación por el grado de participación y publicidad que se garantizarían durante el proceso. En este sentido, la CIDH insta a las instancias competentes a alcanzar una adecuada implementación del mecanismo, que garantice la publicidad de los antecedentes y de los actos de selección, así como la efectiva participación y la fiscalización de la sociedad civil en todo el proceso.
En su calidad de Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Comisionado Abramovich, el 7 de junio realizó una reunión regional para América Central sobre el deber de protección del derecho de propiedad de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El evento contó con la participación de destacados expertos y expertas de Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y El Salvador. El Relator fue informado que el Estado guatemalteco habría otorgado aproximadamente 88 concesiones de represas de diferente envergadura sobre territorios indígenas sin que se hubiera realizado una consulta previa adecuada a los afectados. También que la Corte Constitucional negó valor vinculante a los procesos de consulta realizados por los municipios. En este sentido, el Relator reitera que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obliga a los Estados a realizar consulta previa libre e informada destinada a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas potencialmente afectadas por los programas de desarrollo y los proyectos de inversión que se ejecuten en sus territorios.
Asimismo, durante la visita se realizaron reuniones de trabajo sobre implementación de las medidas cautelares y sobre los casos de Maurilia Coc Max y Otros (Masacre de Xaman), Angélica Jerónimo Juárez, Masacre de la Aldea Los Josefinos, Edgar Fernando García y Oscar David Hernández Quiroa. La CIDH destaca los esfuerzos que realiza la COPREDEH en la implementación de las medidas cautelares. Asimismo, destaca los esfuerzos realizados en la búsqueda de soluciones amistosas en algunos casos que se encuentran ante el Sistema Interamericano.
La delegación realizó una visita a la comunidad de Río Negro y se trasladó a Pcoxom, Pacux y Rabinal, con la finalidad de conversar con familiares y sobrevivientes de las masacres que sufrieron los habitantes de Río Negro. Asimismo, se reunió con varias organizaciones de victimas del conflicto armado interno de la zona.
Finalmente, el 10 de junio, el Comisionado realizó en Ciudad Guatemala la presentación del informe El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Durante la visita, el Comisionado Abramovich y su delegación se reunieron con altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, se reunieron con el Fiscal General de la Republica y Jefe del Ministerio Público; el Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el Presidente y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Ministro de Defensa; el Secretario de la Paz, la Presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH); el Procurador de Derechos Humanos; autoridades de la Comisión contra el Racismo y la Discriminación de Pueblos Indígenas (CODISRA) y de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI). Además, se reunieron con el Comisionado para la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana y con miembros de la Unidad de la Fiscalía Especial de la CICIG adscrita al Ministerio Publico. También sostuvieron una reunión con el Representante de la Oficina de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra. La delegación mantuvo asimismo fructíferas reuniones de trabajo con organizaciones no gubernamentales y organizaciones indígenas.
La Comisión agradece la cooperación brindada por el Gobierno para la realización de esta visita. Asimismo, manifiesta su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, los sectores académicos y las agencias internacionales por la información y la colaboración proporcionadas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
http://www.cidh.org
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Brasil,Rio grande do Sul: Indígenas são reprimidos em protesto contra barragem (hidroeléctrica). (Joel Felipe Guindani- Agência Chasque-19jun09-AYI) Indígenas denunciam que foram feridos (heridos) pelos policiais e dois ônibus ainda tiveram os pneus(neumaticos) furados a tiros. Repressão aconteceu durante protesto contra a Hidrelétrica de Monjolinho, no Norte do RS.
Cerca de 150 policiais militares não pouparam forças para combater o protesto de mais de 500 indígenas na região de Nonoai, no Norte gaúcho. O confronto ocorreu na manhã desta quinta-feira (18) durante a manifestação de indígenas no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Monjolinho. Eles são contrários ao alagamento de parte de suas áreas que são ribeirinhas ao rio Passo Fundo.
Abílio Pendere Casemiro, liderança Kaigang, denuncia que os policiais chegaram a usar arma de fogo contra os indígenas. Ônibus que se dirigiam ao local do protesto com manifestantes teriam tido os pneus alvejados com tiros.
“Esse confronto aconteceu às cinco horas da manhã. Inclusive eles nos atingiram com bomba de gás. Também achamos a casca de uma bala calibre 48. Eles machucaram os índios. Foi, por exemplo, ferido a mão de um índio. Os ônibus foram apreendidos. Os policiais furaram todos os pneus a tiros. Os índios Kaigang ficaram detidos por muitas horas dentro dos ônibus”, reclama.
Buscando denunciar a violência sofrida pelos policiais, representantes indígenas realizaram assembléia na câmara de vereadores da cidade juntamente com Procuradores do Ministério Público Federal. Abílio reclama que, além do alagamento das terras, a concessionária da barragem, Engevix, nega-se a negociar as indenizações.
“Nós já fizemos cinco propostas, mas a empresa não aceitou nenhuma. Fizemos toda a documentação via Ministério Público e a Funai e mesmo assim eles não estão cumprindo. Ou seja, estão descumprindo com a comunidade indígena e com a lei. Eles tem que respeitar os nossos direitos. Eles têm que respeitar a nossa cultura e as nossas tradições. Mas o índio é discriminado por essas empresas”, conta.
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Índios tupinambás são torturados pela PF no sul da Bahia. (São Paulo, Rádioagência NP, Aline Scarso- 22jun09- AYI) Cinco índios Tupinambás – entre eles uma mulher idosa – foram torturados pela Polícia Federal (PF). A violência aconteceu durante uma invasão da PF às terras tradicionalmente ocupadas por esse povo nos municípios de Buerarema, Una e Ilhéus, no sul da Bahia. Policiais alegaram que os índios estavam ocupando as terras de uma fazenda particular.
Segundo o assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Paulo Guimarães, a PF tinha conhecimento que a comunidade havia recuperado parte da terra neste ano. Além disso, não tinha ordem judicial nem provas de qualquer ato ilegal para prender os tupinambás.
“Na realidade a Polícia Federal já estava informada que a terra é tradicionalmente ocupada por esse povo e que eles estavam exercendo a posse da terra. Que esse fato seja rigorosamente apurado e seus autores identificados e responsabilizados.”
Os índios foram levados à delegacia do órgão no município de Ilhéus e soltos no mesmo dia sob ameaças verbais.
Organizações indígenas e a Coordenação de combate à tortura da Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo federal exigem que o Ministério Público Federal em Ilhéus, inicie as providências legais para esclarecer o fato.
Essa mesma comunidade já havia sido violentada em outubro de 2008 pela PF. Até hoje, nenhum policial foi responsabilizado e criminalizado.
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Brasil- Policía Federal concluye la retirada de no indígenas en Raposa Serra do Sol. (San Pablo, de la Radioagencia NP, Silvia Adoue-23jun09-AYI) Las últimas familias de no indígenas que permanecían en la reserva indígena Raposa Serra do Sol, ubicada en el estado de Roraima, región norte brasileña, fueron totalmente removidas el último lunes, día 15. En marzo de este año, el Supremo Tribunal Federal – el STF – determinó que el área fuese exclusiva de los 18 mil indígenas que viven en la región. Desde la declaración, la Policía Federal (PF) realizó la remoción de 50 familias de no indios que permanecían en el local.
La lucha por el reconocimiento de la reserva Raposa Serra do Sol como un área indígena duró más de treinta años. En 2005, el gobierno federal señaló que el área debería ser destinada a los indígenas. La decisión del STF, cuatro años después, reafirmó el área como reserva para estos pueblos.
Con la retirada de los no indígenas de la reserva, la PF continuará en el lugar por sesenta días más para que los procedimientos de la Fundación Nacional del Indio – la Funai – y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables – el Ibama – sean cumplidos.
Los terratenientes, también conocidos como ricicultores, ya que se dedican a la explotación del arroz, y que se apoderaron del área fueron los que más presentaron resistencia durante la remoción. Una asamblea con todos los pueblos de la reserva será realizada a fines del mes. En esa asamblea se discutirá la reorganización del área. Los indígenas deben elaborar proyectos de acciones para desarrollarse en el territorio.
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Comunicado de COMUNIDADES NGABE AFECTADADAS POR EL PROYECTO CHAN 75. (Samuel Carpintero-AYI) Nosotros, los pueblos Ngäbe, desde las comunidades afectadas por el Proyecto de la Hidroeléctrica CHAN 75; hacemos un llamado de atención al gobierno de Panamá para que ejecute las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 17 de Junio de 2009; las que consisten en "la suspensión de la construcción y otras actividades relacionadas a la concesión otorgada a la empresa AES Changuinola, para operar en toda la extensión del río Changuinola; hasta que los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopte una decisión definitiva sobre este asunto".
Además, la Comisión solicita que Estado de Panamá "adopte las medidas que sean necesarias para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad ngäbe, con el propósito de evitar actos de violencia o acciones adicionales de intimidación."
Solicitamos que el gobierno de Panamá cumpla el rol de defensor de los derechos de todos los pueblos afectados por este proyecto, reiteramos que los ngäbe hemos ocupado esa zona desde tiempos ancestrales; pero al mismo tiempo expresamos que no estamos en contra de las políticas de desarrollo del estado panameño; siempre y cuando se garanticen los derechos de los pueblos indígenas afectados, puesto que vivimos en este país que se caracteriza por ser un Estado de Derecho y en este
proyecto el estado nos ha abandonado para favorecer a una empresa
transnacional.
El Relator Especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en una visita reciente, han señalado la necesidad de adoptar medidas para proteger nuestros derechos en el marco de este proyecto de la Hidroeléctrica CHAN 75, que ha hecho vulnerables nuestros derechos humanos y ha atentado contra nuestro medio ambiente.
Las Familias Ngäbes lucharemos y defenderemos con nuestras vidas esta propuesta, para que nuestro país, Panamá, ejecute esta medida cautelaresde inmediato. Llamamos a nuestros hermanos Ngäbe en toda la comarca, áreas anexas y los que están en áreas urbanas y rurales del país para que estén pendientes y alerta. Ante este proyecto como ante otros proyectos más que pretenden explotar nuestros recursos
naturales, los instamos a presionar para que se ejecute esta medida.
De hacer caso omiso a esta medida; entonces nos veremos forzados a convocar a todos los movimientos sociales a nivel nacional, para que nos acompañen en esta lucha. Por nuestra vida y las tierras estamos dispuestos a dar nuestra sangre de ser necesario, ya que sin tierras ni ríos, no somos nada. Changuinola, 19 de Junio de 2009.
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NGABE COMMUNITIES AFFECTED BY THE CHAN 75 PROJECT. (AYI) We the Ngabe people from the communities affected by the CHAN 75 Project, make a call of attention to the government of Panama, to execute the precautionary measure adopted on June 17, 2009 by the Interamerican Court of Human Rights which consists of "suspending the construction and other activities related to the concession given to the company AES Changuinola throughout the Changuinola River, until the organs of the Interamerican System of Human Rights adopt a definite on the current subject".
The Commission also requests the State Party "to adopt the necessary measures to guarantee the free movement , life and personal integrity of the members of the Ngabe community with the purpose to avoid actions of violence or additional intimidatory".
We request to the government of Panama to protect the rights of all the peoples affected by this project, we repeat that we the Ngabe people have occupied this area since ancient times; and at the same time we convey that we are not against the development of politics of the state of Panama, but the rights of the indigenous people affected must be guaranteed since we live in this country characterized for
being a state of rights and in this project, the state has abandoned us to favor a transnational company.
Both the United Nations Special Rapporteur on Indigenous Peoples Rights, James Anaya in his recent visit, and the Interamerican Commission on Human Rights have pointed out the need to adopt measures to protect our rights in this case of the hydroelectric project CHAN 75, which has affected our human rights and is a threat against the environment.
The Ngabe families will fight and defend with our lives so that our country- Panama- can execute this precautionary measure immediately.
We call upon all our Ngabe brothers and sisters wherever they may be to be alert and ready for both this project and others which intend to threat our natural resources and urge the state to execute this measure. In the event of not following this measure, we would be forced to call upon all the organized social organizations across the country to accompany us in this fight. For our lives and land we are
willing to give our blood if needed, because without land or rivers, we are nothing.
Given in Changuinola, on the 19th June 2009
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PANAMA. Estudiantes e indígenas protestan contra proyecto hidroeléctrico. (22jun09-Xingua-AYI) Estudiantes de la Universidad de Panamá y dirigentes indígenas de la occidental provincia de Bocas del Toro, protestaron hoy contra las operaciones del consorcio AES Changuinola, que construye una hidroeléctrica.
Carlos Bichet, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de de la Universidad, dijo este lunes a la prensa que la empresa desarrolla el proyecto hidroeléctrico Chan-75 y como parte de los trabajos desalojó a las comunidades indígenas Ngobe.
Defensoría solicitará parar hidroeléctrica.
"La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció unas medidas cautelares para paralizar este proyecto, porque atenta contra la vida de estas comunidades y el medio ambiente", explicó Bichet a periodistas.
Durante la protesta, los manifestantes cerraron temporalmente una de las calles aledañas a la mencionada universidad, llevando pancartas y demandando la detención del referido proyecto hidroeléctrico.
Al respecto, la representante de la Asociación de Estudiantes Ngobe de la Universidad de Panamá, Melania Concepción, también denunció que las poblaciones indígenas aledañas al proyecto han sido afectadas por la deforestación y la contaminación ambiental.
"Exigimos a esta empresa que basta ya con esta situación de violar los derechos humanos de los pueblos indígenas", anotó Melania Concepción.
Del mismo modo, el dirigente Armando López pidió a los directivos del consorcio AES y a las autoridades respetar el fallo de la CIDH, un organismo regional que reconoció la demanda de las comunidades afectadas en Bocas del Toro.
La decisión de este organismo regional se dio en respuesta a una demanda interpuesta por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y la organización Cultural Survival a nombre de las comunidades afectadas.
http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2009-06/23/content_896990..htm
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Panamá- Defensoría solicitará parar hidroeléctrica. (JOSÉ ARCIA, jarcia@prensa.com -AYI)La Defensoría del Pueblo pedirá al Gobierno acatar la medida de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola I) que adelanta la empresa AES Changuinola.
El compromiso lo adquirió el defensor Ricardo Vargas, ayer, durante una reunión con los indígenas ngäbe afectados por la construcción del proyecto.
Vargas, además, se comprometió a pedirle al Gobierno que entregue, a la mayor brevedad, un informe sobre la concesión que se le otorgó a la empresa a lo largo del río Changuinola.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno panameño suspender el proyecto, para “evitar daños irreparables al derecho de propiedad y a la seguridad del pueblo ngäbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”.
La medida es en respuesta a una demanda por violación de derechos humanos que presentaron la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival, en nombre de las comunidades indígenas.
“La situación presentada en las comunidades afectadas(...) demuestra la ausencia del Estado y la desatención social de las autoridades en garantizar de manera efectiva los derechos humanos”, señaló Vargas.
Los indígenas no solo recibieron el respaldo de la Defensoría del Pueblo, sino también de los estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá. Indígenas y estudiantes bloquearon ayer, en horas del mediodía, la avenida Manuel Espinoza Batista para exigir la paralización del proyecto.
Al ser consultados sobre este tema, los representantes de la empresa prefirieron no hacer comentarios.
http://www.prensa.com/hoy/panorama/1830240.asp
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MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE “CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO PODRÍAN SER MUY GRAVES, EN ESPECIAL EN CHILE”. (22jun09- Iván Gutierrez-Cronica digital-AYI) Para la Secretaria de Estado, "las consecuencias del calentamiento global podrían ser muy graves, en especial para Chile. Nuestro país posee zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, zonas expuestas al deterioro forestal y zonas de alta concentración de contaminantes a nivel urbano, precisamente aquellas variables que la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático ha utilizado para determinar la vulnerabilidad de los países".
Durante la ceremonia, la Ministra sostuvo que "es un honor ofrecerles la bienvenida a los científicos del IPCC que por primera vez nos acompañan en Chile. También me permito agradecer en nombre del gobierno, el apoyo que el IPCC ha otorgado en forma significativa a la lucha mundial contra el cambio climático".
En la oportunidad, la Ministra reiteró que "si bien es cierto, Chile es un país pequeño y alejado de los centros de poder global, asume este compromiso (del cambio climático), para consigo, las generaciones futuras y la comunidad internacional, convencido de que es posible crecer cuidando nuestros recursos naturales".
Finalmente, agregó que "este es un año particularmente importante para la implementación de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático. El Gobierno de Chile espera que las negociaciones que se llevan a cabo como preámbulo a la próxima Conferencia de las Partes en Copenhague, nos permitan contar con un compromiso renovado de todos los países de acuerdo a sus responsabilidades comunes pero diferenciadas".
Cabe destacar que el gobierno publicó hace seis meses su Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Este Plan se inserta en la Estrategia Nacional de Cambio Climático que contempla tres ámbitos de acción: Adaptación a los Impactos del Cambio Climático; Mitigación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero; y Creación y Fomento de Capacidades para abordar el problema en Chile.
Santiago de Chile, 22 de junio 2009
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Medidas para reducir el calentamiento global son discutidas en Dinamarca. (Radioagencia NP, Silvia Adoue-23jun09-AYI) La ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca, alojó el encuentro preparatorio para la 15ª reunión de los países que firmaron la convención del Clima. El encuentro, ocurrido la última semana, trajo una propuesta clara: concretizar los acuerdos y trazar metas para reducir la emisión de gases responsables por el calentamiento global, como el CO2.
Estaban presentes en la reunión el coordinador de la campaña sobre cambios climáticos del Greenpeace Brasil, João Talocchi, que considera distante, por parte de los países desarrollados, la noción de urgencia de las medidas.
“Parece que ellos no comprendieron que hay una crisis climática y llevan la ciencia como un chiste. Ellos no oyen lo que los científicos tienen para decir. Si se llega a un aumento de temperatura próximo o superior a 2ºC, sufriremos una catástrofe jamás vista y que amenazará la sobrevivencia de la humanidad.”
Brasil ocupa, actualmente, la cuarta posición entre los mayores emisores de Co2 del mundo, justificado por las deforestaciones. Para Talocchi, el país cumple un papel central en las negociaciones.
“Brasil es un país llave. Tenemos que adoptar una actitud pro activa. Hay que desafiar a los países desarrollados probándoles que podemos asumir las reducciones y entonces exigirles serias y ambiciosas reducciones. La ciencia no se puede cambiar, la política sí.”
El tratado de Copenhague se caracteriza como una continuación del Protocolo de Kioto, firmado en 1992 durante las primeras negociaciones sobre el clima de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas – la ONU –, en Río de Janeiro. La convención de Cambios Climáticos tuvo su primer encuentro en 1994 y, en diciembre de este año, tendrá una nueva edición.
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MEXICO. Presentan libro 'El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas'.(22jun09-Notimex-AYI) Resultado de seis años de estudio por parte de Eckart Boege, uno de los antropólogos ambientalistas más reconocidos del país, fue editado el libro "El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México".
“El libro trata de ‘reposicionar’ a los pueblos indígenas más allá de los marginados, más allá de la opinión ‘sedesolera’ de las banderas blancas, de los drenajes, más allá de las ‘oportunidades’, los pueblos indígenas tienen algo que decir de cara al futuro y no del pasado o con cara de curiosidad a lo que fueron. Tienen algo que decir de una manera contundente, esa contundencia es la que quiero destacar en el libro”.
El especialista declaró que esta investigación quiere ser el antídoto contra las políticas de introducción a los transgénicos y frente a políticas públicas de destrucción de áreas completas de nuestro país que ignoran la importancia de este patrimonio biocultural. “Para mí –aclaró- lo más importante no es apuntalar a las instituciones para mejores políticas públicas solamente”.
El libro ofrece una perspectiva novedosa sobre este legado que constituye gran parte del sustento de México, y el cual, de acuerdo al autor, se concentra en 22 regiones prioritarias para la conservación y desarrollo del país.
La importancia de la coedición del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ha despertado tal interés que parte del tiraje será distribuido en la región tlapaneca, en Guerrero.
El artista plástico Francisco Toledo donará alrededor de 200 ejemplares a las bibliotecas comunales de Oaxaca.
En palabras de Boege, académico del Centro INAH Veracruz, la obra que lleva por subtítulo Hacia la conservación `in situ" de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas, es producto de un "acto amoroso" que se inserta a su vez en un período que representa "la sexta gran extinción de las especies en la historia biológica, esta vez provocada por los humanos".
"El libro trata de reposicionar a los pueblos indígenas más allá de lo marginal y de la opinión de instancias gubernamentales sobre el desarrollo social. Los pueblos indígenas tienen algo que decir con cara al futuro y deben hacerlo de manera contundente", añadió.
"El patrimonio biocultural intenta sacudir conciencias y, en primera instancia, debe ser para el conocimiento de los propios pueblos indígenas, que rompan los límites establecidos por la cartografía y no por la cultura", expresó el especialista durante la presentación editorial que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología (MNA).
En ese sentido, el doctor Víctor Manuel Toledo, del Centro de Investigaciones de los Ecosistemas de la UNAM, destacó la original metodología usada por Boege Schimdt, para aterrizar datos duros acerca de la población indígena y sus territorios, así como la riqueza medioambiental que tienen.
El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México, arroja -a su consideración- diversos aspectos reveladores, entre ellos, una delimitación bastante precisa de los territorios indígenas: 28 millones de hectáreas que representan el 14 por ciento de la superficie del país; asienta que el 24 por ciento de la captura de agua a nivel nacional se hace en superficie ocupada por grupos étnicos.
Asimismo y pese a la depredación de los ecosistemas más ricos como la selva, varios de éstos aún son habitat de los indígenas. La abundancia de las razas de maíz en toda la República Mexicana, es algo que también se sustenta en la publicación y abre el debate acerca de la introducción de los transgénicos.
Un aporte más, Eckart Boege establece en su estudio la existencia de 22 regiones bioculturales prioritarias para la conservación y el desarrollo en el país.
El listado comprende la Sierra de Juárez-Delta Río Colorado; Isla Tiburón-Río Bacoachi; Parte baja Río Yaqui-Río Mayo; Alta Tarahumara, Guadalupe y Calvo; Huicot; Sierra Coalcoman; Tancítaro; Sierra Chincua, Cabecera Río Lerma.
Continúa con Sierra de Taxco, Lagunas Cempoala, La Malinche; Sierra Mixteca-Triqui, cuenca Papagayo-Ometepec; Sierra Sur de Oaxaca; Kikapoa; Huastecas - Sierra Norte de Puebla; y Sierra Gorda-Barranca de Meztitlán.
Valle de Tehuacán; Zongolica - Sierra Norte de Oaxaca; Los Tuxtlas - Sierra Santa Marta; Selva Zoque-Sepultura - Malpaso; Chontalpa; El Triunfo - Encrucijada - Motocintla; Altos de Chiapas - Lacandona; y Península de Yucatán.
Enrique Leff Zimmerman, experto del Centro de Investigaciones Sociales de la UNAM, comentó que el patrimonio biocultural no es sólo una yuxtaposición de diversidad cultural y biológica-ecológica, "rescata el hecho de que esa riqueza se generó conjuntamente. Esa agrodiversidad no es producto de la evolución darwiniana, sino de la intervención sabia de los seres humanos."
"Hoy en día, este legado se presenta como la vía más sensata, sana y justa de pensar realmente la sustentabilidad planetaria. Este libro no hace un tratado de etnobotánica o un estudio antropológico vinculado a la diversidad biológica, está inscrito en una perspectiva de búsqueda de salida de esta crisis ambiental", agregó.
"No es nada más que los pueblos indígenas tengan un derecho a la distribución equitativa de los beneficios derivados de la estrategia del desarrollo sostenible. Se trata de que a partir de mostrar ese potencial biocultural, se abran vías para repensar este mundo cosificado, unificado por la racionalidad económica, pero que está soportado en esa diversidad", concluyó.
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2009/06/22/42751
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Perú- FORO La Amazonía y el TLC con EE.UU.(AYI) Viernes 26 de junio, 2:30 pm, Sala de Exposiciones “Max Arias Schreiber”, Facultad de Derecho y Ciencia Política - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Expositores: - JAVIER DIEZ CANSECO, Ex-Congresista de la República / Partido Socialista. “RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS Y LOS TLC”.
- RAÚL WIENER, Periodista / Comité Malpica, “IMPLICANCIAS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EE.UU.”
- RAFAEL VÁSQUEZ, Congresista de la República / Partido Nacionalista, “EL PAQUETE DE DECRETOS LEGISLATIVOS EMITIDOS EL 2008”
- Representante de AIDESEP, “LA COSMOVISIÓN AMAZÓNICA Y LAS NACIONALIDADES EN EL PERÚ”
- JUAN VÁSQUEZ, Docente UTP, “IMPLICANCIAS CONSTITUCIONALES DE LOS D. LEG. QUE AFECTAN A LA AMAZONÍA”.
- ARTURO AYALA, Juventud Comunista del Perú (JOTACÉ) / J-CPS, “LA VACANCIA PRESIDENCIAL EN LA LEGISLACIÓN PERUANA”
- GUILLERMO BERMEJO, Mov. Todas las Voces (TLV) / J-CPS, “LECCIONES DE LA LUCHA AMAZÓNICA”
- Inauguración a cargo del Dr. JOSÉ A. ÑIQUE DE LA PUENTE, Decano de la Facultad de Derecho Y C.P. – UNMSM
- Moderador: HUGO MAYTA (Juventud PUEBLO UNIDO / Coordinador Gral. J-CPS)
- Presentadora: VICTORIA DE SOTOMAYOR (Sec. Gral. Centro Federado de Derecho y C.P. – UNMSM)
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MOVILIZACIÓN ANTI-IMPERIALISTA Sábado 4 de julio, Concentración: Plaza Francia
3:00 p.m., Convoca: J-CPS.
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REVELAN NUEVO CONTACTO CON RED TERRORISTA DESARTICULADA EN BOLIVIA. (23jun09-Prensa Latina-AYI) Un informe publicado por el diario Cambio revela que Sejas intercambió varios correos electrónicos con el boliviano croata Eduardo Rózsa Flores, jefe del grupo armado, quien murió al oponerse a su detención.
En uno de los mensajes de Rózsa al ex dirigente se refiere al movimiento generado en el Plan Tres Mil y la Villa Primero de Mayo, ambas zonas populares de Santa Cruz con una cantidad importante de población identificada con el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
Al mencionar la toma de contactos con diferentes entes cruceños, Rózsa se refirió a los integrantes de la UJC, quienes, a su juicio, tenían disposición de colaborar.
"Cuentan con una buena cantidad de armas y explosivos, censo solicitado y gente para trabajos sucios a entera disposición", dice uno de los correos del jefe terrorista enviado a una tercera persona, aún no identificada.
Los unionistas detenidos por el caso, Juan Carlos Guedes Bruno, Alcides Mendoza Masaby e Ignacio Villa Vargas, declararon ante el Ministerio Público que fueron parte de esta agrupación, en calidad de asesores.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, afirmó ayer que existen suficientes indicios y documentación que involucran a Sejas con el grupo extremista de Rózsa.
Según declaraciones de testigos, el grupo paramilitar pretendía desestabilizar a la nación andina mediante un movimiento armado que le permitiera ocupar la oriental región de Santa Cruz.
Los planes también indicaban el asesinato del jefe de Estado, Evo Morales, y de todos los integrantes de su gabinete, durante una reunión en el Lago Titicaca, el 3 de abril pasado.
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Invitación a la poseción del nuevo consejo de Gobierno CONFENIAE. (Conaie-AYI) Señores dirigentes de las distintas organizaciones y medios de comunicación nacional e internacional.
El nuevo Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, electo en el Congreso ordinario de unidad, reconstitución y fortalecimiento el 30 de mayo del 2009, mediante el cual inicia una nueva era de la confederación regional, un tiempo cargado de graves amenazas de la globalización sobre los derechos de las nacionalidades por lo que demanda un liderazgo político y la unidad de la CONFENIAE.
En este marco consideramos necesario promover un proceso que permita fomentar y mantener una cohesión social entre las nacionalidades, organizaciones fraternas, líderes (as) y autoridades de elección popular.
Con este propósito y con la finalidad de dar inicio oficial a este nuevo proceso organizativo hemos preparado para el día 26 de junio del presente año, el Acto de posesión y cambio de mando del Consejo de Gobierno de la CONFENIAE, desde las 10:00, en un ambiente de interculturalidad, identidad y familiaridad.
Por tanto le hacemos una cordial invitación en la fecha y hora indicadas en Unión Base sede de la CONFENIAE con la finalidad de que su presencia realce el significado y la trascendencia de este evento regional de las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana. Para la coordinación efectiva del programa me permito poner en contacto a través de los siguientes teléfonos móviles: 093-707330 y 092-804852 del Señor Jhon Wajai y 095-327365 del Señor Adolfo Shacay, Técnicos de la CONFENIAE,respectivamente.
Seguro de contar con su valiosa presencia.
Atentamente,Tito Puanchir, PRESIDENTE CONFENIAE
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Acto de posesión y cambio de mando del Consejo de Gobierno de la CONFENIAE y del Parlamento de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
Programa especial. Unión Base a 26 de junio del 2009.
Agenda.
PLURINACIONALIDAD, INTERCULTURALIDAD, IDENTIDAD, UNIDAD Y FAMILIARIDAD.
1. Se ubicarán en forma circular con un callejón central en uno de los extremos.
2. Saludos de bienvenida y presentación del acto, por parte de la Señora Jina Tibi, Vicepresidenta saliente.
3. Inmediatamente después el Señor Tito Puanchir, Presidente y el Consejo de gobierno entrante hará su ingreso y el Señor Domingo Ankuash preguntará al Señor Rómulo Akachu, Presidente de FIPSE, quién es él “indicando a Tito Puanchir”. Rómulo Akachu, presentará a Tito Puanchir su origen y trayectoria. Acto seguido empezará el saludo protocolario en el idioma Shuar.
4. Las mujeres Shuar brindarán la mejor Chicha de la Nacionalidad Shuar.
5. Presentación de la Danza de la Nacionalidad Shuar de la Provincia de Pastaza con Tsunki Shuar de Stalin Tsamaren.
6. Intervención del Señor, Gobernador de la Provincia de Pastaza.
7. Presentación del Grupo Musical Kichwa de la Provincia del Napo.
8. Almuerzo general.
9. Intervención del Presidente de la ECUARUNARI y ofrecimiento de la Chicha de la sierra ecuatoriana.
10. Presentación del Grupo Musical Karamá del Transkutuku, Provincia de Morona Santiago.
11. Presentación del Grupo Musical de Ramón Chumbía de la Provincia de Pastaza.
12. Intervención del Señor Marcelino Chumpi, Prefecto electo de Morona Santiago.
13. Chicha Shiwiar.
14. Intervención del Grupo Musical Sandú de la Parroquia Macuma.
15. Intervención del Presidente de la CONAICE.
16. Presentación del Grupo Cultural Wayra Panga, desde Pavacachi, Parroquia Curaray.
17. Intervención del Presidente de la CONAIE.
18. Intervención del Señor Tito Puanchir, Presidente de la CONFENIAE
CONSEJO DE GOBIERNO CONFENIAE. http://www.conaie.org
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24 de Junio: Día de Lucha y de Reafirmación de la Identidad. (CAOI-AYI) Día del Campesino encuentra a las comunidades de todo el Perú movilizadas y marcando la agenda nacional. Sus organizaciones realizan Acto Político Cultural en Lima.
El 24 de junio es, tradicionalmente, un día de fiesta para las comunidades indígenas del Ande peruano. Es la llegada del solsticio de verano o equinoccio de invierno, vital para nuestras culturas porque forma parte del calendario agrícola. Se festeja el fin de las cosechas; el Sol, en su punto más alejado de la Tierra, celebra su matrimonio con la Luna y sus rayos en caen en línea recta, perfectamente perpendiculares, permitiendo a nuestros sabios predecir cómo será el tiempo para el año que se inicia: si habrá lluvia o sequía, abundancia o escasez.
Originalmente instituido como “Día del Indio”, tras la Reforma Agraria de los años setenta, el gobierno del General Juan Velasco Alvarado lo cambió a “Día del Campesino”. En el Cusco, capital del Tawantinsuyo y ombligo del mundo, se recrea cada año el Inti Raymi, Fiesta del Sol, que rememora los tiempos del Inca.
Este año, sin embargo, esa fiesta cusqueña, que atrae a miles de turistas de todo el mundo, puede suspenderse, porque las comunidades indígenas del Cusco están movilizadas. Como se han suspendido las celebraciones de San Juan en la Amazonía, en la misma fecha, en duelo por la Masacre de Bagua.
No solo en Cusco. Este 24 de Junio -equinoccio de invierno o solsticio de verano, Día del Campesino, Inti Raymi, Fiesta de San Juan- encuentra a los pueblos indígenas de todo el Perú movilizados, marcando la agenda nacional, exigiendo el pleno ejercicio de sus derechos, construyendo propuestas, consolidando su organización y su unidad. Es, más que nunca, un día de lucha y de reafirmación de nuestra identidad.
En Lima, una capital felizmente cada vez más provinciana, las organizaciones indígenas nacionales realizan, desde las 2 de la tarde, un Acto Político Cultural de Reafirmación de la Identidad, Celebración por las Nacionalidades y la Cultura Peruana por la Victoria de los Pueblos Indígenas Amazónicos. Este Acto será la expresión de agradecimiento a la amplia solidaridad nacional e internacional a la lucha de los Pueblos Amazónicos y Andinos en defensa de sus derechos amparados por los convenios internacionales, la Constitución y las leyes nacionales. Y de reconocimiento a la decisiva participación de las organizaciones populares en la Jornada Nacional de Lucha del jueves 11 de junio. Será un encuentro de la diversidad y de reafirmación de la vida y del compromiso con nuestros pueblos y con la Madre Tierra.
Con ese compromiso, los Pueblos Indígenas del Perú nos reafirmamos en la defensa de nuestros territorios, que son nuestra identidad, y en la decisión de construir un nuevo país, con Buen Vivir para todos y todas, hacia un mundo nuevo. Lima, 24 de junio de 2009. Miguel Palacín Quispe, Coordinador General CAOI
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Acusan a policía de amenaza, tortura y apremio ilegítimo para inculpar a mapuche en atentado a fiscal Elgueta. (24jun09-Elias Paillán-Observatorio ciudadano-AYI)
• “No tienen pruebas, solo nos acusan por pertenecer a una orgánica, pero este encarcelamiento lo asumimos con dignidad y resistencia”, señalan los presos. Tras una reciente visita a la cárcel El Manzano en Concepción pudimos constatar su espíritu altivo, pero también las huellas de las torturas aplicadas por funcionarios policiales. En dramático relato dan cuenta de estos abusos.
• “Estamos haciendo una defensa a ciegas por no tener acceso al expediente”, señala abogado defensor. Y el Juez de Garantía ha desestimado las denuncias de torturas, sin siquiera investigarlas. Médico constató lesiones por violencia policial tras su detención, sin que la institución entregue hasta ahora su versión oficial acerca de los hechos.
Las miradas se cruzan en una fría y gris tarde de día sábado. Filas de hombres, mujeres y niños con bolsas en mano esperan para ingresar a la fría cárcel el Manzano, en Concepción. Los gendarmes de completo verde observan cada uno de los movimientos de los visitantes.
Los controles se hacen con rigidez, “especialmente en las chiquillas”, nos comenta una visita. Repentinamente uno de los gendarmes nos señala que la visita de los comuneros mapuche fue en la mañana, de las 9 en adelante. “Nos informaron que era de 13:30 a 16:30 horas”, respondimos. Otro guardia –sorpresivamente- nos indica que no podemos ingresar pues no nos parecemos a la foto de la cédula identidad, pero accede luego cuando le exhibimos la tarjeta de presentación personal, que me identifica como miembro de equipo del Observatorio Ciudadano.
Ya adentro, uno de los gendarmes nos acompaña hasta el comedor del módulo 9 donde se encuentran los comuneros mapuche detenidos el pasado 11 de abril, en el marco de un gigantesco operativo policial en la zona de Choque, comuna de Tirúa, en la octava región. Nos saludan amablemente con un fuerte apretón de manos y un abrazo e invitan a un plato de comida porque es hora de almuerzo.
Tortura y trato indebido en el caso de Jonathan Huillical.
Uno de los presos es el joven estudiante Técnico en Alimentación del Instituto Inacap, Jonathan Huillical (24), que forma parte de la red de apoyo a las comunidades mapuche. Nos relata que el día de su detención en la ciudad de Temuco, el 14 de abril, una vez en el carro policial “los policías comienzan a golpearme en la cabeza y cara, para lograr que le dijera mi nombre, a lo cual accedí inmediatamente. Luego soy trasladado al cuartel de investigaciones en Temuco, en donde comienzan a golpearme nuevamente para comprobar mi domicilio, tras esto soy trasladado hacia mi casa en Labranza, por una caravana de seis vehículos aproximadamente”.
El trayecto Temuco-Labranza “fue bajo constantes golpes de puño en la cabeza y reiteradas amenazas de golpizas más grandes”. Ya en Labranza, mientras los policías procedían a allanar su casa, “el mismo rati se ensañó de nuevo conmigo, comenzando a golpearme una y otra vez, de golpe de puño en la zona de la cabeza, oído izquierdo y cuello”. El allanamiento duró veinte a treinta minutos, pero al volver al cuartel lo pasaron a una oficina del segundo edificio acompañado de tres oficiales, dos perros y un jeep. “Fui golpeado durante veinte minutos aproximadamente, en la cabeza, oído y testículos, todo para que me declarara culpable”, a lo él les preguntaba “de qué”, porque aún no se le informaba el motivo de su detención.
Luego quedó solo con el jefe de unidad, quien le señaló que estaba detenido por una agresión al fiscal Elgueta de Cañete, pero que él no conocía. Al terminar las amenazas psicológicas impartidas por este efectivo, quien “me decía que por “weon” iba a tener que pasar veinte años en la cárcel y que, si no decía nada, haría entrar a los otros dos para que siguieran la golpiza, pero gracias a chao gnechen ello quedó solamente en amenazas”, relata Huillical.
El joven estudiante, que no podía caminar bien y que presenta pérdida de audición en el oído izquierdo producto de los golpes, recuerda que cuando lo llevaron al Hospital Regional de Temuco para constatar lesiones, el doctor lo vio 10 segundos a un metro de distancia, entró a su oficina y le pasó una hoja a los policías que lo andaban trayendo, sin hacer un análisis exhaustivo. “Tuvo una atención deficiente, superficial y sin realizar ningún tipo de maniobra para la evaluación de la audición, ni del equilibrio y mucho menos la utilización de equipos como otoscopio, para ver si existía alguna lesión del oído izquierdo, como por ejemplo estructuras como la membrana timpánica”, señaló en un breve informe el Doctor Antonio Painecura, quien visitó a los presos el 21 de abril pasado.
De vuelta al cuartel lo dejaron esposado a una silla por unas horas. Como a las siete de la tarde, tras ser mostrado a la prensa como un verdadero delincuente, fue entregado a los policías de Concepción que habían viajado hasta Temuco exclusivamente a buscarlo. “Nunca pasó por mi cabeza lo que a contar de ese momento comenzaría a ocurrir, me comenzaron a amenazar con golpearme sin no les decía la verdad”, señala.
Una vez comenzado el viaje de Temuco a Concepción, los policías cumplieron sus amenazas y comenzaron a golpearlo en la cabeza y estómago. Le decían que traían a su pareja en un carro más atrás, “y que si no hablaba se iban a divertir con ella y le iban a hacer lo mismo que a mi. Aparte de eso me amenazaban con traer a mi madre que está en Lonquimay y con una guagüita que todavía no tenía 10 días”.
Tras dos horas aproximadamente de viaje y ya cansado por la golpiza y el ajetreo del día, Huillical se quedó dormido, pero el policía que estaba a su lado derecho tomándolo del pelo y torciéndole la cabeza le decía que todavía tenía que llegar a Concepción, “donde le iban a colocar electricidad en los cocos y además me decían que allá estaban esperándome los ratis a los que les había disparado y que me iban a sacar la chucha”. Mientras eso pasaba, el policía de la izquierda le daba golpes de puño en el estómago.
Una vez en Concepción lo pasaron a una oficina, arrodillado, esposado y con las piernas cruzadas. Pusieron su cabeza sobre un escritorio, comenzaron a golpearlo en el cráneo y rostro y darle patadas en la espalda. “Luego de un rato de golpiza uno de ellos salía y entraba a la oficina diciendo que estaba lista la sala para ponerme corriente. Al rato y ya exhausto por los golpes y amenazas, me hicieron firmar una declaración a la fuerza en la cual se me obligó a reconocer personas que jamás he visto en mi vida, y a relatar hechos en los que nunca he tenido participación”, señala Huillical.
A las 6 de la mañana aproximadamente lo tiraron a una celda para que “descansara un rato”. “No pude dormir nada, pues no podía apoyar la cabeza debido a los chichones que tenía producto de los golpes”, recuerda. No pasó ni una hora y lo sacan esta vez para trasladarlo a Cañete. En el camino le decían que tenía que decirle lo mismo al fiscal, por que ellos iban a estar ahí y si no lo hacía, ellos todavía iban a tener un rato para hacerlo hablar.
Una vez en Cañete, Huillical tuvo que hacer lo que le dijeron “por miedo a que me siguieran golpeando”. “Una vez ya en la formalización, mi abogado defensor mencionó la tortura a la que fui sometido. Al oír esto la magistrada de turno hizo caso omiso y el fiscal dijo que esto ‘estaba en mi imaginación’ ”.
El informe médico del doctor Painecura, describe respecto de Huilllical lo siguiente: Examen físico, inspección, aparentemente normal. Palpación: dolorosa a la tracción del pabellón auricular y compresión del trago de la oreja izquierda. No pude utilizar otoscopio ya que el recinto penitenciario no permite la entrada de estos equipos médicos. Maniobras de Romberg simple negativa y romberg sensibilizado levemente positiva. FR: 20 x min FC: 80 x min TA: no explorada (sin esfigmomanómetro), Impresión diagnóstica: Hipoacusia moderada postraumática, izquierda.”
“Desde el punto de vista clínico, los presos políticos Mapuche presentan daños físicos como consecuencia de brutales maltratos de agentes del estado chileno durante sus detenciones. Golpizas, tratos indignos e inhumanos, balazos, son algunas de las secuelas”, concluye.
Situación procesal y configuración de torturas.
El abogado Pablo Ortega nos confirma que las personas procesadas por causas que están ante la fiscalía militar, además de su defendido, Jonathan Huillical Méndez, son Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Luis Menares Chanilao.
Ellos están sometidos a doble procesamiento por la justicia civil y la justicia militar, por los mismos hechos de agresión a una caravana de carabineros e investigaciones, donde habría habido intercambio de disparos. Señala que la prensa ha señalado que hubo un ataque al fiscal Mario Elgueta, pero es un delito inexistente, “porque no hay dolo, nadie sabía que él iba ahí, eso debía ser absuelto”, señala.
“En esta situación hubo trece personas detenidas a las que se aplicó la ley antiterrorista y secreto de seis meses por la justicia militar, donde ya existe el secreto de sumario. Si bien hay un caso, no nos han dado acceso al mismo, nos lo han negado, por lo que estamos haciendo un defensa a ciegas”, agrega el abogado, aclarando que “hemos hecho presentación en torno a que jurídicamente no pueden haber dos presentaciones respecto a un mismo hecho, y esas situaciones están en apelación en la Corte Marcial en Santiago”.
Respecto de las acusaciones sobre cuatro personas a las que él lleva su defensa, es categórico al afirmar que “son inocentes. No hay participación en el hecho”. Sin embargo, sobre el futuro del caso dice que no hay claridad, porque no hay conocimiento respecto de la investigación. Los acusados en este caso están privados del derecho a defensa, es una situación altamente injusta y arbitraria, y es muy difícil para los abogados trabajar en estas condiciones”, denuncia Ortega. Además se trata de detenciones masivas, por lo que para la familia es muy difícil colaborar con la defensa en términos de aportar antecedentes, documentos.
“Lo que más resalta es la arbitrariedad de la situación y que esto represente exportar el modelo de la novena región a la octava región: detenciones masivas, aplicación de ley antiterrorista, persecución a granel y después una investigación que termina sin que existan pruebas. Esto no se había visto en la octava región y los presos creen que es el triunfo del sector duro del Ministerio Público”.
“Pero el tema que más les preocupa a los presos es la tortura. Ellos derechamente han denunciado tortura, esta vez por parte de la policía de investigaciones. Pero aquí lo que enfrentamos es una política de estado que se ha extendido a todos los estamentos, tanto el Ministerio Público como la policía de investigaciones, donde resalta la arbitrariedad, la extrema violencia y los procedimientos antidemocráticos, como la tortura. El juez de garantía, frente a todas estas denuncias, no ha hecho nada, y por ello se está haciendo cómplice de esta situación”, afirma Ortega.
“La aplicación de golpes en los oídos y en la zona abdominal, donde no se dejan huellas, no es solo violencia, sino una situación científica de tortura. Y son los jueces de garantía los que tienen que atender estas denuncias y ordenar la investigación, más allá que el juez sea competente o no. Sin embargo, el juez no ha hecho nada, ha desestimado estas denuncias sin siquiera investigarlas”, acusa el abogado.
Silencio de la policía.
Frente a los graves hechos mencionados recurrimos a la institución policial para obtener su versión. Por teléfono nos atendió el Subcomisario Arenas de Temuco, quien nos informó que no tienen un comunicado oficial al respecto, y que se debe hacer una investigación. Cualquier comunicación se dará conocer por medio de la Relacionadora Pública, Jacqueline Leal. Pero pese a que nos dieron su teléfono, nuestras llamadas no tuvieron respuesta para procurar una versión institucional, guardando silencio frente a estos hechos.
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Chile- Crece la polémica entre el empresariado por Código Indígena. (Juan Pablo Palacios-Radio Universidad de Chile,23jun09-AYI) El próximo 15 de septiembre entrará en vigencia el Código de Conducta Responsable. Se trata de una compleja normativa, más conocida como Código Indígena, que preocupa al mundo empresarial, incluido el sector minero porque incorpora normas de protección para las comunidades indígenas en el territorio nacional, a partir del Convenio 169 de la OIT que ratificó el Congreso hace dos años.
El gobierno, a través del comité de ministros -entre los que se incluye Interior, Minería y Energía- estudiará el próximo mes la manera en que Chile implementará el Convenio, para abordar el tema indígena.
Son dos los acápites del proyecto que más incomodan a los empresarios: la participación de las comunidades indígenas en los beneficios económicos de los proyectos y el proceso de consulta, negociación y certificación de las inversiones en tierras y territorio indígena.
En este sentido, el ministro de Minería, Santiago González, dijo que al Ejecutivo le interesa conocer el alcance de las inversiones en la minería y lo que piensa el sector privado.
“Nuestra preocupación es que no se generen expectativas más allá de lo que corresponde. Creemos que hay que buscar fórmulas de participación adecuadas tanto del sector privado como de las comunidades y que exista la información necesaria para que se puedan tomar las decisiones”, afirmó el secretario de Estado.
Las voces más críticas han salido de las mineras, las forestales y las empresas eléctricas, que son las firmas que tienen la mayor cantidad de proyectos en tierras indígenas. Respecto de esto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) Alfredo Ovalle, expresó que plantearon a la autoridad sus inquietudes y dijo que esperan que la aplicación del convenio no afecte la competitividad de la industria.
“Estamos preocupados del tema. Vamos a entregarle todos los estudios al ministro, en quien tenemos gran confianza que va a poner en la instancia correspondientes los planteamientos y las situaciones que nosotros vemos que podrían poner a la industria minera en una menor competitividad frente al resto de las empresas”, explicó Ovalle.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por Chile tiene entre sus objetivos fijar normas y reglas del juego claras sobre el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y, por ello, la autoridad está preparando un borrador para su plena ejecución.
Por esa razón, los gremios más preocupados ya están analizando punto por punto el documento. En ese sentido, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) Rafael Guilisasti, aseguró que están preparando un informe que analizará cómo este proyecto podría afectar sus inversiones.
“Hemos manifestado nuestra inquietud sobre superposiciones de propiedad y de derecho de agua. Los caminos están abiertos a muchas alternativas, pero nosotros tenemos una preferencia de que todas estas alternativas sean vía decreto o muchas de ellas que son materia de ley”, aseveró el dirigente.
Los empresarios no han sido los únicos en cuestionar el borrador del gobierno. El líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcaman, criticó la existencia misma del proyecto y las presiones que se han generado al respecto.
“Las acciones de los empresarios en este país responden a un nerviosismo exagerado porque ellos no están acostumbrados a respetar los derechos indígenas. El código no tiene ningún valor legal hasta el momento y si hay alguna duda de interpretación tendrá que recurrir a la OIT para realizar las aclaraciones pertinentes. Nosotros no vamos a entrar en las agendas de los empresarios, pero sí vamos a resguardar el cumplimiento absoluto del convenio 169”, sentenció Huilcaman.
Por su parte, desde Observatorio de Ciudadano aseguran que “lejos de superar conflictos y garantizar derechos”, el Código de Conducta Responsable o Código Indígena agudizará confrontaciones en las comunidades y que si sólo se queda en un instructivo, incumplirá el Convenio y la Constitución Política.
http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=53628
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Palabras de parte de nuestras hermanas y hermanos del Consejo Tradicional Mohawk de Kahnawake (Canada. (AYI) Ofrecemos nuestro saludo a nuestro Hermano Mayor el Sol. Estamos agradecidos de ser capaces de vivir otro día y sentir tu poder y energía, y de que tú continúes llevando a cabo tu rol en la creación de la manera en que los creadores lo han estipulado. Nosotros agradecemos que ayudes a proveer la energía necesaria para que todos los seres vivos puedan florecer sobre la faz de la Madre Tierra, la Pachamama, confiándonos un perfecto y hermoso medio ambiente en el cual podemos soñar todos nuestros hermosos sueños.
Pedimos que nos sea dada la fuerza y la sabiduría necesaria para llevar a cabo nuestro rol como seres verdaderos ante nuestra Pachamama, el cual consiste en protegerla, defenderla y nutrirla, así como ayudar a restablecer el equilibrio de la creación de manera que todas los rostros que aún están bajo tierra puedan seguir naciendo en este reino, manteniendo conectados todos los niveles de la creación.
Te hacemos saber, Hermano Mayor, que el estado actual de salud de nuestra Pachamama es crítico y que ella ha entrado en un estado de emergencia. La lucha por su vida ha comenzado.
Te invocamos, nuestro Hermano Mayor el Sol, el Gran Guerrero, Protector del Reino del Día, para que vengas a asistir a todo lo que es sagrado para nosotros y a todos los seres vivos. Sostenemos que la mente malvada ha echado raíz y está consumiendo y envolviendo a nuestra Pachamama en la más horrorosa e inimaginable oscuridad, la cual está ahogando toda la vida existente en su frágil y hermoso cuerpo. Decimos que esta oscuridad es un cáncer que ha consumido a casi todos los seres verdaderos a quienes ha sido confiada su protección y que solamente queda un pequeño número de nosotros para luchar en la batalla por la mera existencia de nuestras vidas. Nuestras raíces están siendo extirpadas . Estamos en grave peligro y tememos no ser capaces de proteger a nuestra Madre por mucho tiempo más. Te decimos a ti, nuestro Hermano Mayor, que ahora es el momento de que tú reunas todo el poder del Gran Guerrero y que dirijas cada gota disponible de energía a la Entidad Femenina y que ayudes así a traerla de vuelta a la vida, de manera que la luz del amor de nuestra Madre no se extinga en las tinieblas.
Le hacemos saber al Poderoso Guerrero que el verdadero enemigo de la Pachamama viene desde lo más profundo de la mente de los hombres y que se ha manifestado bajo la forma del DEMOCRAPITALISMO, el cuál está envenenando los corazones y las mentes de casi todos los seres vivos que habitan sobre la faz de la Pachamama y el que aterradoramente ha consumido a casi todas las mujeres incluso dentro de nuestras propias Naciones. A medida en que avanza en su asalto y destruye nuestra Madre, nuestra situación se ha hecho crítica, en el mejor de los casos.
Te pedimos a ti, el Protector del Reino del Día, que remuevas este torcido y oscuro cáncer de nuestra Madre de cualquier manera que tú creas conveniente. Pedimos que esto sea hecho a cualquier precio y nos mantendremos vigilantes contigo hasta la muerte para asistir así la recuperación de nuestra Pachamama a fin de que su hermoso rostro pueda continuar irradiando su amor por todo el universo.
Te hablamos a ti, nuestro Hermano Mayor el Sol, el Poderoso Guerrero, Protector del Reino del Día, de parte de todas las futuras generaciones cuyos rostros están aún bajo la tierra, de parte de todos los seres verdaderos, de parte de todos los amigos del Consejo Tradicional Mohawk;
Bajo el antiguo título de la Capitanía del Clan Lobo de Orenreh:kowa (El que tiene grandes y extensas ramas ante el Gran Árbol de la Paz)
Bajo la autoridad de las Mujeres gobernadas por la Gran Ley Unificadora de la Paz; Bajo la dirección de la propia Cacique Femenina original, Tiakonsa:se
El Hacedor de la Paz, Takanawi:ta
El Tenedor del Mundo del Cielo, Taronwaiakon
Nuestra Madre Tierra, Ieh:thi Nistaha tsei:ionhontsaton
Mujer Cielo de la que vino toda la vida;
El Gran Espíritu, Sonkweh:watishon
Nuestra mente reposa en la Gran Paz
www.mohawktraditionalcouncil.org
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Historia de Icaño, Orígenes de nuestra Cultura Americana.(AYI) Recientemente se comenzó a difundir en formato pdf la Historia de Icaño, libro editado por la Comisión Municipal de Icaño, departamento Avellaneda.
Refinadas civilizaciones, con un arte comparable a los de Creta o Troya, habitaron esta región hace más de 3.000 años. Se las considera desaparecidas, pero otros pueblos heredaron sus culturas. Ya los pueblos Tonocotés, de ascendencia amazónica, fueron encontrados por los españoles habitando el lugar hacia el año 1546. Los Tonocotés eran sedentarios, agricultores, hábiles pescadores y recolectores. Cultivaban el maíz, zapallo y frijoles o judías. Sembraron en terrenos cercanos a los ríos, para así utilizar el fértil limo que dejaban los desbordes de las aguas al retirarse tras su crecida anual.
Más tarde los investigadores franco-alemanes Emilio y Duncan Wagner, determinarían que no se trataba de salvajes nómades, sino parte de una cultura extendida por todo el continente, capaz de crear refinadas expresiones artísticas. De acuerdo con dataciones refrendadas por el eminente antropólogo, historiador y arqueólogo Alberto Rex González, los aborígenes argentinos tienen una antigüedad no menor a los 11.000 años.
Toda esta rica historia ha sido prácticamente borrada durante siglos de la educación oficial argentina, por considerar que únicamente valen los hechos protagonizados por los “blancos” (europeos).
Pese a ello, hemos avanzado en la investigación histórica para recuperar lo posible del pasado antiguo, pero también aceptar y consolidar las tradiciones más recientes.
El magnetismo de este pueblo atrajo a personajes singulares como el Conde del Castaño, magnate miembro de la familia porteña de los Anchorena, quien eligió esta comarca para sus últimos años de paz, o los Bercoff, que pusieron a principios del siglo XX uno de los que fuesen primeros cinematógrafos de la provincia y proveían desde su fábrica de muebles electricidad al pueblo.
Como presencia cósmica de los aborígenes, permanecen las Trincheras, que la cultura europea asimiló con el Carnaval, pero poseía originalmente, al parecer, un hondo sentido ritual.
A lo largo de sus páginas y en la sección documental, pueden apreciarse también valiosos documentos gráficos, antiguas fotografías, reproducciones de vasijas bellísimas creadas hace milenios por los aborígenes o cartas desconocidas de Ricardo Rojas.
El libro puede descargarse gratuitamente desde aquí:
http://two.xthost.info/juliocarreras/Historia-Icanio.pdf

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Publicado por abya yala internacional para ABYA YALA INTERNACIONAL el 6/24/2009 10:07:00 AM

AYI- Abya Yala Internacional- noticias de las naciones originarias de abya yala.
www.ayi-noticias.blogspot.com
si ud puede apoyar este proyecto
, contactenos.

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!