MARCHA CONTRA EXPLOTACION MINERA EN CAJAMARCA

jueves, 10 de noviembre de 2011

Comisión gubernamental busca solucionar protesta antiminera en el sur de Perú

21:11h | lainformacion.com

Una comisión del Gobierno peruano viajó hoy hasta la región sur andina de Apurímac para iniciar el diálogo con las autoridades y los agricultores que desde hace ocho días protestan en rechazo a los proyectos mineros en la zona.


Lima, 10 nov.- Una comisión del Gobierno peruano viajó hoy hasta la región sur andina de Apurímac para iniciar el diálogo con las autoridades y los agricultores que desde hace ocho días protestan en rechazo a los proyectos mineros en la zona.

La comisión está conformada por los ministros de Agricultura, Miguel Caillaux, y de Energía y Minas, Carlos Herrera, así como por el viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave.

Caillaux señaló que se tiene que avanzar "en un proceso de diálogo basado en el respeto" para lograr una solución pacífica a las demandas de los agricultores, que protestan contra los nuevos proyectos mineros y también contra la minería informal, que afecta al medio ambiente.

El ministro indicó, en declaraciones citadas por la agencia oficial Andina, que su sector se preocupa por un manejo sostenible de los recursos hídricos y la preservación del medio ambiente.

El viaje de la comisión fue anunciado el miércoles último por el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, quien dijo que el Gobierno de Ollanta Humala buscar "desplegar todos los esfuerzos para encontrar soluciones a través del diálogo y la concertación".

Durante el diálogo se discutirán temas como el uso del agua, las concesiones mineras, la minería informal, la protección de las cabeceras de cuenca y el ordenamiento territorial.

Los huelguistas de las provincias de Andahuaylas y Chincheros exigen que su territorio sea declarado libre de minería con la anulación de proyectos de las empresas Ares y Apurímac Ferrum, en fase de exploración, y de la minería ilegal.

Los pobladores afirman que estos proyectos contaminan y ponen en peligro las reservas de agua de sus localidades.

El presidente regional de Apurímac, Elías Segovia, afirmó a Efe que hace falta una mayor coordinación del gobierno central con el local para solucionar los reclamos contra las mineras.

"Apurímac tiene el 96 % de su territorio concesionado, por eso queremos que se articule un trabajo serio entre el gobierno nacional, regional y municipal", señaló.

Segovia también dijo que existen mas de 500 concesiones mineras en Apurímac y que en su mayoría se encuentran en fase de exploración.

Las protestas contra la minería también se desataron hoy en la región Ancash, al noroeste del país, donde cientos de manifestantes bloquearon una carretera en reclamo por el supuesto incumplimiento de las promesas en materia de responsabilidad social y preservación del medioambiente de las mineras Antamina y Huallanca.

El miércoles, unos 14.000 manifestantes protestaron de manera pacífica en la región Cajamarca, al norte del país, contra el proyecto minero Conga, que contempla drenar cuatro lagunas para explotar oro y cobre.

El proyecto Conga es desarrollado por la minera Yanacocha, una de las mayores productoras de oro de Latinoamérica, y tiene como socias a la estadounidense Newmont, la peruanaBuenaventura y la Corporación Financiera Internacional, del grupo del Banco Mundial.

El presidente Humala ha señalado que su Gobierno estará pendiente de una solución que tenga en cuenta la conservación del medioambiente, pero ratificó su apoyo a los acuerdos ya firmados.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta septiembre pasado existían en Perú 215 conflictos sociales y en Cajamarca eran 11 los conflictos socioambientales, 8 de los cuales estaban activos y 3 se consideraban "latentes".

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, exhortó hoy a las autoridades y a la población de Cajamarca a lograr una solución pacífica al conflicto en torno al proyecto minero Conga.

Vega recordó que en las protestas producidas durante los anteriores gobiernos murieron varias personas, por lo que invocó al diálogo y la apelación a los cauces legales.

"También quiero exhortar a la población a no incurrir en actos de violencia que pongan en riesgo su propia integridad y la de otros ciudadanos. Hay que conducir la protesta por los cauces de la legalidad", declaró a la emisora Radio Programas del Perú (RPP).
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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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