El documento expresa que el 50% de los conflictos suscitados en Perú son de orden socioambiental.
A su vez, argumenta que las políticas de protección ambiental, de equidad y de participación ciudadana disminuyen al mismo tiempo que los conflictos relacionados con la minería se incrementan.
El especialista en temas mineros, José de Echave, expresó ante la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) que sería beneficioso que los Gobiernos regionales y locales sean llamados para prevenir y resolver los conflictos socioambientales.
Sin embargo, Echave admitió que dichas instancias de gobierno carecen de facultades e injerencia en temas que conciernen a la gran minería.
Además, el especialista explicó que Perú ratificó en 1993 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece que las comunidades originarias deben ser consultadas sobre emprendimientos que afecten su modo de vida. A pesar de ello esta medida no fue reglamentada.
Al respecto, Echave señaló que el conflicto amazónico plantea con mucha fuerza la necesidad de avanzar en "mecanismos de participación ciudadana efectivos y que las poblaciones sean consultadas desde un inicio". (PÚLSAR/CNR)
gf
16/07/2009
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