Los sucesos de la Amazonía peruana del 5 de junio del corriente, conocidos como la masacre de Bagua, fue motivo de un informe que divulgamos poco después por medio de nuestras redes y alianzas. Luego de la cruel represión impartida por el gobierno de Alan García, las comunidades indígenas awajúns y wampís contraatacaron al día siguiente a las fuerzas policiales, haciendo valer principios ancestrales y una cultura que defiende su identidad y territorio, avasallados y despojados de su hábitat por corporaciones transnacionales petroleras y mineras.
El que sigue es el informe que Amnistía Internacional divulgó como resultado de su investigación en el lugar de los hechos.
Javier Rodríguez Pardo. MACH-RENACE Argentina, Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), 4 de agosto de 2009.
AMNISTIA INTERNACIONAL
DECLARACION PUBLICA
AMR 46/011/2009
30 Julio 2009
Perú: conclusiones y recomendaciones tras la visita de Amnistía Internacional a Perú
Entre el 12 y el 24 de julio de 2009 una delegación de Amnistía Internacional realizó una misión
de investigación de dos semanas a Perú. La delegación estuvo compuesta por Susan Lee,
Directora del Programa para América; Fernanda Doz Costa, Investigadora sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en América; Nuria García, Investigadora para Perú; y Lucile
Robinson, Encargada de Campañas para Perú.
Desde hace un año, Amnistía Internacional ha venido siguiendo con gran preocupación los
acontecimientos relacionados con las protestas de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana
que reclaman su derecho a la consulta previa, libre e informada en relación a la serie de decretos
ley aprobados en junio de 2008. Tras los graves abusos a los derechos humanos ocurridos el día 5
de junio de 2009 en la Amazonía, la organización realizó una visita extraordinaria a Lima y a la
zona de Bagua, para constatar in situ las denuncias recibidas sobre tales violaciones.
Durante esta visita la delegación mantuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y organizaciones indígenas, incluida la
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Amnistía Internacional se
reunió además con algunos de los familiares de los 23 policías muertos, así como con familiares y
personas que fueron víctima de violaciones de derechos humanos tanto de Bagua y Utcubamba,
como de varias comunidades indígenas que participaron en el bloqueo de la llamada Curva del
Diablo, en la carretera “Fernando Belaúnde Terry”, y en la toma de la Estación No. 6, en Imaza.
La delegación visitó también al líder indígena Awajún Santiago Manuin, quien hasta la fecha se
encuentra en el hospital Las Mercedes en Chiclayo, recuperándose de un impacto de bala recibido
el 5 de junio durante el desalojo de la carretera.
Durante esta misión, Amnistía Internacional sostuvo asimismo reuniones con el Ministro de
Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde; con funcionarios de la Presidencia del
Consejo de Ministros; con El Presidente Ejecutivo y funcionarios del Instituto Nacional de
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA); con miembros de la
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República; con funcionarios de la Fiscalía de la Nación; y con la Defensora del Pueblo, Beatriz
Merino Lucero. La delegación solicitó también reuniones con el Presidente de la República Alan
García y con el Presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén, las cuales no
fueron otorgadas. Amnistía Internacional está decepcionada por no haber podido mantener estas
entrevistas con los dos más altos funcionarios del Perú y espera que esto no sea indicativo de la
seriedad con que el Gobierno toma los graves hechos sucedidos el 5 de junio.
Amnistía Internacional lamenta la muerte de 23 efectivos de la policía y 10 ciudadanos, entre
indígenas y pobladores de Bagua. La organización lamenta asimismo que el Mayor de la policía
Felipe Bazán, siga en paradero desconocido, y el hecho de que 11 de los agentes de la policía
murieran en estado de indefensión en la Estación No. 6.
Amnistía Internacional reconoce el derecho y la obligación del Estado de mantener el orden
público y restablecerlo cuando sea necesario. Sin embargo, la organización recuerda a las
autoridades que toda acción de las fuerzas del orden debe realizarse dentro del marco de la ley y
la protección de los derechos humanos.
Durante la visita de Amnistía Internacional a Perú, la organización ha podido constatar el uso
excesivo de la fuerza empleado por las fuerzas del orden, tanto en el tramo de la carretera entre la
Curva del Diablo y la Balanza, como en el Reposo, y en Bagua y Utcubamba. Amnistía
Internacional ha podido corroborar maltrato a personas indefensas, incluso a personas heridas que
se encontraban en ambulancias, y el uso de armas de fuego de forma indiscriminada y
desproporcionada en contra de personas que se encontraban desarmadas.
En el caso de Bagua y Utcubamba, el uso indiscriminado y desproporcionado de armas de fuego
se llevó a cabo en contra de personas indefensas.
Según informes, 200 personas heridas durante los hechos del 5 de junio fueron atendidas en
diversos establecimientos de salud. De acuerdo a los informes médicos, 82 resultaron heridas por
arma de fuego, 41 presentaban contusiones y 22 contusiones o quemaduras por gases
lacrimógenos. De acuerdo a la información recibida por Amnistía Internacional, por temor a las
represalias, algunas personas indígenas regresaron a sus comunidades sin recibir atención médica
por lo que el número de heridos sería aún mayor.
Lo mas trágico de estos lamentables sucesos es que a juicio de Amnistía Internacional estos
hechos eran predecibles y prevenibles.
El Estado peruano tiene una gran responsabilidad tanto con los pueblos indígenas y los pobladores
de Bagua, como con los policías. Es lamentable que 33 personas, entre policías, indígenas y
pobladores de Bagua, hayan tenido que morir antes de que el Estado peruano tome en serio sus
obligaciones y escuche las legítimas demandas de los pueblos indígenas.
El Estado tiene una gran responsabilidad por lo sucedido, por no haber hecho la consulta
necesaria y obligatoria bajo el derecho internacional, con aquellos pueblos indígenas cuyos
derechos se verían afectados, antes de dictar la serie de decretos ley sobre el uso de la tierra y los
recursos naturales en la selva amazónica que fueron la causa principal de las protestas que se
iniciaron el año pasado.
Lo único positivo que ha surgido tras los tristes sucesos del 5 de junio es que el Gobierno admite
ahora haber reconocido su obligación a realizar una consulta previa, libre, e informada y de buena
fe con los pueblos indígenas. El Gobierno debe ahora garantizar que dicha consulta se realice a
través de los representantes de los pueblos indígenas libremente elegidos por ellos, de acuerdo a
sus costumbres.
Para que este proceso de diálogo que se ha iniciado tenga resultados que sean aceptados por los
pueblos indígenas es importante que se garantice la participación de sus líderes legítimos. En este
sentido, Amnistía Internacional ve con preocupación la naturaleza de los cargos presentados
contra varios dirigentes indígenas que en la opinión de la organización son desproporcionados, no
sustentados y podrían ser políticamente motivados. Amnistía Internacional exhorta a las
autoridades a revisar dichos cargos.
Asimismo, es esencial para construir la confianza necesaria para que este proceso de consulta sea
fructífero y exitoso, que se realice una investigación exhaustiva, imparcial e independiente, que
sea vista como tal por toda la población. Esta investigación debe estar encauzada a esclarecer
todos los hechos y establecer todas las responsabilidades.
El Estado debe garantizar asimismo una adecuada reparación para todas las víctimas de
violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
Se debe además continuar con los esfuerzos para esclarecer el paradero del mayor Felipe Bazán e
investigar cualquier denuncia que pudiera recibirse sobre posibles desapariciones.
Los derechos de todas las personas detenidas o procesadas deben ser garantizados, incluido su
derecho a un proceso justo y a condiciones de detención adecuadas. Preocupa a Amnistía
Internacional la situación de las 15 personas recluidas en el penal de máxima seguridad Huancas
de Chachapoyas y la forma como estas habrían sido trasladadas a este centro de reclusión sin la
autorización de un juez. La distancia al Penal de Chachapoyas dificultaría además el acceso de los
detenidos a sus familiares y representantes legales.
Amnistía Internacional ha recibido además con preocupación informes sobre presencia de
militares en instalaciones civiles en la comunidad nativa de Santa María de Nieva. Esta situación
no solo es irregular sino que no contribuye a crear un clima de calma y confianza que contribuya
al diálogo.
Amnistía Internacional opina que el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los
Pueblos Amazónicos y las cuatro mesas de diálogo que fueron establecidas por el anterior Primer
Ministro Yehude Simon Munaro, son un primer paso positivo. La organización seguirá con atención
este proceso en la esperanza que las recomendaciones y propuestas que surjan de dichas mesas
sean tomadas con seriedad por parte del Gobierno.
La organización de derechos humanos solicita así mismo al Estado que se suspendan los decretos
ley cuestionados hasta que se haya establecido un proceso de consulta que se adecue a los
estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Como muestra de buena fe el Gobierno debería además no dar más concesiones para la
exploración o explotación de recursos naturales y suspender las concesiones ya otorgadas en áreas que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas.
FIN/
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