El Gobierno peruano planea militarizar las zonas mineras, en las que persisten conflictos con las comunidades aledañas, para facilitar sus actividades, pero esta situación puede agudizar los problemas sociales, advirtieron hoy varias organizaciones civiles.
En la presentación del Quinto Informe Observatorio de Conflictos Mineros en Perú, el representante de la organización católica Fedepaz, Javier Jahnke, dijo que la posición del Gobierno es que ante "todo aquel conflicto que meritúe (implique) una situación difícil: pongamos militares".
Pero esta decisión "va a agudizar la situación conflictiva", acotó el representante de Fedepaz, una ONG que elaboró este informe junto a las agrupaciones civiles Grufides y Cooperacción.
A inicios de noviembre pasado, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Javier Velásquez, anunció la instalación de bases militares para proteger los asentamientos mineros, como el de la empresa china Rio Blanco Copper en la región Piura, después de que un ataque a su campamento terminó con tres trabajadores muertos.
Velásquez argumentó que en Huancabamba, una zona de difícil acceso de la norteña Piura, campea el narcotráfico y el terrorismo.
En Perú existen actualmente 132 conflictos socioambientales, de los cuales el 68 por ciento corresponden a actividades derivadas de la minería, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
La causa principal de estos conflictos es la negativa de las comunidades, ubicadas en las zonas aledañas a la actividad minera, a que las empresas se instalen en sus jurisdicciones por las consecuencias para el medio ambiente.
Sin el visto bueno de las comunidades, las compañías mineras no pueden contar con la autorización definitiva para sus operaciones.
A pesar de esa situación, el número de concesiones mineras en el territorio peruano se han incrementado de 17,1 millones de hectáreas en 2008 a 19,5 millones de hectáreas este año, de acuerdo a datos oficiales.
Hoy, durante la presentación del informe, el representante de Fedepaz citó el caso de Rio Blanco, que aún no tiene un permiso definitivo de operaciones, como uno de los de mayor tensión en las últimas semanas, seguido por el anuncio de la militarización.
Después de varios años de protestas y enfrentamientos entre los pobladores y la empresa, el último 1 de noviembre hubo un nuevo incidente con tres fallecidos y la semana pasada una intervención policial dejó otros dos pobladores muertos.
El gerente de la empresa, Jiang Wu, se reunió en noviembre con Velásquez y los ministros peruanos de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y del Interior, Octavio Salazar, para exponer sus problemas por la oposición de un sector de pobladores.
La compañía ya había denunciado el año pasado a 28 pobladores por presuntos delitos de terrorismo, pero las acusaciones fueron desvirtuadas y archivadas este año.
Sin embargo, Jahnke anotó que "ha habido una presión importante del gremio minero" para que haya "una intervención de mano dura de parte del Gobierno en las diferentes zonas de conflicto".
Por su parte, el representante de Grufides, Pablo Sánchez, afirmó que, con este patrón, otras "situaciones similares se van a presentar en otras zonas del país, lo cual va a agudizar los conflictos y crear mayores situaciones de violencia".
El informe concluyó en que es necesario implementar políticas de transparencia y acceso a la información, fortalecer la participación ciudadana y el respeto de los derechos de las comunidades, entre otros puntos.
http://www.que.es/ultimas-noticias/internacionales/200912092206-denuncian-que-gobierno-peruano-planea.html
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