Por Adital - Friday, Aug. 21, 2009 at 1:56 AM
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Adital - La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura archivó definitivamente, el 11 de agosto, la denuncia por terrorismo contra 35 personas por la "Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas", entidad financiada por la empresa Majaz. La decisión fue celebrada por movimientos y comunidades peruanas de la región de Piura, quienes, hace año y medio, luchaban por el archivamiento definitivo de la denuncia.
Según comunicado de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), divulgado hoy (20), la Resolución de la Fiscalía "pone fin a uno de los cientos de casos de penalización de la protesta social existentes en el Perú contra dirigentes comunales que defienden sus derechos". La denuncia ya había sido archivada en dos otras veces: en octubre del 2008 y en marzo del 2009, pero solamente ahora la Fiscalía resolvió archivar definitivamente el caso.
La denuncia, más conocida como "Caso Majaz", ocurrió cuando comunidades realizaron manifestaciones contra la ilegal imposición del Proyecto Minero Río Blanco en sus territorios. "En septiembre del 2007, las municipalidades de los distritos afectados en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, desarrollaron una consulta en sus jurisdicciones sobre la presencia del proyecto minero, ubicado en cabeceras de cuenca y bosques de neblina", afirma el comunicado.
En la ocasión, más del 95% de las personas rechazaron la incursión minera. Sin embargo, el gobierno no reconoció la consulta y Majaz, a través de su Asociación, "presentó la denuncia por terrorismo contra 35 personas, entre ellas alcaldes, regidores, comuneros y autoridades comunales, activistas ambientales y defensores de derechos humanos".
Entre ellos también estaba Miguel Palacín, Coordinador General de la CAOI. Para el coordinador, la resolución de la Fiscalía demuestra "que en el Perú se persigue y criminaliza a los dirigentes indígenas y activistas ambientales sin razón algunas, con el único objetivo de proteger a las empresas multinacionales y sus aliados".
Ahora, según él, el próximo paso es exigir que avancen las investigaciones por las torturas sufridas por miembros de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba por parte de policiales en las instalaciones de Majaz. "Este caso debe ser llevado a instancias internacionales porque el Estado peruano está directamente implicado en estos delitos de lesa humanidad", afirma Palacín en el comunicado.
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