MARCHA CONTRA EXPLOTACION MINERA EN CAJAMARCA

domingo, 30 de agosto de 2009

I Encuentro Nacional de Víctimas por Metales Tóxicos de la Actividad Minera


Más de 200 personas de diversas regiones del Perú, todas ellas víctimas de intoxicación por metales pesados producidos por la actividad minera, se reunirán en Lima el 4 y 5 de setiembre próximo.
Ellos participarán del I Encuentro Nacional de Víctimas por Metales Tóxicos de la Actividad Minera, organizado por la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERU) y la Coordinadora Regional de Defensa del Medio Ambiente y la Vida del Callao (CREDEMAV).
A través de este evento se busca propiciar la articulación de las propuestas y visiones de las comunidades del país afectadas por la minería en torno a sus derechos a la vida y la salud humana.
Se espera, además, que al final de la jornada se diseñe una agenda común de las comunidades del país afectadas por la minería respecto a la defensa y ejercicio de los derechos a la vida y a la salud humana frente a las actividades mineras.
El encuentro se realizará en el auditorio de la Municipalidad Distrital de La Perla, y de él participarán representantes de las regiones Lima, Junín, Pasco, Moquegua, Huanuco y Ancash.

Mayor información

Teléfonos: 717 – 5505
717 – 5506
E-mail: comunidades@conacami.org

http://accioncritica.blogsome.com/2009/08/30/i-encuentro-nacional-de-victimas-por-metales-toxicos-de-la-actividad-minera/

sábado, 29 de agosto de 2009

Vuelve tensión entre gobierno e indígenas en Perú

Organizaciones indígenas y de derechos humanos de Perú expresaron su alarma por la orden de captura internacional dictada contra ,líderes nativos tres de ellos asilados en Nicaragua, y advirtieron que forma parte de una persecución contra el movimiento indígena peruano.

"Esta orden de captura demuestra que el gobierno no ha cesado en la persecución contra los líderes nativos", dijo Daysi Zapata, quien reemplaza en la presidencia de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) a Alberto Pizango, líder de los indígenas amazónicos, asilado en Nicaragua.
Pizango, cuya captura internacional pidió la jueza Carmen Arauco a la Interpol, dirigió desde Aidesep una protesta campesina que se saldó con enfrentamientos que dejaron 34 muertos el 5 y 6 de junio pasado en la ciudad nororiental de Bagua.
"Los nativos evaluarán pronto de qué manera responderán ante este atropello del gobierno", dijo Zapata.
El pedido de captura internacional incluye a los hermanos Saúl y Cervando Puerta quienes, junto a Pizango, recibieron asilo político del gobierno de Daniel Ortega y se hallan desde junio en Managua, todos acusados de presunto delito de sedición y motín en agravio del Estado.
Además la justicia peruana reclama a otros dos dirigentes, Marcial Mudarra y Teresita Antazú, quienes se encuentran en la clandestinidad desde hace dos meses en Perú.
La decisión judicial enviada a la Interpol reclama la "inmediata ubicación y captura a nivel internacional, con detención preventiva y posterior extradición vía diplomática" de los asilados.
Según la jueza a todos ellos "se les imputa haber hecho en mayo apología a la sedición y motín, ensalzando a la comunidad nativa a adoptar conductas violentas y radicalizar la protesta que se realizaba en Bagua".
Pizango ha señalado reiteradamente desde Managua que está dispuesto a volver a Lima y "dar la cara" ante las acusaciones si la justicia cambia la orden de detención por la de comparecencia en el proceso que se le ha abierto.
Miguel Jugo, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), dijo que no es casual que la juez Arauco haya dictado la orden de captura internacional el jueves, el mismo día que Aidesep sustentó formalmente ante la Corte Superior de Lima el pedido para que se cambie la orden de detención por la de comparecencia.
Días atrás el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, dijo que se evalúa si corresponde denunciar a la dirigente Zapata por haber manifestado que podría reiniciarse la protesta indígena con hechos similares a los registrados en Bagua en junio, que dejaron 34 muertos --24 policías y 10 nativos--.
Zapata señaló que las mesas de diálogo instaladas entre el gobierno y Aidesep no llegan a conclusiones y que constituyen una "mecedora" (engaño) para cansar a los indígenas.
"Esas mesas trabajan, pero la presencia de los ministros es nula y a partir de ahí nuestras dudas respecto al cumplimiento de los acuerdos que se puedan lograr", precisó.
Desde Managua Pizango aseguró esta semana a la emisora limeña RPP que los indígenas no quieren violencia sino soluciones. "Pero lo que pretende el gobierno es que los nativos pateen el tablero para luego echarles la culpa del fracaso del diálogo y tacharlos de intolerantes", subrayó.
Esta Nota adjunta, fue transcrita por el Ing. Luis Enriquez, para el comentario vertido.
Agence France-Presse - 28.8.2009 17:32


Las mesas de dialogo siempre fueron para taricionar al pueblo en el PERU
ESTIMADOS AMIGOS DE TACNA, NATIVOS DE LA SELVA DEL PERU, DE TODO EL EPRU, Y TODO EL MUNDO:

Al fin se da cuenta la Prsidente de AIDESEP que las Mesas de Dialogo son un engaño, el tiempo me dio la razon, y el papelon que hizo esta dirigente en Ginebra FUE VERGONZOSA, AL RECLAMAR ANTE TODOS LOS REESPRESENTANTES DEL MUNDO EN NACIONES UNIDAS "QUE POR FAVOR INTERCEDAN PARA QUE ALAN GARCIA PERZ PRESIDENTE DEL PERU LO RECIBA EN PALACIO DE GOBIERNO, QUE VERGUENZA, QUE SUMISION, CUAND0 TENIENDO LA REPRESENTATIVIDAD DE LOS ASESINADOS DE LOS NATVOS Y DE TODO EL PERU, PUDO EXIGIR LA CONDENA TOTAL CONTRA EL GOBIERNO GENOCIDA DE ALAN GARCIA, PERO NO LO HIZO, AL IGUAL QUE JOSE LUIS LOPEZ DE LA ONG LABOR DE ILO, FUERON VERGONZOSAS LA PARTICIPACION DE ESTOS DOS CIUDADADANOS, QUE FUERON A NEGOCIAR LOS DERECHOS VULNERADOS DE LOS PERUANOS? NOOOOOOOOOOOOO, ASI NO SE LUCHA. HAY QUE SER CONFRONTACIONAL, EXIGIENDO LA DEFENSA Y RESPETO Y CPONDENA CUANDO ES PRECISO.
LOS DERECHOS NO SE NEGOCIAN EN MESAS DE DIALOGO, SE EXIGE SU CUMPLIMIENTO,
POR ESO ES QUE AURELIO PASTOR EL MINISTRO DE JUSTICIA DEL PERU QUE EN GINEBRA HABLO EN CONTRA DE LOS NATIVOS, HOY SE VANAGLORIA DE QUE LOS VERDADEROS CULPABLES SON LOS NATIVOS DE BAGUA, PORQUE? PORQUE DEYSY ZAPATA FUE MUY ZALAMERA DE ALAN GARCIA, MUY SUAVECITA, NOOOOOOOOO, AL TIRANO, AL GENOCIDA NO SE LE DEBE ZALAMEAR, SE LE DEBE CONDENAR EN TODO MOMENTO, Y LOS RESULTADOS VEMOS, CUAL ES LA PERSECUCION CONTRA LOS LIDERES NATIVOS.
PACIERA QUE ES MUY TARDE LA REACCION DE DEYSI ZAPATA, O ACTUA AL HABER SIDO DESCUBIERTA DE SU NEGOCIACION CON ALAN GARCIA, Y QUE PARECIERA QUE SUENA A TREAICION, Y NO QUISIERA QUE SE CONVIERTA EN UNA FELIPILLA DE LOS TIRANOS, DE LOS GENOCIDAS.
SIGAMOS AL CENTIMETRO A LOS DIRIGENTES SOCIALES , PUES EN EL CAMINO NEGOCIAN LOS DERECHOS DE LOS DEMAS A QUIENES REPRESENTAN, TAL COMO OCURRE AQUI EN TACNA, CON LOS NEGOCIADORES: CON LOS DIRIGENTES SOCIALES DEL SUTEP, DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU (CGTPP) -TACNA, DE CHOFERES, CASI TODOS. Y LOS RESULTADOS, SON MAS CORUPCION DE LA S AUTORIDADES QUE NOS GOBIERNAN, Y LA PRENSA TOTALMENTE MERCANTILIZADA Y PARAMETRADA AL SERVICIO DE LA CORRUPCION, Y LOS PERIODISTAS QUE NO SE SOMETEN A LA CORRUPCION SON EXPECTORADOS Y YA NO HAY ESPACIO PARA OPINAR EN CONTRA DE LA CORRUPCION. AQUI EN TACNA, RADIO UNO Y EL DIARIO CORREO , EESTAN AL SERVICIO DE LA CORRUPCION Y SOLO ENDIOSAN A UNA AUTORIDAD COMO ES AL ALCALDE PROVINCIAL DE TACNA LUIS TORRES ROBLEDO. ES INDIGNANTE EL ABUSO DEL PODER QUE HACEN TANTO LAS AUTORIDADES COMO LOS DIIRIGENTES SOCIALES MENCIONADOS. Y CUANDO UNO LUCHA TIENE QUE ESFORZARSE MAS , PÙES ESTOS FALSOS E HIOPOCRITAS DIRIGENTES ANULAN LAS VERDADERAS LUCHAS DEL PUEBLO.

CONSECUENTEMENTE,

INGº LUIS DAVID ENRIQUEZ BENITO
DESDE TACNA-PERU

NOTA.- POR FAVOR LEAN LA SIGUIENTE NOTICIA QUE LES TRANSCRIBO Y VEAN EL ARREPENRTIMIENTO DE DEYSI ZAPATA O FALSO ARREPENTIMIENTO Y USTEDES SAQUEN SU CUENTA.

miércoles, 26 de agosto de 2009

EL ESTADO ABANDONA SUS OBLIGACIONES Y DA PROTAGONISMO A LA BARRICK PARA GANAR LICENCIA SOCIAL

Alianza entre Barrick y el sector educación posibilitará Feria de Orientación Vocacional y Profesional en Huaraz

Desde la primera versión, más de 20 mil estudiantes de 35 organizaciones
educativas se han favorecido de esta actividad. Este año beneficiará a cerca de
2,500 alumnos.

• Ya se han completado las capacitaciones de directores y tutores del quinto año
de secundaria, para proporcionarles las herramientas pedagógicas y técnicas
que les permitan asesorar a los jóvenes y aplicar las pruebas vocacionales.


LIMA/PERÚ.- Barrick, en convenio con el sector educación de la provincia de Huaraz, en la región
Ancash, realizará la VIII Feria de Orientación Vocacional y Profesional, evento que beneficia a la
población estudiantil del quinto grado del nivel secundario. Los alumnos recibirán información sobre las
oportunidades profesionales y carreras técnicas de las principales universidades e instituciones
educativas, religiosas y militares del Perú.

La meta del certamen es atender a unos 2,500 alumnos y se realizará el sábado 26 de
septiembre, entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde, en las instalaciones de la institución
educativa Santa Rosa de Viterbo, en la ciudad de Huaraz. En el distrito huaracino de Jangas, Barrick
opera la mina Pierina. Desde la primera versión, más de 20 mil estudiantes de 35 organizaciones
educativas se han favorecido de esta actividad, que forma parte del conjunto de programas que Barrick
lleva adelante para favorecer una mejor calidad de vida y el desarrollo social de las poblaciones vecinas
a sus operaciones mineras. La del 2009 será la octava versión.

“Es un mega evento educativo”

“Es un mega evento educativo que ayuda a los jóvenes en el plano de la orientación vocacional y
hace posible que los estudiantes y padres de familia recaben información de las principales instituciones
educativas del país en un solo día”, dijo Antonio Collins, director adjunto del colegio Robert M. Smith
(propiedad de Barrick) y encargado de la organización.

Barrick, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL-Huaraz) y las instituciones educativas
Robert M. Smith y Santa Rosa de Viterbo están trabajando en alianza para sacar adelante este evento.
Como parte de ese esfuerzo, han realizado capacitaciones a directores y tutores del quinto año de
secundaria, para proporcionarles las herramientas pedagógicas y técnicas que les permitan asesorar a
los estudiantes y aplicar las pruebas vocacionales. Esas actividades estuvieron a cargo del psicólogo
Abel Cuzcano, quien cuenta con amplia experiencia en el tema.


martes, 25 de agosto de 2009

Fiscalía archiva denuncia por terrorismo contra comunidades peruanas

Por Adital - Friday, Aug. 21, 2009 at 1:56 AM
agencia@adital.com.br

Adital - La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura archivó definitivamente, el 11 de agosto, la denuncia por terrorismo contra 35 personas por la "Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas", entidad financiada por la empresa Majaz. La decisión fue celebrada por movimientos y comunidades peruanas de la región de Piura, quienes, hace año y medio, luchaban por el archivamiento definitivo de la denuncia.

Según comunicado de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), divulgado hoy (20), la Resolución de la Fiscalía "pone fin a uno de los cientos de casos de penalización de la protesta social existentes en el Perú contra dirigentes comunales que defienden sus derechos". La denuncia ya había sido archivada en dos otras veces: en octubre del 2008 y en marzo del 2009, pero solamente ahora la Fiscalía resolvió archivar definitivamente el caso.

La denuncia, más conocida como "Caso Majaz", ocurrió cuando comunidades realizaron manifestaciones contra la ilegal imposición del Proyecto Minero Río Blanco en sus territorios. "En septiembre del 2007, las municipalidades de los distritos afectados en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, desarrollaron una consulta en sus jurisdicciones sobre la presencia del proyecto minero, ubicado en cabeceras de cuenca y bosques de neblina", afirma el comunicado.

En la ocasión, más del 95% de las personas rechazaron la incursión minera. Sin embargo, el gobierno no reconoció la consulta y Majaz, a través de su Asociación, "presentó la denuncia por terrorismo contra 35 personas, entre ellas alcaldes, regidores, comuneros y autoridades comunales, activistas ambientales y defensores de derechos humanos".

Entre ellos también estaba Miguel Palacín, Coordinador General de la CAOI. Para el coordinador, la resolución de la Fiscalía demuestra "que en el Perú se persigue y criminaliza a los dirigentes indígenas y activistas ambientales sin razón algunas, con el único objetivo de proteger a las empresas multinacionales y sus aliados".

Ahora, según él, el próximo paso es exigir que avancen las investigaciones por las torturas sufridas por miembros de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba por parte de policiales en las instalaciones de Majaz. "Este caso debe ser llevado a instancias internacionales porque el Estado peruano está directamente implicado en estos delitos de lesa humanidad", afirma Palacín en el comunicado.

Incautan armas y municiones de Guerra en Minera Yanacocha

Minera de Newmont Corporation
Cajamarca 06.08.2006. La policía nacional del Perú y el Fiscal de Baños del Inca Alfredo Rebaza como parte de las investigaciones por el homicidio del campesino comunero Isidro Llanos Echevarría, ingresaron hoy almacén de FORZA en Minera Yanacocha e incautaron armas y municiones. El armamento incautado esta formado por:
56 Fusiles de largo Alcance, cuya autorización de uso esta por confirmar
1705 municiones calibre 7.62mm, autorizadas sólo para uso militar en fusiles FAL, G-3 y AKM.
6 pistolas 9mm de cañón largo, autorizadas sólo para uso militar.
6 revólveres.
Testimonio Fotográfico


Observatorio de Conflictos Minero Ambientales
GRUFIDES – Cajamarca info@grufides.org

Fuente: Agencia Pulsar, 07-Agosto-2006

Newmont Corporation
Un manifestante muerto por represión en Perú

El campesino Isidro Llanos Echevarria murió el pasado miércoles luego de ser reprimido, junto a otros doscientos manifestantes, por la Policía Nacional peruana y efectivos de una compañía de seguridad.

Antes del episodio, los campesinos reclamaban que la construcción del dique El Azufre, en el departamento de Cajamarca, los "deja sin agua y sin agricultura".

Días después de la represión, la Policía allanó un campamento de la empresa minera Yanacocha, encargada de la construcción del dique. Allí decomisó 56 fusiles de largo alcance, 1.705 municiones calibre 7.62mm, autorizadas sólo para uso militar en fusiles FAL, G-3 y AKM.

Por su parte, el padre Marco Arana, coordinador del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, demandó el esclarecimiento inmediato del arsenal encontrado en propiedades de la minera Yanacocha.

"Inicialmente se había dicho que la empresa Forza, encargada de brindarle seguridad a la minera, solo tenía escopetas de caza y balines, pero en una intervención policial se encontró numerosos fusiles y pistolas", explicó Arana.

La empresa minera Yanacocha produce oro por cien dólares la onza aproximadamente, mientras que en el mercado internacional la onza alcanza los seiscientos cuarenta dólares.(PÚLSAR)

sábado, 22 de agosto de 2009

LA TRAICION DE LAS MINERAS Y DE LOS DIRIGENTES SOCIALES EN TACNA

Estimados amigos de Tacna, el Peru y todo el mundo:

Hay politicos en mi querido pueblo de Tacna que ya estan en campaña para pretender ser Autoridades Muncipales, Regionales, Congresistas, etc; y estos politicos, algunos que hasta han "pactado" con sectores populares, hasta se presentan como grandes estudiosos y diplomados en Medio Ambiente, otros que se jactan de haber sido ex Regidores Muncipales y que en su tiempo dizque que "denunciaron a la Empresa Minera Estadounidense Southern Peru" para que depositen sus relaves en depositos de concreto y que ganaron el juicio en la Corte Suprema", y todavia este ultimo habla muy seguido en la "Radio de la Corrupcion", estos dos personajes dicen que la MINERIA ES BUENA, HABLAN DE UNA MINERIA RESPONSABLE SOSTENIDA; pero no dicen nada de los daños que han ocasionado esta Empresa Minera al pueblo de Tacna;

NO DICEN NADA DE LAS MAS DE 8 LICENCIAS DE USO DE AGUA QUE LOGRO DE LOS GOBIERNOS DE TURNO , DE AGUAS LAS AGUAS MAS DULCES Y PURAS DEL ACUIFERO DE CAPILLUNE (Provincia de Candarave), LA RESERVA MAS GRANDE Y PURA DEL MUNDO. DE ESTO NO DICEN NADA, NO HACEN DISTINCION, NO HACEN LA APLICACION DE LO QUE LA LEY AMBIENTAL Y DE SALUD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL establecen, QUE PROTEGE A LOS PUEBLOS, NO DICEN NADA; PERO SI SALEN A CADA RATO , CASI TODOS LOS DIAS A HABLAR POR TODAS LAS RADIO EMISORAS PARA CON SU BERBORREA CONVENCER COMO SIEMPRE A LOS INCAUTOS POBLADORES EN ESPECIAL A LOS QUE PROVIENEN DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TACNA Y DEL PERU, OFRECIENDOLES EL ORO Y EL MORO.

ME PREGUNTO , ESTOS SEÑORES QUE SE DICEN DEFENDER LA CAUSA Y LOS DERECHOS DEL PUEBLO, PORQUE NO FUERON Y SON CONSECUENTES CON LAS LUCHAS Y ESPERANZAS DE UN PUEBLO TACNEÑO Y PERUANO TOTALEMENTE ABANDONADO Y OPRIMIDO, O ESTAN SIGUIENDO LOS PASOS DEL ACTUAL PRESIDENTE REGIONAL DE TACNA, QUE HASTA LLORABA, CUANDO PERDIA LAS ELECCIONES Y LLORABA DICIENDO SIEMPRE QUE QUERIA LLEGAR A SER AUTORIDAD PARA LUCHAR POR EL PUEBLO, Y LUEGO DE "LUCHAR" PARA LLEGAR POR MAS DE 30 AÑOS, AHORA QUE TIENE EL PODER , ES UN DESPOTA, ES UN ORGULLOSO, ES UN ENCUBRIDPOR DE LA CORRUPCION, EN LA REGION DE TACNA, ES UN PERSEGUIDOR DE LOS DIRIGENTES SINDICALES, COMO ES EL CASO DEL ODIO Y REPULSA QUE TIENE CONTRA LOS DIRIGENTES SINDICALES DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA, A QUIENES HA ORDENADO VIA SUS PROCURADORAS, VIA SU ADMINISTRADOR PARA QUE LES HAGAN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CIVILES Y PENALES , CON UNA HOSTILIZACION INMENSA CON LA FINALIDAD DE DESHACERSE DE TALES DIRIGENTES SOCIALES QUE SI COMBATIMOS A LA CORRUPCION. DE LO QUE DECLARO TENGO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES QUE OPORTUNAMENTE SERAN DADAS A CONOCER PUBLICAMENTE, PREVIAMENTE COMO ES LOGICO HABIENDO AGOTADO LA VIA ADMINISTRATIVA, ETC....

QUE LES PARECE MIS QUERIDOS AMIGOS DE TACNA, Y TAMBIEN AL RESTO DEL PERU Y DE TODO EL MUNDO. ¿VERDAD QUE EL PODER CORROMPE Y CORROE CONCIENCIAS Y LES HACE SOMETER AL PODER DEL DINERO DE LAS MINERAS DE SPCC , DE MINSUR ETC...?....QUE PENA NO? Y CUANDO ES CONSECUENTE, SE TE ACERCAN ESTOS LUCHADORES SOCIALES , UNO QUE ES AHORA GERENTE DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, CUANDO UN DIA ME DIJO "ENRIQUEZ YA NO HABLES TANTO (EN PRENSA) , YA NO DENUNCIES, TE VAN A DESPEDIR DE TU TRABAJO, CUIDA TUS FREJOLES"..... Y TODAVIA ESTE CIUDADANO ES TENDENCIA SOCIALISTA, IZQUIERDISTA AL IGUAL QUE SU PRESIDENTE REGIONAL, Y MIREN , SON LOS QUE GOBIERNAN MI QUERIDA TIERRA DEL CAPLINA, TACNA. PUES NO VEO NADA DE GESTION AMBIENTAL A FAVOR DE TACNA, MAS LO VEO A FAVOR DE LAS MINERAS, PRUEBAS DE LO QUE ESCRIBO TAMBIEN LOS POSEO Y NO SOLO YO, tambien lo tienen otras personas, que declararan publicamente, en caso de que atenten contra mi vida, como ya lo hiceron a fines del mes de junio del 2007, cuando develé EL ACTA DE LA TRAICION QUE CELEBRO EL GOBIERNO REGIONAL EL 8 DE JUNIO 2007 A FAVOR DE LA EMPRESA MINERA MINSUR PARA QUE EXPLOTE MINAS DE ORO DE SU PROYECTO PUCAMARCA EN LA CABECERA DE CUENCA DEL UCHUSUMA Y UTILIZANDO LAS AGUAS DEL RIO UCHUSUMA QUE UN PRESIDENTE DE LA JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DE TACNA LE OTORGÓ, ASI COMO ALGUNOS FAMILIARES DE LUCHADORES DE UN DENOMINADO FRENTE DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE LE CEDIERON TERRENOS EN PALCA A FAVOR DE LA MINERA MINSUR, Y QUE LO SUSCRIBIERON CASI TODA LA DIRIGENCIA SOCIAL MAS REPRESENTATIVA DE TACNA. POR HABLAR ESTOS DETALLES FUI A FINES DE MES DE JUNIO 2007 AMENAZADO DE MUERTE. GRACIAS DIOS, SIGO AUN CON VIDA.

ESCRIBO ESTOS DETALLES DE MANERA ESPONTANEA AL ENTERARME DE COMO TRIBUS DFEL ASIA DEM,ANDAN A UNA EMPRESA MINERA NORTEAMERICANA POR HABER DAÑADO SUS TIERRAS , SUS VIDAS, SU MEDIO AMBIUENTE, Y LOS POPLITICOS PROFESIONALES QUE TENEMOS EN TACNA QUE TANTA PERORATA PROPALAN POR LOS MEDIOS DE PRENSA, HASTA LA FECHA NO SE OBSERVA NINGUNA DEMNANDA ADMINSITRATIVA NI JUDICIAL EN CONTRA DE LOS QUE COBNTAMINAN EL AMBIENT EN EL PERU COMO SON LAS MINERAS, NO HAY NADA Y SAQUEN SUS CONCLUSIONES MIS ESTIMADOS AMIGOS DE TACNA, Y QUE EL RESTO DEL PERU DE TODO EL MUNDO CONOZCA DE LO QUE OCURRE EN MI QUERIDA TIERRA LA HEROICA TACNA, QUE DE HEROICA YA NO QUEDA CASI NADA, SOLO SE HA LLENADO DE OPORTUNISTAS, PRA LLEGAR AL PODER Y GOZAR DE LOS MILLONES DE SIOLES QUE EL GOIBIERNO HA DADO PARA QUYE LOS DISTRAIGAN EN MAÑLGASTAR, CAYERON EN EL JUEGO DE LAS MINERAS, PAR ESO QUIEREN LLEGAR AL PODER POR LOS MILLONES DEL MALDITO "CANON MINERO".

CONSECUENTEMENTE,

INGº LUIS DAVID ENRIQUEZ BENITO
EX DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
TACNEÑO DESCENDIENTE DE HEORICOS TACNEÑOS.

TRIBU DE INDONESIA DEMANDA A MINERA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

viernes, 7 de agosto, 06.17


Yakarta, 7 ago (EFE).- Una tribu de la región indonesia de Papúa ha demandado a la minera estadounidense Freeport y le ha exigido una indemnización de 30.000 millones de dólares por explotar sus tierras ancestrales, informa hoy el rotativo "Jakarta Globe". Seguir leyendo el arículo
Foto y Vídeo relacionado
Tribu indonesia pide indemnización 30.000 millones de dólares a minera EEUU Ampliar fotografía

Alrededor de 90 miembros de la etnia Amungme acusaron al gigante minero de infligir "daños sostenidos" a su comunidad durante cuatro décadas al saquear los recursos de sus terrenos, donde se asienta la mayor mina de oro del mundo.
"Entre 1969 y 2009, nuestra tierra ha sido explotada y nosotros no hemos recibido una proporción justa de la riqueza que genera", aseguró Titus Natkime, abogado de la acusación, ante un juzgado de distrito de Yakarta.
La acusación exigió 20.000 millones en concepto de daños medioambientales y otros 10.000 por las violaciones de derechos humanos cometidas por la compañía.
Los demandantes aseguraron poseer los 2,6 millones de hectáreas de tierra sobre los que se asienta la mina y criticaron que el contrato firmado en 1967 entre Freeport y el Gobierno indonesio no contó con su aprobación.
Además, denunciaron que nunca han recibido el millón de dólares anuales de compensación prometido en un principio.
La tribu aprovechó asimismo para acusar a la empresa estadounidense de desplazar a la población local y de recibir el apoyo del Ejército para asuntos privados.
La explotación minera de Freeport en Papúa ha estado salpicada por la polémica recientemente tras registrarse una serie de tiroteos en sus alrededores que dejaron cinco muertos, un asunto que aún no ha sido esclarecido por la Policía.

viernes, 21 de agosto de 2009

Especialidad de Barrick: los números...

¡Cómo no va a apoyar las matemáticas! ¡Si se la pasan haciendo cuentas!
Cuantas montañas van a dinamitar, cuantos ríos van a contaminar, cuantos glaciares van a "trasladar" y cuantos van a derretir, cuantos minerales van a saquear, cuantas "cometas" deberán poner a los funcionarios y gobernantes, cuantos "foros mineros" deberán hacer para lograr "licencia social", etc.

Minera Barrick apoya exitoso programa para la enseñanza de las matemáticas

Lima - Perú, (ORBITA).- “Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis”, esa es la letra de una antigua canción infantil que nos llevaba alegremente al mundo de las matemáticas. Sin embargo, cuando en el colegio empiezan las primeras clases, con demasiada frecuencia esa alegría se convierte para muchos niños en susto y, finalmente, rechazo hacia esa ciencia.

Las matemáticas desarrollan la capacidad de abstracción del ser humano y contribuyen con su formación personal. Entregan herramientas importantes para comprender la sociedad y participar efectivamente en ella como verdaderos ciudadanos. A pesar de su importancia, en las últimas décadas Perú ha ocupado los últimos lugares en las evaluaciones internacionales de rendimiento escolar en matemáticas. Hoy, ocupa el nivel más bajo de América Latina.

En este contexto, en el año 2003 el instituto Apoyo1 creó el programa “Matemáticas para Todos”, una propuesta de innovación pedagógica que tiene como propósito principal acercar a los escolares al aprendizaje de esta materia, a través de una metodología didáctica y lúdica.

Barrick se sumó al programa en el año 2004, para llevar sus beneficios a las zonas de influencia social de sus dos minas en Perú: Pierina, en la región Ancash, y Lagunas Norte, en la región La Libertad. De esta forma, la empresa, a través del denominado Aporte Voluntario2, contribuye en forma destacada a la mejora de la calidad de la educación que miles de niños peruanos reciben a diario.

Al unirse a esta iniciativa, Barrick quiere ayudar a mejorar la calidad de la educación de las zonas de influencia social de sus minas en Perú y contribuir con un desarrollo integral de los niños y jóvenes. Las cifras hablan por sí solas: sólo en lo que va de año, Barrick y el Instituto Apoyo han llevado este programa a 281 escuelas de La Libertad y Ancash.

Resta de indiferencia, suma de esfuerzos, multiplicación de resultados. Han pasado más de seis años desde que se inició el programa ‘Matemáticas para Todos’.

Visto en el conjunto del país, lo que nació con 97 colegios en el 2003 hoy beneficia a 632 colegios en 20 regiones. Esto ha sido posible gracias a la participación de varias empresas, de las que Barrick es una de las principales.

El programa es el resultado del esfuerzo y colaboración de las empresas y de los docentes.

Estos últimos participan con entusiasmo en capacitaciones y talleres que, a la larga, posibilitan que sus alumnos reciban una mejor enseñanza de las matemáticas. Hasta ahora, el apoyo de Barrick ha permitido que cerca de 800 docentes de Huaraz (Ancash), Santiago de Chuco (La Libertad), Otuzco (La libertad) y Sánchez Carrión (La Libertad) conozcan y apliquen esta metodología en sus centros de estudio, lo que ya ha beneficiado a 27,728 alumnos.

“Los profesores acuden masivamente a los talleres y participan activamente. En esta zona (Otuzco) se han realizado talleres de manera descentralizada para primaria y secundaria. En todos ellos, los profesores han salido bastante satisfechos, ya que son cosas nuevas que están recibiendo”, dice Henry Castillo, coordinador del programa en Otuzco.

Barrick, a través del Aporte Voluntario, es uno de los patrocinadores más importantesdel programa. “En Barrick queremos ayudar a elevar la calidad de la educación en las zonas de influencia social de nuestras operaciones. Mediante esta metodología, queremos contribuir a elevar los aprendizajes de los alumnos”,
enfatiza Fernando González, coordinador de asuntos educativos de Barrick en Perú.

La presencia comprometida de Barrick en sus zonas de influencia ha permitido llevar esta metodología alemana, adaptada a la realidad peruana, a estudiantes de zonas excluidas y apartadas de Huaraz y La Libertad. El programa ha contribuido a superar factores como la lejanía, la falta de infraestructura y las carencias de materiales didácticos. “Hemos tenido que ingeniárnosla un poco para que esta metodología tenga éxito; las circunstancias en nuestras zonas de influencia no hacen fácil la tarea. Por ejemplo, hemos establecido un monitoreo específico en todas nuestras áreas de influencia, con 10 monitores que van constantemente de una escuela a otra para evaluar el desarrollo del programa”, agrega González.

Trabajo de largo aliento
Como en todo proceso social, los cambios no se logran en el corto plazo. Matemáticas para Todos no es la excepción, aunque los encargados de su implementación realizan cada fin de año una evaluación para medir los logros. La meta es obtener un incremento sostenido de los rendimientos en un 10% cada año: “En el caso de (las escuelas de las áreas de influencia de) Barrick evaluamos desde el 2007. Como son zonas rurales y alejadas, la muestra se vuelve un poco más complicada”, dice Remo Denegri, coordinador de proyectos del Instituto Apoyo.

Según la evaluación censal del Ministerio de Educación tomada a fines del 2007, en la provincia de Otuzco hubo 8% más de alumnos que obtuvieron resultados favorables en matemáticas, en comparación con los colegios que no participan en el programa (44% versus 36%). A su vez, en Huaraz, un 6% más de alumnos tuvo resultados favorables en comparación con los colegios de esa misma provincia que no forman parte del programa (43% versus 37%).

Más allá de las cifras, la respuesta positiva de los niños es uno de los aspectos más satisfactorios: “Me pude dar cuenta de que los niños, a través del juego, se sentían felices de aprender. Ellos me piden repetir las clases, veo que el niño esta perdiendo ese temor que por décadas hemos tenido a las matemáticas. Con este programa se están soltando y están más participativos”, comenta, entusiasmado, Usberto Aguilar, docente del colegio San Martín de Porres, en Cachicadán, La Libertad. “Creo que Barrick está poniendo el hombro por la educación de nuestro país y hay que reconocer la labor social que están haciendo a nivel de nuestra región”, agregó el profesor.

Ninoska Cruz es una entusiasta alumna de 2° año de secundaria del colegio Fe y Alegría n°19 de Huaraz, y su experiencia con Matemáticas para Todos se remonta a los primeros años escolares: “En las clases de matemáticas, los profesores nos enseñan a resolver problemas, quizás algunos de ellos se nos hacen difíciles, pero luego vamos aprendiendo poco a poco con muchas (actividades) didácticas y con trabajos en la casa. Yo estoy con este programa desde primer grado de primaria y para mí ha sido muy fácil aprender, por eso me gustan mucho las matemáticas y voy a estudiar ingeniería civil”.

http://www.agenciaorbita.org/index.php?option=com_content&task=view&id=9927&Itemid=40

jueves, 20 de agosto de 2009

Cajamarca: continua paro indefinido contra la minera Gold Fields

Hoy se cumple el segundo día de paralización que acata la población del distrito de Hualgayoc en protesta por las operaciones de la minera Gold Fields La Cima S.A. en el sector de Cerro Corona.
Ayer una multitud se concentró en la plaza de armas de la localidad para luego marchar hasta la garita de control del campamento minero, donde impidieron el ingreso y salida de vehículos de la compañía por varias horas.

Los pobladores denuncian que se encuentran sin abastecimiento de agua ni de fluido eléctrico debido a las actividades de la empresa, que explota cobre desde hace varios años en esta jurisdicción.

Fiadelfio Zafra, presidente de rondas campesinas del caserío Cuadratura, denunció que las constantes detonaciones que efectúa la minera han afectado severamente a muchos hogares en Hualgayoc.

El dirigente señaló también que la empresa prefiere traer obreros de otras partes del país en vez de contratar mano de obra local. "Nunca han dejado absolutamente nada. No podemos seguir en estos problemas", subrayó.

Fuente CNR

http://www.24horaslibre.com/nacionales/1250782440.php

Perú: archivan denuncia por terrorismo contra dirigentes comunales

CAOI
Demanda fue presentada por asociación fantasma financiada por empresa minera. Ahora debe exigirse agilización del proceso por torturas contra líderes de las comunidades.
Las comunidades de la región peruana de Piura y las organizaciones que las apoyaron lograron un triunfo: la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura archivó definitivamente la denuncia por terrorismo y otros delitos presentada hace año y medio contra 35 personas por la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas”, una entidad fantasma financiada por la empresa Majaz, hoy Río Blanco Copper.

La Resolución de la Fiscalía presidida por la fiscal Nimia Borrero, de fecha 11 de agosto, pone fin a uno de los cientos de casos de penalización de la protesta social existentes en el Perú contra dirigentes comunales que defienden sus derechos.

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI y uno de los denunciados, señaló al respecto que “está demostrado que en el Perú se persigue y criminaliza a los dirigentes indígenas y activistas ambientales sin razón alguna, con el único objetivo de proteger a las empresas multinacionales y sus aliados”.

Precisó que este juicio en Piura carecía de fundamento legal y pruebas para admitir la denuncia. Por ello, Miguel Palacín y otros dirigentes no acudieron a ninguna citación, puesto que el juicio solo respondía a presiones políticas e intereses de la empresa minera.

Añadió que hoy la tarea urgente es exigir que avance el proceso de investigación por las torturas sufridas por dirigentes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba por parte de la policía en las instalaciones de la compañía minera. “Este caso debe ser llevado a instancias internacionales porque el Estado peruano está directamente implicado en estos delitos de lesa humanidad”, subrayó.

Antecedentes

En este caso, conocido como “Caso Majaz”, las comunidades llevaron adelante grandes movilizaciones contra la ilegal imposición del Proyecto Minero Río Blanco en sus territorios, convocando la más amplia solidaridad nacional e internacional.

En septiembre del 2007, las municipalidades de los distritos afectados en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, desarrollaron una consulta en sus jurisdicciones sobre la presencia del proyecto minero, ubicado en cabeceras de cuenca y bosques de neblina altamente sensibles a los impactos ambientales. La Consulta dio como resultado un abrumador NO a esa incursión minera (más del 95%).

El gobierno central no reconoció carácter vinculante a la consulta y la empresa minera Majaz, a través de la citada asociación fantasma, cuyo financiamiento reconoció, presentó la denuncia por terrorismo contra 35 personas, entre ellas alcaldes, regidores, comuneros y autoridades comunales, activistas ambientales y defensores de derechos humanos. Entre los denunciados estaba Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, quien ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos materia de la demanda.

La denuncia había sido archivada en dos oportunidades: en octubre del año pasado y el 3 de marzo último, y la parte demandante no apeló. En consecuencia, la Primera Fiscalía Provincial resolvió el 11 de agosto dar por consentida la resolución de archivamiento definitivo de la denuncia.


Lima, 20 de agosto de 2009

Coordinación General CAOI

Hacia la Minga Global por la Madre Tierra: 12 al 16 de octubre

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

miércoles, 19 de agosto de 2009

Indígenas amazónicos peruanos dan ultimátum al gobierno: piden diálogo


Los indígenas amazónicos peruanos advirtieron hoy que volverán a protestar y tomarán pozos petroleros, si el gobierno no instala en cinco días un diálogo con la Asociación Interétnica de la Selva. Galería de fotos con imágenes impactantes.




El dirigente y vocero de Aidesep, Salomón Awanach, dijo en una entrevista con el diario La Primera que los dirigentes de las bases de las ocho regiones que forman la central indígena acordaron ese plazo, para que el gobierno instale cuatro mesas de diálogo.

Los grupos fueron acordados en junio pasado, al cabo de una vasta protesta nativa iniciada el 9 de abril y que, tras incidentes en los que murieron 34 policías y civiles, logró la anulación de los dos principales de una serie de decretos referidos a la selva y ligados al tratado de libre comercio con Estados Unidos.

El gobierno se comprometió además a tratar la situación de otros decretos cuestionados y otras demandas de los indígenas, como la de una investigación independiente de los trágicos enfrentamientos de junio, recordó Awanach.

"Le hemos advertido al gobierno que estamos agotando nuestra paciencia y nuestra voluntad de diálogo", dijo, al señalar que si en cinco días no se abre el diálogo, la protesta amazónica será reiniciada y Aidesep denunciará internacionalmente al ejecutivo.

Adelantó que esta vez los nativos no tomarán carreteras, sino que impedirán el acceso a sus territorios y tomarán las instalaciones petroleras, principalmente de transnacionales, para impedir sus operaciones.

Awanach subrayó la decisión de los indígenas de enfrentar con lanzas y flechas a la policía si el gobierno ordena reprimirlos y de luchar hasta las últimas consecuencias.

Estamos decididos a defender el derecho a la vida y a la soberanía de los pueblos indígenas, y del mundo, porque la Amazonía es el pulmón del mundo y nosotros la estamos defendiendo, manifestó.

Adelantó que Aidesep no aceptará ningún acuerdo que no incluya la anulación de los otros siete de decretos impugnados y la libertad de 18 nativos detenidos y el cese la persecución a decenas de dirigentes indígenas, principalmente el líder de Aideseo, Alberto Pizango, asilado desde junio en Nicaragua.

Por su parte, Róger Rumrrill, especialista en temas amazónicos calificó como una provocación el reciente anuncio como una provocación a los nativos el anuncio oficial de una nueva subasta de lotes petroleros en la selva. Advirtió que, en una nueva protesta, los nativos extenderán su lucha a indigenas amazónicos de otros países, sin precisar de qué manera.

De otro lado, la fiscal Luz Rojas, relevada tras denunciar a 16 oficiales de policía por las muertes de civiles en los sucesos de junio, denunció haber sido amenazada por la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, y por llamadas telefónicas anónimas.
http://www.26noticias.com.ar/indigenas-amazonicos-peruanos-dan-ultimatum-al-gobierno-piden-dialogo-94687.html

martes, 18 de agosto de 2009

Perú: ¿Por qué no se investiga de una vez y a fondo la Masacre de Bagua?

Estimados amigos del Peru y de todo el mundo:

La justicia en el PERU esta corrompida, empezando por el PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO PUBLICO. A pesar de que en la Constitución Politica del Peru establece que el Poder Judical y Ministerio Publico deben de actuar de oficio, NO LO HACEN. Se dedican a proteger y a encubrir a las Autoridades Corruptas, a saber Ministros, Congresistas, Presidentes Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes Provinciales , caso de Tacna; donde tienen impunidad , SE BURLAN DE LOS INFORMES Y RESOLUCIONES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, violan la propia ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, y NO LES PASA NADA; La ley Peruana dice que para cualquier obra que se desee hacer en el territorio del Peru deben de EXIGIR a las Empresas que lo van a hacer sean estos del Estado o Privadas, que presenten el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA),PERO NADA NO LES EXIGEN, AL CONTRARIO LES AYUDAN PARA QUE LAS VULNEREN Y LOS PAGANOS COMO SIEMPRE SON LOS PUEBLOS OPRIMIDOS, SON LOS PUEBLOS LLAMADOS COMUNIDADES INDIGENAS, NATIVAS, CAMPESINAS, ETC, Y TODAVIA SE DAN EL LUJO DE ANUNCIAR HASTA EN CONFERENCIA DE PRENSA QUE YA CUMPLIERON CON LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ESPERAN QUE SEA APROBADO Y SE TRAIGA MAS AGUA PARA TACNA, Y PARA ELLO PERFORANDO MAS POZOS EN LA ZONA ALTOANDINA DE TACNA, Y EN DETRIMENTO Y EN PERJUICIO DE LAS COMUNIDADES DE ESOS LUGARES, AFECTANDO GRANDEMENTE SUS BOFEDALES, PONIENDO EN RIESGO LA VIDA DE LAS POBLACIONES Y DE LOS ANIMALES ASI COMO DE LA POCA AGRICULTURA QUE POR AHI SE DESARROLLA. Y EN ESTE CASO LAS AUTORIDADES, TANTO DEL PODER JUDICIAL, DEL MINISTERIO PUBLICO, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, BIEN GRACIAS, NO DICEN NADA , GUARDAN COMPLETO SILENCIO.

SI EXIGIERAN QUE PRESENTEN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, QUE LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE LO ORDENA, ASI COMO LO ORDENABA ANTERIORMENTE EL CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE, Y NI TAMPOCO HACEN SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA QUE TAMBIEN CONTEMPLA QUE DEBEN DE CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA PRESENTACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; PERO LAMENTABLEMNET CASO DE TACNA , LE DAN EL TRABAJO PARA QUE HAGAN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL A CONSULTORAS AMBIENTALES QUE NO SON DE TACNA, Y QUE NI SIQUIERA CONOCEN LA REALIDAD DE TACNA, Y QUE NI SIQUIERA CUMPLIERON EN PRESENTAR LA LICENCIA SOCIAL O ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL QUE ES UNA DE LOS TRES COMPONENTES PRINCIPALES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

EN RESUMEN EN EL PERU SE VIOLA FLAGRANTEMENTE LOS DERECHOS HUMANOS, EL DERECHO A LA VIDA, A LA SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE SALUDABLE Y SANO QUE LA PROPIA CONSTITUCIONPOLITICA DEL PERU ACTUAL LO CONTEMPLA. ES LETRA MUERTA Y NADIE LO CUMPLE.

VICTIMAS SON COMO EN EL CASO DE LAS COMUNIDADES DE BAGUA EN EL PERU DONDE ULTIMAMENTE MASACRARON Y ASESINARON A NATIVOS DE LA SELVA, Y HASTA AHORA NO HAN INSTALADO NINGUNA COMISION DE LA VERDAD QUE INVESTIGUE ESOS HECHOS, QUE LAMENTABLE. Y NI QUE DECIR DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE TACNA Y DEL PERU, COLEGIOS DE ABOGADOS, COLEGIOS DE INGENIEROS, NO DICEN NADA . TODOS SE HAN CORROMPIDO. pues hasta el MINISTRO DE JUSTICIA DEL PERU AURELIO PASTOR SE DIO EL LUJO DE MENTIR EN GINEBRA, HACIENDOSE LA VICTIMA Y QUE LOS ASESINADOS NATIVOS ERAn los agresores ¿Que ironía no?

ESCRIBO ESTAS LINEAS PARA LEVANTAR EL ANIMO DE LOS AMIGOS LUCHADORES Y CONTINUEMOS CON HACER TOMAR conciencia a los que nos leeN ,a los que nos siguen , y que todos seamos participes de esta lucha por conservar la vida, la salud y medio ambiente bueno solo para nosotros sino para las futuras generaciones que tambien tienen el dercho de vivir.



Consecuentemente,



INGº LUIS DAVID ENRIQUEZ

DNI 00433315

EX DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD- Y DIRECCION GENRAL DE SALUD AMBIENTAL DIGESA AÑO 2003

Nota.-Disculpen los errores ortograficos, mis opiniones son espontaneas e ineditas, frente a la injusticia que vemos , que la verdad me indigna QUE LA JUSTICIA NO EXISTE, SI ES QUE LOS PUEBLOS ORIMIDOS LAMENTABLEMENTE NO PROTESTAMOS, SOMOS MAYORIA PERO OPRIMIDOS POR UNA MINORIA QUE OSTENTA EL ODER POLITICO Y ECONOMICO.




Observaciones: Divulgar esta noticia hasta encontrar justicia para los pueblos indiginas oprimidos del PERU

Perú: ¿Por qué no se investiga de una vez y a fondo la Masacre de Bagua?
http://www.kaosenlared.net/noticia/peru-no-investiga-vez-fondo-masacre-bagua

Nadie se toma realmente en serio las declaraciones gubernamentales de que se había dispuesto también la investigación sobre el comportamiento en Bagua de la policía y de otras fuerzas públicas armadas

Bartolomé Clavero (clavero.derechosindigenas.org) 2009-08-17 13:51:11

SERVINDI-Servicios en Comunicación Intercultural (http://www.servindi.org) transmite desde Perú la noticia de la denuncia recién presentada por la Fiscal Adjunta Titular de Chachapoyas, Luz Rojas, ante el Primer Juzgado Penal de Utcubamba contra dos generales, el jefe de la Cuarta División Territorial de la Policía, Javier Uribe Altamirano, y el Comando Operativo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía, Luis Elías Muguruza, y quince efectivos de la Policía Nacional por imputación de delito de homicidio calificado en agravio dado el uso desproporcionado de armas de fuego de corto y largo alcance en los sucesos de Bagua de los pasados 5 y 6 de junio.

Es un paso que despierta expectativa puesto que se enfrenta al negacionismo del Gobierno sobre acto ninguno indebido de la policía y a su manipulación de la justicia para evitar que se admitan a trámite este tipo de denuncias.

El escenario oficial con el que esta denuncia contrasta es el del más cerrado negacionismo y la más resuelta manipulación desde el momento mismo en el que ocurrieron los hechos y hasta el día de hoy, dos meses bien largos más tarde. Si alguna voluntad ha mostrado hasta ahora el Gobierno, es la de una absoluta falta de disposición para admitir ninguna investigación imparcial y suficiente. Está a estas alturas claro que nunca se esclarecerá satisfactoriamente lo sucedido pues la indagación a fondo pueden impedirla quienes, según todos los visos, tienen algo que ocultar. ¿Qué otra explicación puede tener el comportamiento mendaz, errático y obstruccionista del Gobierno peruano? ¿No hubiera en otro caso animado la constitución y el funcionamiento de una comisión de investigación dotada de medios suficientes y formada con representación indígena y participación internacional conforme recomienda el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas? Quienes están en la clave de lo ocurrido no pueden ni dejar de mentir ni perm itir la búsqueda de la verdad. Tienen sus razones y cuentan con los poderes para hacerlo. No son, como puede verse por la acción de la Fiscalía de Chachapoyas, todo el Estado, pero controlan los resortes principales.

En vez de atender la recomendación del Relator Especial, invitado a una apresurada visita a Bagua por el propio Gobierno del Perú, éste tomó su informe como lo que no era ni podía ni quería ser y esto es como concluyente. Ya está dicho que proponía una comisión de investigación para la que no hay disposición alguna por parte gubernamental. Al tiempo, el Gobierno apoyó una intervención humanitaria de la Defensoría del Pueblo bajo las condiciones luego manifiestas de que no abriese indagaciones sobre atentados de los poderes públicos contra los derechos humanos, lo que significó la renuncia al ejercicio de su genuina función constitucional, y de que presentase sus averiguaciones sobre muertes, lesiones y detenciones como definitivas, lo que hiz o pese a ser algo realmente aventurado en las circunstancias producidas por la propia masacre. El mismo Gobierno se encargó de fomentar la situación que hiciera improbable la franqueza o la comparencia ante la Defensoría de quienes tuvieran conocimiento de desapariciones o sospecha de muertes más allá de las reconocidas. A esto de la disuasión vino una política inmediata de persecución unilateral de indígenas partícipes en los sucesos de Bagua o dirigentes de organizaciones involucradas.

La política gubernamental de persecución policial y judicial tan sólo de indígenas fue paladina desde el primer momento. Es algo que acusan los propios informes promovidos por el Gobierno. Nadie se toma realmente en serio las declaraciones gubernamentales de que se había dispuesto también la investigación sobre el comportamiento en Bagua de la policía y de otras fuerzas públicas armadas, pues resulta además que el asunto no sólo político, sino incluso penal, no consiste e n la identificación y procesamiento tan sólo ni principalmente de quienes, policías o militares, dispararon u ordenaron disparar, sino también de las autoridades civiles que, conforme a sus competencias constitucionales, decidieron el operativo con tales órdenes, lo que apunta al Presidente de la República ante todo.

He ahí donde se sitúa el obstruccionismo de quienes no aceptan la sugerencia de que se proceda a una investigación a fondo con dotación de medios y garantías de imparcialidad. Pretenden que se bastan la Fiscalía y la Justicia peruanas, pero, aparte de que no cuentan ni con bastante confianza ni con medios suficientes para penetrar en el mundo de las comunidades, el mismo ambiente de disuasión creado por la política de persecución compromete su trabajo. ¿Cómo van las comunidades o sus representantes a declarar ni, aún menos, a denunciar la existencia de desaparecidos o desaparacidas cuando, de no estar ya muertos en paradero desconocido, eso a utomáticamente provocaría su persecución policial como partícipes en los sucesos de Bagua? Este es el mensaje que oficialmente se transmite desde un primer momento y que se mantiene hasta hoy.

Que el Gobierno del Perú reclame confianza en la Justicia peruana resulta escandaloso a la luz de su propio comportamiento. Basta observar cómo la policía intenta manejar relaciones con la Fiscalía y la Justicia. Si, como ya ha ocurrido antes de la denuncia de ahora, la primera pone en duda que los indígenas de Bagua estuvieran armados, como pretendía y pretende el Gobierno, y la segunda no encuentra otros indicios suficientes para proceder contra indígenas acusados por la policía, ésta se encarga de buscar un juzgado lejos de Bagua, en Lima, más comprensivo con la política gubernamental. No valen principios de juzgado natural ni de debido proceso entre otras razones porque para el Gobierno no se trata de juzgar sino de amedrentar, de provocar la huida, la clandesti nidad y el silenciamiento de testigos presenciales. Presentarse como testigo de cargo es exponerse a la detención por la policía. En los foros internacionales el Gobierno peruano insiste en que Perú es una democracia con la debida división de poderes, por lo que constituiría una ofensa a su poder judicial recurrir a una investigación internacional. Hay por supuesto quienes, por desinformación o también por complicidad, dan crédito. Baste leer los informes alternativos que acompañan las comparecencias internacionales del Perú para no llamarse a engaño.

Perú también repite en los foros internacionales la cantinela inverosímil de que los indígenas atacaron por incitación y con apoyo del exterior y de que la víctima de la agresión es así el propio Perú. Se ha llegado al despropósito de exigir para el Perú, no para las víctimas, reparaciones en su caso internacionales por el daño que se le habría causado con informaciones que sigue tachando de infundadas y ter giversadas. ¿A qué viene tanta sobreactuación? Es una manera de desviar la atención de todo lo que acreditan las informaciones independientes y los análisis solventes. Como hecho imputable al Gobierno, Bagua es grave por sí sólo, pero más grave resulta si se le sitúa en su contexto, en el contexto de las propias políticas del Gobierno peruano.

Bagua ha sido un desenlace sangriento de la resistencia indígena a las políticas de invasión empresarial de la Amazonía con impulso y respaldo incondicionales de parte del Gobierno, políticas que se habían intensificado en este último par de años con efectos palpables de hacer literalmente imposible la vida a comunidades enteras. El Presidente de la República teorizó esas políticas en términos paladinamente racistas de consideración de la presencia indígena como inutilidad y estorbo para el aprovechamiento de los recursos de la Amazonía. Se encendieron todas las alarmas que el Gobierno ya olímpicamente ignoró, ya hi zo algún amago por amortiguar o, mejor dicho, por acallar. La responsabilidad gubernamental por los sucesos de Bagua se pone plenamente de relieve en este contexto de una política de signo, en el fondo, genocida.

Se dan en dicho contexto los dos elementos esenciales del crimen de genocidio para el derecho internacional: la intención de eliminar y el resultado de poner en serio riesgo la subsistencia de grupos étnicos. Ante esta grave acusación, se explica aún mejor la sobreactuación. En medios oficiales peruanos se viene repitiendo que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales les ha eximido de dicha imputación, lo que el mismo ni puede hacer ni ha hecho. Lo peor del empecinamiento peruano no es ya el que rehuya con todo ello responsabilidades, sino que lo haga de modo que impide cualquier recapacitación. Si hay conclusiones, son la de que la amenaza de consumación del genocidio sigue cerniéndose sobre la Amazonía peruana y la de que los mecanismos de prevención internacional resultan buenos para poner en evidencia, pero deficientes para ponerse en práctica.

Tampoco parece que en Perú estén la Fiscalía en condiciones y la Justicia en disposición de conducir una indagación a fondo. Difícilmente la denuncia de la Fiscalía de Chachapoyas va a producir rectificación de unas políticas genocidas ni reparación por sus efectos, pero viene al menos a reclamar justicia frente a quienes parecen los más inmediatos responsables de la masacre de Bagua. Es también una llamada de atención sobre lo que queda y aún puede investigarse: la vertiente más grave de las responsabilidades políticas y penales de parte gubernamental.


* Bartolomé Clavero es jurista e historiador español, especialista en historia del Derecho. Es catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cu estiones Indígenas en representación de los estados de la Unión Europea.

sábado, 15 de agosto de 2009

La CAOI denuncia masacre de indígenas a la ONU

Miguel Palacín en la ONU:
La Masacre de Bagua (Amazonas, Perú) que el pasado 5 de junio conmovió a la comunidad internacional, representó uno de los puntos más altos de la sistemática política de discriminación y criminalización de los pueblos indígenas que implementa el Estado peruano con el objetivo de facilitar las operaciones de las empresas transnacionales extractivas (minería, petróleo, gas, forestales).

En conferencia de prensa ofrecida hoy, Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), explicó que en el Perú los derechos de los pueblos indígenas, ya bastante postergados durante siglos, son aun más recortados a partir de la década del noventa, cuando la dictadura de Alberto Fujimori modificó la Constitución y las leyes para imponer el neoliberalismo en el país andino.

Desde 1991 se ha promovido la ampliación de las actividades mineras en toda la región andina del país, afectando a las comunidades campesinas y sin establecer ningún mecanismo de consulta o participación con ellas, pese a que desde el año 1994 está vigente el Convenio 169-OIT en el Perú. Las empresas mineras en el Perú abarcan 23 millones de hectáreas en la costa, sierra y selva, comprometiendo las tierras de unas 3,200 comunidades campesinas y nativas. De manera similar, desde el año 2004 se han incrementado los proyectos hidrocarburíferos en la selva peruana (se ha pasado de un 13% de área amazónica lotizada a un 75% en solo 5 años); sin incorporar ningún mecanismo de consulta a la población indígena afectada.

El retorno a la democracia a fines del año 2000 no significó cambio alguno en estas políticas de Estado. En particular, desde la llegada al gobierno por segunda vez de Alan García Pérez, la vulneración de derechos indígenas se ha profundizado, y junto con ello la criminalización de la protesta social.

En julio del 2007, el gobierno peruano emitió once decretos legislativos (normas con rango de ley que expide el Ejecutivo por autorización del Congreso de la República) que endurecen las penas impuestas por protesta social. Entre sus efectos más graves, están la imposición de carcelería por 25 a 30 años por movilizaciones, la prohibición a las autoridades locales de apoyar las marchas de sus pueblos, y la impunidad para los agentes policiales y militares que disparen y causen muertes al reprimir esas manifestaciones.

El 19 de diciembre del mismo año, el Congreso de la República otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar sobre diversos temas relacionados con la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Al amparo de esas facultades, el Ejecutivo emitió entre enero y junio del 2008 un paquete de 102 decretos legislativos.

Los objetivos detrás de estos decretos legislativos son desaparecer a las comunidades indígenas y otorgar mayores facilidades a las empresas que explotan recursos mineros, petroleros y forestales. Se considera que los derechos de las comunidades son un obstáculo para estas empresas.

El propio presidente Alan García lo ha dicho en sus artículos sobre el Síndrome del Perro del Hortelano, publicados entre octubre y noviembre del 2007 en el diario El Comercio, en los que afirma que las comunidades indígenas son un invento, tienen tierra ociosa y no producen, y cuestiona la existencia misma de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Amazonía peruana.

Una movilización de más de diez días de los pueblos indígenas amazónicos (agosto del 2008) logró la derogatoria de dos de esos decretos legislativos (1015 y 1073). La movilización fue retomada en abril del 2009, y tras la Masacre de Bagua del 5 de junio, fueron derogados los decretos legislativos 1064 y 1090. “Las organizaciones indígenas y campesinas continuamos la lucha por la derogatoria de los restantes”, subrayó Palacín.

Pero la represión no comienza ni termina con la Masacre de Bagua. En el Perú hay más de mil dirigentes indígenas procesados judicialmente por defender los derechos de sus comunidades. Luego de los sucesos del 5 de junio, se ha emitido orden de captura contra toda la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y tres de sus miembros tuvieron que asilarse en Nicaragua, entre ellos su presidente Alberto Pizango.

La jornada nacional de lucha del 11 de junio, el Paro Nacional del 7, 8 y 9 de julio, y la solidaridad internacional exigieron que la salida del Gabinete Yehude Simon significara un cambio real de la política económica y social. Pero ha ocurrido todo lo contrario, con una composición ministerial aprista y de extrema derecha, en una abierta actitud provocadora del régimen de García. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, ha dicho que su primera tarea es “imponer el orden”, con lo que se espera un recrudecimiento de la represión.

Al cierre y persecución de emisoras locales y sus directores, se une la intensificación de la persecución policial y judicial a los líderes indígenas amazónicos y andinos. Ya están surgiendo evidencias de desapariciones en la Masacre de Bagua del viernes 5 de junio, tantas veces negada por el gobierno, amparado en un informe de la Defensoría del Pueblo que, como esta institución ha reconocido, no pudo recoger testimonios y pruebas más que en la quinta parte de las comunidades nativas y lo hizo en días inmediatos a la Masacre. Peor aun considerando que la policía impidió el paso a la zona durante cinco días, en los que habría incinerado los restos de indígenas asesinados, de lo cual ya aparecen también evidencias.

El gobierno insiste en atribuir a intervencionismos extranjeros la movilización de los pueblos indígenas, sin presentar prueba alguna de ello y en una nueva actitud racista que niega a los indígenas la facultad de tomar decisiones de manera autónoma y colectiva, como lo hacen desde hace cientos de años. Los funcionarios del gobierno incluso han afirmado que la violencia en la Curva del Diablo fue iniciada por los indígenas, pero el fiscal que investiga el caso ya determinó oficialmente que los indígenas estaban desarmados.

Particularmente cruel es el ensañamiento del gobierno contra el apu Santiago Manuin, quien recibió ocho impactos de bala el 5 de junio, cuando se acercó con los brazos en alto a la policía que en la Curva del Diablo iniciaba su arremetida contra los indígenas. El apu, becario de Naciones Unidas, tiene el colon separado del cuerpo y su estado de salud es muy delicado. El 14 de julio, nueve policías fueron hasta el Hospital Las Mercedes de Chiclayo para intentar llevarlo al penal de Picsi. Felizmente los médicos de ese nosocomio lo impidieron, pero la orden de captura en su contra sigue vigente.

A todo lo anterior se unen las maniobras del gobierno de Alan García para dividir la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, con el auspicio a un ilegal congreso y la elección de una falsa directiva, en su afán de desarticular las organizaciones indígenas que avanzan en la defensa de sus derechos.

El gobierno de García ha llegado al colmo de reconocer a esa directiva, elegida contra todo lo estipulado en los Estatutos de AIDESEP, para que participe en la Mesa de Diálogo instalada con los pueblos indígenas amazónicos.

“Se trata de una maniobra más para desarticular a nuestras organizaciones, creando organizaciones paralelas que no cuentan con el respaldo de nuestros pueblos indígenas, solo para que aprueben sus políticas de saqueo de nuestros bienes naturales y depredación de la Madre Naturaleza, pasando por encima de nuestros derechos territoriales”, advirtió Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de CAOI.
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

miércoles, 12 de agosto de 2009

MENDIGANDO A LAS MINERAS

Mineras y Ministerio de la Mujer trabajan lucha contra la pobreza


Con el fin de articular la acción privada y pública en la lucha contra la pobreza en las distintas zonas donde se desarrolla la actividad minera, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), Nidia Vílchez Yucra, sostuvo una reunión con los representantes de las principales empresas mineras del país.

La reuniones que vienen realizándose desde el pasado viernes, tienen como objetivo adicional agilizar los diferentes convenios que vienen elaborándose entre los representantes de los programas sociales y compañías mineras.

El encuentro denominado “Propuesta de acciones articuladas de los programas sociales en los ámbitos del fondo de solidaridad”, fue liderado por la titular del MIMDES, y tuvo asistentes a los representantes de las compañías mineras Milpo, Antamina, Cerro Verde, Yanacocha, Barrick Misquichilca, Xstrata Tintaya, Southern Cooper Corporation.

De igual manera se contó con la participación de los representantes de los distintos programas sociales como Pronama, Juntos, Agro Rural, Agua para Todos, Foncodes, Construyendo Perú, Cofopri, Provías Descentralizado, entre otros.

PROPUESTA DE INVERSIÓN

Como se conoce, el programa minero de solidaridad con el pueblo, fue creado hace tres años, por el cual empresas mineras destinan una parte de sus utilidades a financiar la ejecución de obras de desarrollo humano y económico.

De esta manera, con el fin de darle un mayor y mejor uso de dichos recursos, los distintos programas sociales del Estado, han articulado una propuesta por un monto aproximado de 405 millones de soles, de los 550 millones de soles que suma dicho fondo.

Dicha propuesta de inversión, toma en cuenta los intereses de las empresas mineras, de las comunidades de influencia y las líneas de acción de los programas sociales, como son la reducción de la desnutrición infantil, lucha contra la pobreza, obras de desarrollo productivo, desarrollo humano, saneamiento, nutrición y salud, seguridad alimentaria, entre otras metas.

http://www.losandes.com.pe/Economia/20090811/25653.html

viernes, 7 de agosto de 2009

Incremento de las conseciones mineras en la región Piura: necesaria revisión de la política nacional de concesiones mineras


Por: Julia Cuadros Falla

A fines del mes de Junio, CooperAcción adquirió información sobre Concesiones Mineras en el INGEMMET, organismo encargado, entre otras funciones, de otorgar los títulos y registrar las concesiones mineras en el Perú. Con preocupación nos hemos percatado que el número de hectáreas concesionadas en la Región Piura se ha incrementado de 25.4% a 26.2% entre Enero y Junio del presente año; lo que a nivel regional es un incremento relativamente poco significativo, este incremento es más visible en las provincias de la sierra de Piura. El 35.3% de la provincia de Ayavaca se encuentra bajo concesión minera, mientras que el 28% del territorio de la provincia de Huancabamba está en la misma situación.

Esta situación nos hace reflexionar sobre las intenciones de convertir Piura en una nueva región minera. Hace algunos meses habíamos advertido que en Piura se estaban configurando 4 distritos mineros: el del distrito de Suyo en Ayavaca, el del distrito de El Carmen de la Frontera donde se encuentra el proyecto minero Río Blanco; el del distrito de Tambogrande en Piura en donde la empresa minera Buenaventura ha adquirido las concesiones de la empresa Manhattan; y por último el del distrito de Sechura donde se encuentran los yacimientos de Bayóvar de minería no metálica.

Sin embargo en la última información a la que hemos tenido acceso, dos nuevas empresas mineras: la transnacional norteamericana Newton, copropietaria de la empresa minera Yanacocha es titular de 19,071 hectáreas ocupa el segundo lugar según el tamaño de la concesión minera en la provincia de Ayavaca; mientras que la empresa canadiense Barrick Misquichilca, quien ha venido desarrollando actividades en las regiones Lambayeque y La Libertad, ocupa el primer lugar con 24,507 hectáreas en la provincia de Huancabamba.

Las empresas en manos de ciudadanos chinos o de capitales chinos como White Rocks International SAC, SMRL New Huancabamba 4, Junefield Mining SAC, Minera Mayarí y Minera Majaz S.A (hoy Minera Río Blanco Copper) siguen en tamaño a las anteriormente mencionadas.

PRINCIPALES TITULARES DE CONCESIONES MINERAS - PROVINCIA DE AYABACA

HA

MINERA ATE S.A.C.

23051.2

NEWMONT PERU S.R.L.

19071.7

S.M.R.L. NEW HUANCABAMBA 4

23051.2

JUNEFIELD MINING S.A.C.

9539.1

COMPAÑIA MINERA MAYARI S.A.C

5845.4

PRINCIPALES TITULARES DE CONCESIONES MINERAS - PROVINCIA DE HUANCABAMBA

HA

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

24507.9

WHITE ROCKS INTERNATIONAL S.A.C.

21898.9

COMPAÑIA MINERA MAYARI S.A.C.

15839.2

S.M.R.L. NEW HUANCABAMBA 4

9019.1

GMX MINERAALS SOCIEDAD ANONIMA

8647.3

LUIS VARGAS BARBIERI

8042.0

MINERA MAJAZ S.A.

5888.0

JUNEFIELD MINING S.A.C

5404.1

A los capitales chinos ahora se agregan capitales canadienses y norteamericanos, mostrando así el interés de estas empresas mineras por iniciar actividades en la región. La pregunta que nos hacemos es si la población de Piura está dispuesta a cambiar su modelo de desarrollo, que a la fecha se ha basado en actividades agropecuarias, de agro exportación, producción orgánica y turismo. Y ésta, creemos, es una pregunta válida, en la medida en que las intenciones de realizar minería afectarán las nacientes de los ríos y los páramos andinos donde se produce el agua que consume Piura; afectarán el esfuerzo realizado desde el Estado y desde la empresa privada para hacer del desierto unos valles altamente productivos, a través de la inversión realizada en los reservorios de San Lorenzo y Poechos.

El conflicto socio ambiental por el proyecto minero Río Blanco se convierte así en la piedra angular de una decisión de carácter estratégico. Todos los otros proyectos mineros están a la espera de que Río Blanco se eche a andar para iniciar sus propias operaciones.

La legislación nacional, al igual que muchas legislaciones en el mundo señala que el subsuelo es de propiedad estatal; sin embargo; también señala que para realizar cualquier tipo de actividad sobre el suelo las empresas deben contar con la autorización de los propietarios de los terrenos superficiales. Esta política es causa, la más de las veces, de los conflictos entre los propietarios de las tierras y las empresas mineras; en la medida en que las decisiones se toman en forma centralizada, sin tomar en cuenta que esos territorios se encuentran habitados por personas, por familias, y que están dentro de las circunscripciones de los municipios distritales y provinciales. La propia legislación nacional establece que los gobiernos locales tienen la obligación de liderar los procesos de planificación concertada del desarrollo y del presupuesto participativo, donde la población organizada, los sectores públicos y privados, con las autoridades a la cabeza se ponen de acuerdo en un modelo, una orientación de su desarrollo, e invierten los recursos de sus presupuestos para hacer realidad su visión de futuro.

A ello debemos agregar que las empresas mineras consideran que por contar con un título de concesión tienen derecho a ingresar a los territorios concesionados, sin pedir la autorización de los legítimos propietarios; contraviniendo la legislación pertinente que promoviendo la inversión privada en las tierras de comunidades campesinas y nativas, protegen los derechos de estas poblaciones.

Esta situación nos hace reflexionar sobre la necesidad de hacer una revisión seria y rigurosa de la política de concesiones mineras, que tome en cuenta los diversos factores que convergen en una decisión de esta naturaleza. No sólo se trata de no otorgar concesiones en Áreas Naturales Protegidas, Santuarios, o Áreas no aptas para el otorgamiento de concesiones mineras, cuyo catastro aún no ha sido hecho público por el Ministerio de Energía y Minas a través del INGEMMET, aunque hace muchos años que el sistema existe. También se trata de tomar en cuenta las decisiones que los gobiernos locales y regionales, que por mandato de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de regionalización, han iniciado desde hace varios años procesos de desarrollo concertados entre diversos actores, con una importante inversión económica pública y privada y con apoyo en muchos casos de la cooperación internacional o de organismos financieros internacionales a través de préstamos. De igual modo se trata de incluir zonas de protección o no aptas para el otorgamiento de concesiones como son los páramos andinos o las nacientes de cuencas.

Se trata de actuar en los dos niveles, en el nivel local generando información y tomando decisión para proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, ordenando y gestionando sus territorios, de tal manera de garantizar el desarrollo de las actuales y futuras generaciones, y fortaleciendo la gobernabilidad democrática local y regional. Y en el nivel nacional modificando y mejorando la legislación sobre concesiones mineras.

http://enlacenacional.com/2009/08/06/incremento-de-las-conseciones-mineras-en-la-region-piura-necesaria-revision-de-la-politica-nacional-de-concesiones-mineras/

martes, 4 de agosto de 2009

INFORME AMNISTIA INTERNACIONAL SOBRE BAGUA

Los sucesos de la Amazonía peruana del 5 de junio del corriente, conocidos como la masacre de Bagua, fue motivo de un informe que divulgamos poco después por medio de nuestras redes y alianzas. Luego de la cruel represión impartida por el gobierno de Alan García, las comunidades indígenas awajúns y wampís contraatacaron al día siguiente a las fuerzas policiales, haciendo valer principios ancestrales y una cultura que defiende su identidad y territorio, avasallados y despojados de su hábitat por corporaciones transnacionales petroleras y mineras.

El que sigue es el informe que Amnistía Internacional divulgó como resultado de su investigación en el lugar de los hechos.

Javier Rodríguez Pardo. MACH-RENACE Argentina, Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), 4 de agosto de 2009.

AMNISTIA INTERNACIONAL

DECLARACION PUBLICA

AMR 46/011/2009

30 Julio 2009

Perú: conclusiones y recomendaciones tras la visita de Amnistía Internacional a Perú

Entre el 12 y el 24 de julio de 2009 una delegación de Amnistía Internacional realizó una misión

de investigación de dos semanas a Perú. La delegación estuvo compuesta por Susan Lee,

Directora del Programa para América; Fernanda Doz Costa, Investigadora sobre Derechos

Económicos, Sociales y Culturales en América; Nuria García, Investigadora para Perú; y Lucile

Robinson, Encargada de Campañas para Perú.

Desde hace un año, Amnistía Internacional ha venido siguiendo con gran preocupación los

acontecimientos relacionados con las protestas de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana

que reclaman su derecho a la consulta previa, libre e informada en relación a la serie de decretos

ley aprobados en junio de 2008. Tras los graves abusos a los derechos humanos ocurridos el día 5

de junio de 2009 en la Amazonía, la organización realizó una visita extraordinaria a Lima y a la

zona de Bagua, para constatar in situ las denuncias recibidas sobre tales violaciones.

Durante esta visita la delegación mantuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil,

organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y organizaciones indígenas, incluida la

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Amnistía Internacional se

reunió además con algunos de los familiares de los 23 policías muertos, así como con familiares y

personas que fueron víctima de violaciones de derechos humanos tanto de Bagua y Utcubamba,

como de varias comunidades indígenas que participaron en el bloqueo de la llamada Curva del

Diablo, en la carretera “Fernando Belaúnde Terry”, y en la toma de la Estación No. 6, en Imaza.

La delegación visitó también al líder indígena Awajún Santiago Manuin, quien hasta la fecha se

encuentra en el hospital Las Mercedes en Chiclayo, recuperándose de un impacto de bala recibido

el 5 de junio durante el desalojo de la carretera.

Durante esta misión, Amnistía Internacional sostuvo asimismo reuniones con el Ministro de

Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde; con funcionarios de la Presidencia del

Consejo de Ministros; con El Presidente Ejecutivo y funcionarios del Instituto Nacional de

Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA); con miembros de la

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República; con funcionarios de la Fiscalía de la Nación; y con la Defensora del Pueblo, Beatriz

Merino Lucero. La delegación solicitó también reuniones con el Presidente de la República Alan

García y con el Presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén, las cuales no

fueron otorgadas. Amnistía Internacional está decepcionada por no haber podido mantener estas

entrevistas con los dos más altos funcionarios del Perú y espera que esto no sea indicativo de la

seriedad con que el Gobierno toma los graves hechos sucedidos el 5 de junio.

Amnistía Internacional lamenta la muerte de 23 efectivos de la policía y 10 ciudadanos, entre

indígenas y pobladores de Bagua. La organización lamenta asimismo que el Mayor de la policía

Felipe Bazán, siga en paradero desconocido, y el hecho de que 11 de los agentes de la policía

murieran en estado de indefensión en la Estación No. 6.

Amnistía Internacional reconoce el derecho y la obligación del Estado de mantener el orden

público y restablecerlo cuando sea necesario. Sin embargo, la organización recuerda a las

autoridades que toda acción de las fuerzas del orden debe realizarse dentro del marco de la ley y

la protección de los derechos humanos.

Durante la visita de Amnistía Internacional a Perú, la organización ha podido constatar el uso

excesivo de la fuerza empleado por las fuerzas del orden, tanto en el tramo de la carretera entre la

Curva del Diablo y la Balanza, como en el Reposo, y en Bagua y Utcubamba. Amnistía

Internacional ha podido corroborar maltrato a personas indefensas, incluso a personas heridas que

se encontraban en ambulancias, y el uso de armas de fuego de forma indiscriminada y

desproporcionada en contra de personas que se encontraban desarmadas.

En el caso de Bagua y Utcubamba, el uso indiscriminado y desproporcionado de armas de fuego

se llevó a cabo en contra de personas indefensas.

Según informes, 200 personas heridas durante los hechos del 5 de junio fueron atendidas en

diversos establecimientos de salud. De acuerdo a los informes médicos, 82 resultaron heridas por

arma de fuego, 41 presentaban contusiones y 22 contusiones o quemaduras por gases

lacrimógenos. De acuerdo a la información recibida por Amnistía Internacional, por temor a las

represalias, algunas personas indígenas regresaron a sus comunidades sin recibir atención médica

por lo que el número de heridos sería aún mayor.

Lo mas trágico de estos lamentables sucesos es que a juicio de Amnistía Internacional estos

hechos eran predecibles y prevenibles.

El Estado peruano tiene una gran responsabilidad tanto con los pueblos indígenas y los pobladores

de Bagua, como con los policías. Es lamentable que 33 personas, entre policías, indígenas y

pobladores de Bagua, hayan tenido que morir antes de que el Estado peruano tome en serio sus

obligaciones y escuche las legítimas demandas de los pueblos indígenas.

El Estado tiene una gran responsabilidad por lo sucedido, por no haber hecho la consulta

necesaria y obligatoria bajo el derecho internacional, con aquellos pueblos indígenas cuyos

derechos se verían afectados, antes de dictar la serie de decretos ley sobre el uso de la tierra y los

recursos naturales en la selva amazónica que fueron la causa principal de las protestas que se

iniciaron el año pasado.

Lo único positivo que ha surgido tras los tristes sucesos del 5 de junio es que el Gobierno admite

ahora haber reconocido su obligación a realizar una consulta previa, libre, e informada y de buena

fe con los pueblos indígenas. El Gobierno debe ahora garantizar que dicha consulta se realice a

través de los representantes de los pueblos indígenas libremente elegidos por ellos, de acuerdo a

sus costumbres.

Para que este proceso de diálogo que se ha iniciado tenga resultados que sean aceptados por los

pueblos indígenas es importante que se garantice la participación de sus líderes legítimos. En este

sentido, Amnistía Internacional ve con preocupación la naturaleza de los cargos presentados

contra varios dirigentes indígenas que en la opinión de la organización son desproporcionados, no

sustentados y podrían ser políticamente motivados. Amnistía Internacional exhorta a las

autoridades a revisar dichos cargos.

Asimismo, es esencial para construir la confianza necesaria para que este proceso de consulta sea

fructífero y exitoso, que se realice una investigación exhaustiva, imparcial e independiente, que

sea vista como tal por toda la población. Esta investigación debe estar encauzada a esclarecer

todos los hechos y establecer todas las responsabilidades.

El Estado debe garantizar asimismo una adecuada reparación para todas las víctimas de

violaciones a los derechos humanos y sus familiares.

Se debe además continuar con los esfuerzos para esclarecer el paradero del mayor Felipe Bazán e

investigar cualquier denuncia que pudiera recibirse sobre posibles desapariciones.

Los derechos de todas las personas detenidas o procesadas deben ser garantizados, incluido su

derecho a un proceso justo y a condiciones de detención adecuadas. Preocupa a Amnistía

Internacional la situación de las 15 personas recluidas en el penal de máxima seguridad Huancas

de Chachapoyas y la forma como estas habrían sido trasladadas a este centro de reclusión sin la

autorización de un juez. La distancia al Penal de Chachapoyas dificultaría además el acceso de los

detenidos a sus familiares y representantes legales.

Amnistía Internacional ha recibido además con preocupación informes sobre presencia de

militares en instalaciones civiles en la comunidad nativa de Santa María de Nieva. Esta situación

no solo es irregular sino que no contribuye a crear un clima de calma y confianza que contribuya

al diálogo.

Amnistía Internacional opina que el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los

Pueblos Amazónicos y las cuatro mesas de diálogo que fueron establecidas por el anterior Primer

Ministro Yehude Simon Munaro, son un primer paso positivo. La organización seguirá con atención

este proceso en la esperanza que las recomendaciones y propuestas que surjan de dichas mesas

sean tomadas con seriedad por parte del Gobierno.

La organización de derechos humanos solicita así mismo al Estado que se suspendan los decretos

ley cuestionados hasta que se haya establecido un proceso de consulta que se adecue a los

estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Como muestra de buena fe el Gobierno debería además no dar más concesiones para la

exploración o explotación de recursos naturales y suspender las concesiones ya otorgadas en áreas que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas.

FIN/

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!