Solidaridad con la lucha del pueblo de Islay
En defensa de la vida, la democracia y el derecho de los pueblos a decidir su destino.
“Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad”
Eduardo Galeano
A casi un año de la masacre de Bagua, los y las abajo firmantes consideramos que es necesario pronunciarnos para alentar el diálogo y evitar otro episodio de violencia, en el cual puedan morir más peruanos y peruanas, tanto civiles que quieren defender sus derechos, como miembros de las fuerzas del orden acatando las órdenes de sus superiores. Una vez más, esto ocurre por el empecinamiento del gobierno en imponer los intereses de una empresa minera, como es el caso de Southern y el proyecto Tía María, dejando de atender a la voluntad mayoritaria del pueblo de Islay- Arequipa que desea un modelo de desarrollo regional basado en la agricultura.
La violencia y el autoritarismo no pueden seguir siendo el marco a través del cual se gobierna el país, para imponer intereses privados transnacionales por sobre la vida de las y los peruanos y sus derechos. La violencia política y la dictadura fujimorista que desangraron al Perú y propiciaron la destrucción de las instituciones y prácticas democráticas, nos plantearon la necesidad de un NUNCA MÁS, de que lo ocurrido no se repita. Sin embargo, bajo el gobierno de García Pérez, se vuelven a generar condiciones que ahondan los desencuentros entre peruanos de lo que Bagua ha sido un punto alto de expresión.
Hoy se corre el riesgo de que ocurra lo mismo en el conflicto de Islay, existiendo dos justas demandas, las mismas que han sido respaldadas por la mayoría de la población de la zona pero que deben ser consideradas en el debate público del país sobre la democracia y el modelo de desarrollo: el respeto a los resultados de la Consulta Popular, realizada el año pasado, que mayoritariamente dijo NO a la Minería en el Valle del Tambo y al Proyecto Tía María; y el derecho a vivir bajo un modelo de desarrollo basado en la agricultura, el que ha dado sustento y dignidad a sus vidas.
Las condiciones en que se desarrolla la minería en el país y los marcos que la regulan son totalmente deficientes y no protegen los intereses nacionales y de los pueblos del Perú, tal como lo ha afirmado la misma Organización Internacional del Trabajo. El gobierno, lejos de cautelar los derechos humanos y ecológicos y propiciar el entendimiento y la justicia entre los agentes privados y la población, toma abiertamente partido por los primeros y desprecia a los segundos, dejando de lado sus opiniones y demandas.
De esta manera contribuye en el país a exacerbar las distancias sociales y culturales entre peruanos desde un discurso racista y excluyente que pretende que sólo hay un modelo de desarrollo y una sola forma de vida válida. Las expresiones de “perros del hortelano”, “terroristas viales” tienen su correlato político en la tortura (en el caso de Majaz) y el asesinato de dirigentes campesinos, en las leyes de inimputabilidad a los miembros de las fuerzas del orden que disparen a la multitud, en la criminalización de la protesta social y en la militarización de diversos lugares del país como respuesta a los conflictos sociales.
Hacemos, un llamado a los ciudadanos y ciudadanas, a las organizaciones sociales y políticas identificadas con la democracia en el Perú, a intelectuales y activistas nacionales e internacionales a pronunciarse sobre Islay y presionar al gobierno peruano para que deponga la soberbia y deje de amparar el abuso contra la población, asuma el diálogo abierto con el pueblo de Islay no como una mecida sino como apuesta franca por resolver el conflicto, exigimos además cese el hostigamiento y la persecución de sus dirigentes que ya han sido acusados de terrorismo, situación que desdice mucho de la voluntad de diálogo del gobierno.
20 de abril de 2010
COMITÉ DE APOYO A LA LUCHA DEL PUEBLO DE ISLAY CONTRA EL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA
Enviar adhesiones al correo: latiacontaminaislay@gmail.com
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