Más de 90 grupos ecologistas y defensores de los derechos humanos pidieron hoy que el Gobierno de Perú cese la represión contra activistas opuestos a un plan minero de la empresa estadounidense Newmont en la región norteña de Cajamarca.
Washington, 12 jul.- Más de 90 grupos ecologistas y defensores de los derechos humanos pidieron hoy que el Gobierno de Perú cese la represión contra activistas opuestos a un plan minero de la empresa estadounidense Newmont en la región norteña de Cajamarca.
En una carta enviada a la Embajada de Perú en Washington, las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos expresaron preocupación por la violencia utilizada para detener las protestas contra el proyecto de unos 5.000 millones de dólares Minas Conga, de Newmont, que la semana pasada dejó seis muertos y más de treinta heridos.
"Estamos profundamente preocupados por la violencia vinculada con el proyecto minero en Perú", dijo Keith Slack, a cargo del programa energético de la organización humanitaria internacional Oxfam America.
"Se necesita una acción urgente ahora para prevenir que la situación en Cajamarca se deteriore aún más", aconsejó Slack, cuyo grupo sumó su firma a la carta junto a otras 90 organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.
En la carta, los grupos acusaron al Gobierno peruano de "suprimir la oposición comunitaria a través de medios violentos" para proteger los proyectos de extracción minera en la zona, e indicaron que las comunidades del área tienen derecho a realizar protestas pacíficas.
Agregaron que los líderes comunitarios en Cajamarca temen que el proyecto minero de Newmont -señalado como el "catalizador" del conflicto en la zona- ocasione daños ambientales por el drenaje de lagos y la generación de "grandes cantidades de desperdicios tóxicos".
Los grupos, entre ellos Amazon Watch, Friends of the Earth, MiningWatch Canada y el sindicato United Steelworkers, instaron a la multinacional Newmont a que denuncie públicamente la "represión violenta de las libertades cívicas y el acoso de los manifestantes mineros" a manos de las autoridades peruanas.
También exigieron que Newmont suspenda el proyecto en las minas de oro hasta que obtenga "el consentimiento de las comunidades afectadas".
Según los activistas, los conflictos relacionados con proyectos mineros han registrado un aumento en Perú, y ahora totalizan 240, muchos de los cuales pueden evitarse si las empresas abren un diálogo con las comunidades y reciben su consentimiento para esos proyectos.
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