En el departamento de Cajamarca, Perú, las manifestaciones contra la mina Conga generan una medida drástica de parte del presidente del país, Ollanta Humala. El mandatario decretó el Estado de Emergencia por 60 días en las provincias de Celendin, Hualgayoc, Cajamarca y Contumazá. La población local está descontenta y decepcionada por la actitud de Humala, que durante su campaña electoral se comprometió a llevar adelante una nueva manera de solucionar los conflictos sociales.
La medida -adoptada en la noche del domingo (4)– permite al presidente restringir derechos relacionados con la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.
Pocas horas antes de que Humala se decidiera por la militarización
de las provincias y el estado de excepción, representantes del pueblo, dirigentes de Cajamarca y cinco ministros del gobierno conversaron durante nueve horas para intentar poner fin a las manifestaciones anti-minería que ya duran casi dos semanas.
de las provincias y el estado de excepción, representantes del pueblo, dirigentes de Cajamarca y cinco ministros del gobierno conversaron durante nueve horas para intentar poner fin a las manifestaciones anti-minería que ya duran casi dos semanas.
En la reunión, se cerraron cuatro acuerdos. El primero definía que el retiro de las máquinas del Proyecto Conga, de la empresa Yanacocha, sería un asunto tratado por la Defensoría del Pueblo. El segundo acordaba la revisión del informe de impacto ambiental realizado para la implementación del proyecto. El informe tendría que ser analizado por especialistas nacionales y extranjeros del máximo nivel profesional. El tercer punto de acuerdo se refería al comienzo de la discusión sobre el Plan Regional de Desarrollo de Cajamarca y el cuarto aseguraba el fin de las manifestaciones.
De acuerdo con el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, cuando los representantes del pueblo pidieron que la población que estaba en las inmediaciones fuera consultada, los ministros rechazaron la propuesta y exigieron la firma inmediata del acuerdo; en caso contrario, no entraría en vigencia. Y fue justamente lo que ocurrió.
"Ni Alan García recurrió al estado de emergencia como medio de solución de conflictos sociales. Esta práctica nos hace evocar, mas bien, los años de Fujimori”, criticó el IDL, haciendo referencia a la dictadura de Alberto Fujimori, que duró de 1990 a 2000 en el país.
Los representantes de la población de Cajamarca no comprendieron la actitud de los ministros y la adopción del Estado de Emergencia. La decisión de consultar a la población es una práctica de los dirigentes sociales para informar previamente y es puesta en práctica, principalmente, cuando la población está movilizada por una causa.
En entrevista con la revista Mariátegui, Mauricio Quiroz T, analista político peruano y vicepresidente del Instituto Pueblo Continente, definió la actitud de Humala como un error político y aseguró que la reunión entre líderes y ministros fue una farsa para ganar tiempo, militarizar la región de Cajamarca y reprimir a la población contraria al proyecto minero. "Humala es un prisionero de poderosos intereses mineros transnacionales”, señala Quiroz.
Los movimientos sociales, que apoyaron fuertemente a Humala durante su campaña presidencial, también se manifestaron dejando clara su decepción por la actitud del mandatario. La Confederación Nacional de Comunidades de Perú Afectadas por la Minería (Conacami Perú) y el Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas Nacionales (formado por movimientos indígenas, campesinos y de mujeres) se solidarizaron con la población de las provincias militarizadas y criticaron duramente la postura de Humala.
"Las organizaciones indígenas y campesinas nacionales reunidas en Lima el último fin de semana, declararon traidor a Ollanta Humala, por insistir en continuar con la política neoliberal de gobierno del "perro del hortelano” a favor de las empresas mineras y no escuchar al pueblo”, manifestaron.
Proyecto Conga
No por casualidad el Proyecto de minería Conga está causando semejante repudio y revuelta en las poblaciones de Celendin, Hualgayoc, Cajamarca y Contumazá. Además de que su informe de impacto ambiental fue cuestionado por el propio gobierno, la actividad de explotación de oro y cobre, planeada por la empresa Yanacocha, va a hacer desaparecer cuatro lagunas y causar daños ambientales irreparables en la región. La población local teme una emergencia hídrica, ya que buena parte del agua utilizada viene de esas lagunas, ubicadas en la cabecera de cuencas.
Fotos: AHuA
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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