Uno de los candidatos principales a las elecciones presidenciales de Perú, que se realizarán en abril, «llevó su campaña» a Vancouver, informó el diario más importante de dicha ciudad. A principios de este mes, Alejandro Toledo, quien cumplió un mandato anterior como presidente, se reunió con funcionarios mineros, banqueros de inversiones y periodistas, y les comentó que su gobierno mejoraría el clima para la exploración minera y el desarrollo de minas.
«Una de las razones por las cuales he interrumpido mi campaña —Toledo indicó a la prensa— es que quería transmitir el mensaje a los inversionistas potenciales —inversionistas que ya están involucrados en Perú y que son posibles inversionistas— que estamos interesados en sus inversiones».
Para algunos, Perú es una historia de éxito canadiense. Antes de 1990, ninguna empresa minera canadiense operaba en Perú. Ahora, las corporaciones canadienses dominan el sector minero del país y operan una serie de proyectos importantes. Según Bloomberg, «más de 200 compañías júniores de exploración minera, la mayoría de las cuales son canadienses, están en busca de reservas de petróleo crudo, gas natural y otros recursos en todo el país».
Seguimiento:
Como ejemplo de la magnitud de la inversión minera canadiense en Perú, ScotiaBank anunció planes a finales del 2006 para ampliar sus operaciones en el país con la finalidad de hacer más negocios con clientes mineros. El banco con sede en Toronto es el tercer banco más importante de Perú, y sólo una pequeña parte de las compañías canadiense, cuyo valor es de aproximadamente cinco mil millones de dólares, ha invertido en el país.
Donde algunos ven el éxito canadiense, otros ven problemas, al menos para muchos peruanos.
«En Perú —señaló el profesor Daviken Stuenicki Gizbert de la Universidad McGill—, el 40 % de los conflictos, que afectan a las comunidades locales, está relacionado con la minería. Gran parte del sector minero en Perú es canadiense».
Durante un periodo corto en el 2008, las empresas canadienses de recursos naturales en Perú fueron responsables de una serie de eventos socialmente perjudiciales. Una compañía de petróleo y gas penetró una zona habitada por una tribu nómada que se negó a mantener contacto con el mundo exterior. Una mina destruyó tallados precolombinos, y el gobierno declaró el estado de emergencia por temor a que el arsénico, plomo y cadmio de la mina cerca de Lima pudieran contaminar la fuente principal de agua de la capital.
En octubre del 2008, Zúñiga, presidente del grupo indígena achuar denominado la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), comentó lo siguiente a la estación de radio local: «Nosotros, como pueblo indígena, rechazamos la empresa canadiense, Talisman. No queremos que trabajen en nuestro territorio. Queremos que el Estado peruano nos respete y que las fuerzas armadas dejen de ayudar a la empresa». En la primavera, los líderes achuar viajaron a Calgary para exigir a Talisman que detuviera la perforación en su territorio, ya que causaba daños ecológicos y conflictos sociales.
La empresa minera más importante del mundo, Barrick, cuya sede se ubica en Toronto, también se ha visto involucrada en una serie de conflictos en Perú. Conflicto violento en mina Pierina de Barrick Gold en la región norte central de Perú fue el titular de un periódico canadiense en el 2005, cuyo artículo informó sobre la muerte de dos manifestantes.
Un año antes, Reuters reportó que «miles de manifestantes, enojados con la decisión judicial de dispensar a la empresa minera canadiense, Barrick Gold Inc., de su obligación de efectuar un pago de impuestos de 141 millones de dólares, se enfrentaron con la policía antidisturbios en la sierra central de Perú el lunes, el último acontecimiento de una racha de protestas contra la minería en la nación rica en minerales».
El conflicto minero de más alto perfil en Perú ocurrió a principios de la década en el proyecto de Manhattan Minerals, empresa minera con sede en Vancouver. Este proyecto, con un valor de 240 millones de dólares, se ubicaba en Tambogrande, pueblo pequeño en el norte del país. Esta mina de oro a tajo abierto hubiera obligado a la mitad de los dieciséis mil habitantes del pueblo a reubicarse al crear sólo unos pocos cientos de puestos de trabajo. Godofredo García Baca, líder del movimiento de oposición contra la minería, fue baleado y murió en circunstancias sospechosas.
El gobierno federal ha apoyado numerosos proyectos mineros individuales en el país y ha trabajado para proporcionar a la industria un clima de inversión rentable. Manhattan Minerals obtuvo su concesión en Tambogrande seis meses después de participar en una misión comercial a Perú del Instituto Nacional de Recursos Naturales, y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA, por sus siglas en inglés) se asoció con Barrick en un proyecto de reforestación cerca de la mina Laguna Norte de la empresa.
En el 2002, CIDA inició un Proyecto de Reforma de Recursos Minerales de seis años con un presupuesto de 9,6 millones de dólares para proporcionar asistencia técnica y apoyo tecnológico al Ministerio de Energía y Minas del país. A finales del 2008, CIDA agregó 4 millones de dólares al proyecto, y el acuerdo se extendió hasta el 2012. El objetivo oficial de este proyecto es «desarrollar actividades orientadas a la consolidación de la capacidad institucional del sector, es decir, los servicios proporcionados por el Ministerio de Energía y Minas, y contribuir a la generación de mayor confianza en el Ministerio y sus oficinas regionales».
El empeño de CIDA para mejorar las perspectivas de las empresas mineras canadienses a través del Proyecto de Reforma de Recursos Minerales justificó una visita a principios del 2008 de la Ministra de Cooperación Internacional. La revista, Embassy Magazine, reportó lo siguiente: «la señora [Bev Oda]… llegó a Perú para reunirse con el ministro de energía y minas del país latinoamericano, así como las empresas mineras canadienses y peruanas y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para discutir la reforma del sector minero».
El año pasado, CIDA eligió a Perú como el «país de centro de interés», y el gobierno federal firmó un acuerdo comercial con Perú diseñado, en gran parte, para mejorar las perspectivas de los inversionistas canadienses. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, «un capítulo de inversión en el Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú – Canadá garantiza a los inversionistas canadiense el acceso a los mercados en Perú y proporciona mayor estabilidad, transparencia y protección para sus inversiones».
En realidad, el TLC, con protecciones ambientales y laborales que son «incluso más débiles que las del Tratado de Libre Comercio de América del Norte», podría ser mejor caracterizado como una subversión de la democracia real. El TLC está diseñado para eliminar la capacidad de cualquier futuro gobierno peruano para modificar los reglamentos mineros o expropiar las propiedades de las empresas canadienses.
En cuanto a los funcionarios canadienses que apoyan los intereses de las compañías mineras, la visita de Toledo a Vancouver fue, sin duda, una señal de éxito. Sin embargo, muchos canadienses podrían estar en desacuerdo. En lugar de «éxito», es posible que vean el imperialismo y Canadá siguiendo los pasos de los EE. UU.
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* Yves Engler es el autor de Canadá e Israel: Construcción del apartheid y La lista negra de la política exterior canadiense. Para más información visite la siguiente página web: http://yvesengler.com/
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Traducción del inglés al español para Servindi por Sylvia Fisher.
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