El presidente, Alan García, afirma que hay “influencias del exterior” detrás de la protesta indígena contra leyes sobre la explotación de tierras forestales.
Lanzas y fusiles. Manifestantes awajún con una cortina de gases lacrimógenos al fondo, resisten en la ruta.La ley de la selva se impuso en la Curva del Diablo y al menos 34 personas perdieron la vida. Un contingente de la Policía peruana apoyado por helicópteros del Ejército intervino ayer para desalojar a unos 5.000 indígenas que mantenían bloqueado un tramo de carretera cerca de Bagua Grande, en la provincia Utcubamba del departamento Amazonas. En los choques ocurridos en la Curva del Diablo, a 1.000 kilómetros al nordeste de Lima, y luego en Bagua, murieron al menos 25 indígenas y nueve policías, otras 100 personas resultaron heridas y el gobierno confirmó que 38 policías fueron tomados como rehenes por los manifestantes.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el gobierno del presidente, Alan García, cruzaron acusaciones sobre quien inicio el enfrentamiento armado en el que desembocaron las tres semanas de bloqueo de la ruta Fernando Belaúnde Terry, con el que indígenas awajún reclamaban la derogación de una decena de decretos legislativos que consideran perjudiciales para sus demandas territoriales. Uno de esos decretos es una Ley Forestal, que la prensa peruana llama Ley de la Selva, y que ya fue declarada insconstitucional por la Comisión de Constitución del Congreso. Pero el jueves la bancada oficialista del Legislativo se opuso a debatir la derogatoria de las medidas, lo que alejó la tregua con los indígenas. Al día siguiente la situación explotó.
Un vocero de Aidesep dijo a Crítica de la Argentina, que el desbloqueo policial comenzó a las 07.30 y que los uniformados abrieron fuego contra la multitud desde tierra, pero también desde los helicópteros. El blog Noticiario.baguaperu.com, con base en Bagua Grande, publicó denuncias de que la Policía confiscó celulares y cámaras a reporteros locales. Al final de la tarde, recogió el testimonio del consejero regional de Amazonas, Antún Kuji, de que los agentes impedían a las autoridades levantar los cadáveres de “decenas de indígenas de la carretera”.
El choque se trasladó después al centro de Bagua Grande cuando miles de pobladores furiosos por la represión policial incendiaron y saquearon varios edificios públicos, y las oficinas del gubernamental partido Aprista.
En Lima, el presidente García dictó el toque de queda en la región y culpó a Alberto Pizango, titular de la Aidesep, de actuar en un “nivel delincuencial”. “Quiero pensar que hay desinformación e ideología extremista, los nativos están influenciados por gente del exterior que quiere ver al país arrodillado”, señaló el mandatario y agregó que “en la Amazonia, salvo los santuarios previstos por ley, la riqueza es de todos los peruanos”.
Para el jefe de gabinete, Yehude Simon, hubo un “nuevo andahuaylazo”, en referencia a la toma de una comisaría policial que dirigió en enero de 2005 Antauro Humala, hermano del opositor nacionalista, Ollanta Humala, a quien el gobierno trata de vincular con lo ocurrido ayer.
Por su parte, el líder indígena Pizango acusó al gobierno de cometer un acto de “genocidio” en Bagua y añadió que los nativos “sólo tenían flechas, mientras que la Policía metió bala”.
Pizango, un profesor de 44 años que ya tiene cargos en la justicia por rebelión y sedición, dijo que estudia la posibilidad de pedir asilo político en Bolivia, Ecuador o Venezuela. NOTA ORIGINAL
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