Camila Queiroz
Periodista de ADITAL
Adital
Después de 41 días de resistencia contra el proyecto minero Santa Ana, en la región de Puno, al sur de Perú, los indígenas aymarás y quechuas liberaron hoy (27) el puente internacional de Desaguadero, que une al país con Bolivia. La decisión fue tomada ayer, en asamblea, debido a la revocación del Decreto Supremo 083 (que otorgaba la concesión a Santa Ana), concordada en una reunión con el gobierno.
Los indígenas también consiguieron que el Ejecutivo establezca una moratoria de concesiones mineras en la región y que las operaciones extractivistas estén condicionadas a consultas con las comunidades. Además, el gobierno emitió un decreto en el que declara como prioritaria la limpieza del río Ramis, contaminado por substancias tóxicas utilizadas en la minería informal.
Sin embargo, la demanda de que todas las concesiones en la región fueran anuladas todavía no fue atendida y quedará para el gobierno del presidente electo, Ollanta Humala. La comunidad dio un plazo de 30 días a Humala –desde el 30 de julio– para que atienda lo que queda de las reivindicaciones.
De acuerdo con el dirigente Walter Aduviri, los indígenas exigen también la reestructuración de la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales y del Ministerio de Energía y Minas (Minem). También demandan que la oficina que evalúa los Estudios de Impacto Ambiental sea un ente independiente del Minem, al cual acusan de corrupción.
Violencia
El último día 24, en el marco de la resistencia a la minería, manifestantes de la provincia de Azángaro, en Puno, entraron en el aeropuerto de la ciudad de Juliaca y fueron atacados a tiros por policías. Seis personas murieron en la confrontación.
En un comunicado, la coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Caoi) destaca que los conflictos en la región se arrastran desde hace muchos años, y debido a la omisión, el gobierno tiene responsabilidad en las recientes muertes de manifestantes.
"Porque los gobiernos nunca recurrieron al diálogo para resolver las demandas. Cuando lo hicieron, instalaron mesas con representantes sin poder de decisión y los acuerdos nunca se cumplieron. Porque los gobiernos en Perú, desde siempre, sólo saben responder a las demandas y protestas populares a balazos”, denunciaron.
La coordinadora exige castigo para el presidente Alan García y sus ministros por los delitos de Bagua (masacre en la Amazonia peruana, que dejó 33 muertos hace dos años), Puno y de la región de Huancavélica (donde tres campesinos fueron asesinados recientemente).
Para Humalla, la Caoi advierte que los conflictos sociales se tratan de "un problema estructural, que exige el cambio de un modelo neoliberal extractivista, depredador, saqueador, criminalizador, por uno de equidad, de relación armónica con la naturaleza, de respeto a la vida”.
En el mismo sentido, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), en nota, considera lamentable la represión ocurrida en Juliaca. "(Los hechos) no son sino una muestra más de la política neoliberal, y represiva del gobierno aprista, que lejos de buscar cautelar y defender al pueblo, se ha convertido en un guardián de los intereses de la empresas mineras”, enfatizan.
La confederación declaró su apoyo a la invalidación del Decreto Supremo Nº 083-2007, que permite concesiones a menos de 50 km de la frontera: "Exigimos también una atención más humana de los conflictos y (…) buscando no criminalizar a los defensores del medio ambiente”, finalizan.
Con informaciones de mapuexpres.net y La Republica
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
http://www.adital.com.br/site/
Los indígenas también consiguieron que el Ejecutivo establezca una moratoria de concesiones mineras en la región y que las operaciones extractivistas estén condicionadas a consultas con las comunidades. Además, el gobierno emitió un decreto en el que declara como prioritaria la limpieza del río Ramis, contaminado por substancias tóxicas utilizadas en la minería informal.
Sin embargo, la demanda de que todas las concesiones en la región fueran anuladas todavía no fue atendida y quedará para el gobierno del presidente electo, Ollanta Humala. La comunidad dio un plazo de 30 días a Humala –desde el 30 de julio– para que atienda lo que queda de las reivindicaciones.
De acuerdo con el dirigente Walter Aduviri, los indígenas exigen también la reestructuración de la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales y del Ministerio de Energía y Minas (Minem). También demandan que la oficina que evalúa los Estudios de Impacto Ambiental sea un ente independiente del Minem, al cual acusan de corrupción.
Violencia
El último día 24, en el marco de la resistencia a la minería, manifestantes de la provincia de Azángaro, en Puno, entraron en el aeropuerto de la ciudad de Juliaca y fueron atacados a tiros por policías. Seis personas murieron en la confrontación.
En un comunicado, la coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Caoi) destaca que los conflictos en la región se arrastran desde hace muchos años, y debido a la omisión, el gobierno tiene responsabilidad en las recientes muertes de manifestantes.
"Porque los gobiernos nunca recurrieron al diálogo para resolver las demandas. Cuando lo hicieron, instalaron mesas con representantes sin poder de decisión y los acuerdos nunca se cumplieron. Porque los gobiernos en Perú, desde siempre, sólo saben responder a las demandas y protestas populares a balazos”, denunciaron.
La coordinadora exige castigo para el presidente Alan García y sus ministros por los delitos de Bagua (masacre en la Amazonia peruana, que dejó 33 muertos hace dos años), Puno y de la región de Huancavélica (donde tres campesinos fueron asesinados recientemente).
Para Humalla, la Caoi advierte que los conflictos sociales se tratan de "un problema estructural, que exige el cambio de un modelo neoliberal extractivista, depredador, saqueador, criminalizador, por uno de equidad, de relación armónica con la naturaleza, de respeto a la vida”.
En el mismo sentido, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), en nota, considera lamentable la represión ocurrida en Juliaca. "(Los hechos) no son sino una muestra más de la política neoliberal, y represiva del gobierno aprista, que lejos de buscar cautelar y defender al pueblo, se ha convertido en un guardián de los intereses de la empresas mineras”, enfatizan.
La confederación declaró su apoyo a la invalidación del Decreto Supremo Nº 083-2007, que permite concesiones a menos de 50 km de la frontera: "Exigimos también una atención más humana de los conflictos y (…) buscando no criminalizar a los defensores del medio ambiente”, finalizan.
Con informaciones de mapuexpres.net y La Republica
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
http://www.adital.com.br/site/
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