Perú: La reubicación de aldeas enteras para la minería, las represas
3 de marzo 2010
Cientos de comunidades peruanas fueron desplazadas cuando huían de la guerra 1980-2000 civil. Hoy el gobierno está presionando para la aprobación urgente de una ley que facilitaría el traslado de pueblos enteros o barrios de mineral o las zonas ricas en energía.
Fuente: Milagros Salazar, Noticias IPS
2 de marzo 2010
El proyecto de ley que el gobierno de Alan García presentó al Congreso es unicameral y un examen urgente se movería las comunidades de las áreas donde los proyectos de desarrollo se consideran de "público o fundamentales de interés" se han previsto.
El proyecto de ley está en manos de dos comités legislativos, cuyos miembros dijo a IPS que los debates y votación en el Pleno se realizará esta semana.
El Comité de Justicia envió el proyecto de ley para la Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo) y otros expertos para solicitar opiniones consultivas, mientras que el Comité de Mujeres está a la espera de un dictamen técnico a la Comisión de los Pueblos Indígenas.
"El proyecto de ley tiene por objeto facilitar la inversión de la industria minera y las centrales hidroeléctricas, que es cada vez mayor en la tierra de las comunidades indígenas", dijo la congresista Gloria Ramos.
"Este proyecto de ley debe ser estudiado cuidadosamente, para asegurarse de que los derechos de las comunidades reubicadas están garantizados", dijo Ramos, quien presidió la comisión multipartidaria creada para responder a las demandas indígenas tras las protestas de las sociedades nacionales empezó a calentarse en 2008.
El proyecto de ley está diseñado para "allanar el camino" para la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en el marco de un memorando de entendimiento entre el Perú y Brasil, el analista Santiago Pedraglio escribió en una columna en el Perú 21 periódicos.
El número de concesiones otorgadas a las empresas mineras aumentaron en más del 70 por ciento entre 2002 y 2007, y ha continuado creciendo desde entonces, impulsado por el auge de los precios de los minerales.
Varios de los proyectos mineros, aún en la fase de exploración, están en la tierra que está poblada por comunidades locales. En otros casos, las minas se han expandido hasta el punto en que inmiscuirse en las poblaciones cercanas, por lo que es necesario reubicar a pueblos enteros o barrios.
Uno de los casos más notorios es el pueblo de Morococha en la región sierra central de Junín, donde la empresa china Chinalco planes para extraer cobre en una colina rodeada por las casas de cientos de personas.
Otro caso es la ciudad de Cerro de Pasco, también en el altiplano central, donde una enorme mina a cielo abierto explotadas por la compañía peruana Volcán está rodeado por todos lados por los barrios, y unas 11.000 familias podrían ser reubicadas debido a los efectos negativos de la mina en su salud, así como sus hogares, muchos de los cuales tienen grietas como consecuencia de las detonaciones.
Ramos dijo a IPS que el Congreso debería hacer todo lo posible para aprobar primero un proyecto de ley establece el requisito de que las comunidades indígenas sean consultados sobre la minería, la madera o las inversiones en petróleo, por ejemplo, que afectan a ellos ya sus tierras, conforme a lo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Perú en 1993.
"La iniciativa debe ser sometida a un proceso de consultas urgentes para prevenir los conflictos sociales", Asunta Santillán, coordinador del programa indígena social de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR - Derecho, Medio Ambiente y Recursos Naturales), una ONG local, dijo a IPS .
El proyecto de ley presentado al Congreso el 4 de febrero sería modificar el artículo 8 de la ley 28.223 sobre el desplazamiento forzado, la incorporación de una cláusula que establece a las autoridades a tomar decisiones sobre los permisos para proyectos de inversión con "la mayor velocidad posible".
El proyecto de ley también dice que la cabeza del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES) será la encargada de autorizar la reubicación en el caso de las poblaciones locales desplazadas como resultado de "proyectos de desarrollo a gran escala justificado por un interés más alto o público esencial. "
Aunque el proyecto de ley establece que en caso de desplazamiento de las comunidades campesinas nativas, las normas nacionales e internacionales sobre la cuestión, se reunió, Santillán advirtió que, debido a los permisos para los proyectos se van a procesar rápidamente bajo la nueva ley, existe el riesgo de que cualquier consulta con las comunidades locales se limita a un ejercicio administrativo sin sentido.
La comisión legislativa sobre los Pueblos Indígenas está elaborando un informe inicial sobre el proyecto de ley sobre consulta previa sobre la base de una propuesta de la Defensoría del Pueblo.
Pedraglio dijo que el proyecto de ley sobre el desplazamiento y reubicación amplía el concepto de "desplazados" las comunidades, previamente restringido a aquellos que se vieron obligados a huir de sus hogares por la violencia y abusos contra los derechos humanos durante las dos décadas de conflicto armado entre el maoísta Sendero Luminoso (y más pequeñas MRTA) la guerrilla y las fuerzas gubernamentales.
El jefe de la oficina sobre los desplazamientos y las cuestiones de la paz en MINDES, Lizandro Tovar, dijo a IPS que el crecimiento económico experimentado por el Perú y otros países de América Latina en los últimos años "hace necesario regular este tipo de desplazamiento interno causado por los acontecimientos económicos actividad, que es un tema nuevo que plantea la necesidad de proteger los derechos de las poblaciones locales.
"El desplazamiento sólo se puede permitir que en casos de proyectos de interés vital, porque injustificada el desplazamiento forzado se considera un crimen de lesa humanidad", dijo Tovar.
¿Y cuáles son los criterios utilizados para determinar qué proyectos son "vitales" como para justificar la eliminación de poblaciones enteras de sus hogares? El proyecto de ley dice que la decisión le corresponde a los jefes de los ministerios y oficinas gubernamentales que regulan las actividades de proyectos de inversión.
El proyecto de ley no especifica quién sufragaría los gastos de traslado, que sigue siendo un problema pendiente en el caso de las minas Volcán en Cerro de Pasco, Huamán Gladys con la organización no gubernamental Laboral Centro dijo a IPS.
El propietario de la empresa debe asumir los costos, como parte de la inversión, la activista sostuvo.
Por otra parte, en Cerro de Pasco, "los residentes locales son gente de la ciudad," y no sólo los indígenas ", lo que significa el proceso de consulta no se rige solamente por el Convenio 169. ¿Cómo van a llevar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en la línea con las leyes vigentes y los tratados internacionales? " preguntó Huamán.
Tovar también se refirió a la necesidad de conciliar las legislaciones nacionales con la legislación internacional.
En opinión de los expertos que hablaron con IPS, la clave está en un debate transparente en el parlamento. (FIN)
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