Comunicado Público
29 de Mayo de 2012
DECLARACIÓN DE DENUNCIA Y REPUDIO A LAS FLAGRANTES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN ESPINAR (PERÚ)
A través de la presente, las organizaciones que integramos la red de apoyo a las comunidades afectadas por el depredador y perverso accionar de la corporación transnacional de origen suizo, Xstrata Plc., expresamos nuestro más enérgico repudio a las graves violaciones de Derechos Humanos que afectan las comunidades de la provincia de Espinar, donde opera el proyecto Tintaya. Entendemos también que esta acción no podría llevarse a cabo sin la complicidad de las autoridades de gobierno peruano.
Una vez más, como en tantas otras situaciones que lamentablemente se vienen reiterando recurrentemente a lo largo de toda la geografía social latinoamericana afectada por la radicación de mega-proyectos extractivistas, la depredación de los bienes comunes del ambiente y la virtual ocupación de los territorios por parte de las grandes corporaciones transnacionales que las operan, se completa con actos de represión, violencia y criminalización de las resistencias sociales.
En el caso de las operaciones de Xstrata en la provincia de Espinar, tras cuatro días de paro de las comunidades locales, la empresa y el Estado peruano han desatado una violenta e indiscriminada represión contra los manifestantes. Mediante el accionar de fuerzas de seguridad privadas y con la presencia de más de 1500 efectivos policiales, desencadenaron una masiva represión contra varones, mujeres, jóvenes, niños y ancianos que terminó en el incomprensible y doloroso asesinato de por lo menos dos personas, una gran cantidad de heridos, entre ellos, el Alcalde de Espinar, y un alto número también indeterminado de personas detenidas ilegalmente y sometidas a tortura.
De acuerdo a las informaciones de nuestros compañeros de la región, denunciamos en particular que se ha practicado la tortura a por lo menos tres jóvenes espinarenses cometidas por parte de las fuerzas policiales y la detención ilegal y maltrato de 22 civiles en el campamento Tintaya Marquiri, incluyendo tres mujeres, una menor de edad y dos integrantes de la Vicaria de Solidaridad de Sicuani.
Tras la violenta represión, el territorio de Cusco se encuentra virtualmente militarizado y con la declaración del Estado de Emergencia, que pone en suspenso las garantías y derechos más elementales de la población.
Con indignación expresamos nuestro más enérgico repudio a este tipo de atropellos, y expresamos nuestra profunda solidaridad para con las familias de las víctimas, para con las y los compañera/os de la Vicaría de Solidaridad de Sicuani y para con todas las organizaciones sociales y autoridades locales encolumnadas en la defensa de sus medios de vida.
Como partes del mismo pueblo latinoamericano, hermanados en la lucha por la defensa de los territorios como fundamentos de la Vida en común, denunciamos una vez más, que el extractivismo minero significa –en las actuales condiciones- la perversa combinación dedepredación con represión.
Reclamamos, a las autoridades del Gobierno de la República del Perú, el pleno y cabal esclarecimiento de los hechos de violencia, la inmediata liberación de los detenidos ilegales, la restitución plena del Estado de Derecho y la Administración de Justicia para con los responsables políticos, policiales, parapoliciales y empresariales de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas.
A las autoridades de los gobiernos de los pueblos de Nuestra América, reclamamos la urgente suspensión y revisión de las políticas extractivistas que amenazan y afectan tanto los más elementales Derechos Humanos, como los indisociables Derechos de la Madre Naturaleza, sin los cuales, aquellos pierden sustento.
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