LIMA — Los pueblos indígenas peruanos saludaron este miércoles una ley aprobada en el Congreso que obliga a consultarles cualquier proyecto que se emprenda en sus territorios, aunque advirtieron que deberá quedar claro que su opinión será de obligatorio cumplimiento.
El Congreso peruano aprobó el martes en la noche por unanimidad una ley que obliga a consultar a las comunidades nativas cuando en sus tierras se vaya a implementar un proyecto minero, maderero o petrolero.
"Es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en forma previa sobre las medidas, planes y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente sus derechos colectivos", dice la ley aprobada.
Esta deberá ser firmada por el presidente Ollanta Humala, quien se congratuló poe la medida en twitter, donde señaló que "el derecho a la consulta previa sobre el desarrollo de pueblos indígenas es un signo más de inclusión social".
Pero es en la reglamentación de la ley donde puede haber problemas, porque es muy diferente que la posición de los indígenas sea vinculante -si no están de acuerdo, el proyecto no se hace- o si sólo es una opinión para un proyecto que se hará de todas maneras.
Esta segunda posibilidad es básicamente la situación que hay hoy en día en que el Estado otorga la concesión y deja que las empresas, normalmente trasnacionales, negocien con los habitantes de la zona las condiciones para poderse instalar.
"La ley es un buen paso pero no quiere decir que el problema con eso se soluciona. El tema de fondo se verá en el reglamento para saber si esto es vinculante o no", dijo a la AFP Walter Aduviri, dirigente indígena del sureño Puno que a comienzos de año lideró una fuerte protesta para prohibir la minería en su región.
"Si los pueblos deciden decir no a una inversión trasnacional, el Estado tiene que respetar. Si va a ser así, van a bajar los problemas socioambientales, pero si es solamente una consulta y la población dice no y el Estado sigue imponiéndose, eso va a ser grave porque eso es lo que está pasando ahora", agrega.
Alberto Pizango, el más influyente dirigente amazónico, dijo por su parte a la AFP que "al Congreso no le quedaba otra cosa que aprobar esa ley. Es una muestra de buena voluntad, así lo toman los pueblos indígenas".
Dijo, sin embargo, que "tenemos que ver la propuesta de reglamento, porque tienen que reglamentar la ley".
Por otro lado, el ex ministro de Economía Ismael Benavides consideró que para el país sería perjudicial hacer que la opinión de los indígenas sea de obligatorio cumplimiento.
"Sólo en minería hay más de 42.000 millones de dólares por ingresar en los próximos años y esta ley, con carácter vinculante, generaría más temores de los que ya existen", dijo a la prensa local.
De su lado, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Alfonso García Miró, dijo que "lo que se le está dando a la comunidad es la capacidad de negociar cuánto es lo que quiere entregar un grupo de personas sobre territorios que le pertenecen al Estado. Con esto la inversión se espanta".
La congresista opositora Marisol Pérez saludó el acuerdo señalando que de ahora en adelante la relación con las comunidades "no depende de la buena voluntad de las empresas".
"Esta ley de consulta plantea que el Estado es el garante y el conductor. En el largo plazo sólo se va a concesionar con consulta previa hecha a las comunidades", agregó.
"¿Por qué se aprobó por unanimidad? Porque por ahora es una ley muy general. Pero habrá que ver la reglamentación", dijo a la AFP una dirigente de una ONG ambiental que requirió anonimato.
"Hasta ahora funciona así: es como que llegan a tu casa, te preguntan ¿puedo pasar? y si les dices que no, igual pasan. Los indígenas quieren que si dicen no, nadie entre a su territorio", dijo la dirigente ambientalista.
En mayo pasado el Congreso había aprobado esta misma ley pero luego fue observada por el entonces presidente Alan García bajo el argumento de que abría las puertas a que los indígenas vetaran un proyecto.
La falta de una legislación en favor de los indígenas originó graves enfrentamientos en junio de 2009 que dejaron 34 muertos -24 policías y 10 nativos- en la localidad amazónica de Bagua durante el gobierno de García.
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