La mesa diálogo se realizó entre representantes de la población de Islay, autoridades locales y regionales y una comisión del gobierno, en la que estuvo al frente Javier Velásquez Quesquén, presidente del Consejo de Ministros.
En la ocasión, además de la suspensión por 90 días del EIA del proyecto Tía María, el gobierno se comprometió a declarar intocables las aguas subterráneas y superficiales de la cuenca del Valle del Tambo, ya que la Southern Perú planeaba extraer aguas subterráneas del río Tambo a razón de 224 litros por segundo y construir cuatro pozos de abastecimiento y dos de reserva. El gobierno también deberá realizar un llamado, antes de los noventa días, para que el gobierno central y el gobierno regional construyan una represa.
Durante el lapso de tiempo que el proyecto de minería esté suspendido las organizaciones de Islay van a preparar las pruebas de inviabilidad social, económica, cultural y ambiental del proyecto Tía María en la región.En un comunicado divulgado ayer (21) por la Caoi, la Coordinadora divulgó la noticia de que José Julio Gutiérrez, integrante del Frente de Defensa del Medio Ambiente, del distrito de Cocrachacra, denunció que él y otros dos dirigentes de Islay fueron denunciados falsamente de incentivar a la población a llevar palos y machetes a las movilizaciones y de promover la ocupación de la carretera Panamericana Sur. Informó además que dos dirigentes tienen orden de detención sobre sus personas.
Gutiérrez también culpó a la policía de la desocupación violenta e invasión de domicilio para realizar detenciones indiscriminadas. "Democracia no es reprimir al pueblo, es indispensable una política de prevención de conflictos y que el gobierno respete nuestro derecho a la libre determinación, a elegir nuestro modelo de desarrollo y a vivir en paz, derechos reconocidos por la Constitución y por las normas legales", afirmó el dirigente.
En el caso que los acuerdos firmados entre las organizaciones de Islay y el gobierno no se cumplan, la población de toda la región de Arequipa promete unirse para retomar la lucha en contra del proyecto minero. Según el comunicado de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Caoi), la iniciativa de movilización contra el proyecto ya tiene la adhesión de cuatro alcaldes provinciales de Arequipa.
Magdiel Carrión Pintado, vicepresidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami); Manuel Jugo, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Luis Isarra, secretario de defensa de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) también apoyan la causa de la población de Islay en defensa de sus derechos territoriales y por la elección de las formas de desarrollo de la región.
Según informaciones de la Caoi, Islay es la provincia con más concesiones mineras en Arequipa, teniendo el 55,8% de su territorio concesionado. Cocrachacra, uno de los seis distritos de Islay, tiene el 62,5% de sus territorios concesionado a diez empresas de minería.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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