Elízabeth Prado.
La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo alertó al Ejecutivo sobre la existencia de 118 casos de tipo socioambiental que podrían agudizarse si no son atendidos oportunamente.
En su reporte número 89 este organismo defensorial refiere también que en julio pasado estos conflictos socioambientales se incrementaron con tres casos más.
Uno se dio en la provincia de Aija, en Áncash, debido a las operaciones mineras de la compañía Buenaventura en las microcuencas de los ríos Pallca y Mallqui.
El 6 de julio las autoridades y organizaciones sociales de esta provincia solicitaron al Ministerio de Energía y Minas la revisión y nulidad de la resolución directoral que aprobó automáticamente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Buenaventura para el proyecto de exploración Pisqahuanca.
El segundo hecho nuevo ocurrió en la provincia de San Ignacio, en Cajamarca.
El 26 de julio las comunidades nativas se pronunciaron contra la presencia de Minera Águila Dorada SAC en la zona.
Y el último caso tiene que ver con la demanda de los pueblos de Loreto y San Martín que exigen la derogación de la Ley 29760, respecto al trasvase del río Marañón y el represamiento y derivación del río Huallaga con fines hidroenergéticos y agrícolas.
Con mayores conflictos
El informe mensual de la Defensoría del Pueblo precisa la existencia de un total de 214 conflictos sociales, tres hechos menos de los 217 que reportó en junio.
De los 214 casos, 118 son socioambientales; le siguen muy lejos los asuntos de gobierno local con 22 conflictos.
Respecto a las regiones que afrontan mayores conflictos sociales, estas siguen siendo Puno con 22 casos, Cajamarca con 18, y Áncash con 17 hechos.
“Hay que revisar la Ley de Minería”
Marco Arana, de la ONG ambientalista Grufides, se pronunció a favor de la ejecución de cambios urgentes al marco jurídico que permitió la entrega de concesiones mineras e hidrocarburíferas desde el año 1992, y afirmó que de no hacerlo los conflictos socioambientales se agudizarán.
”Hay que revisar el marco jurídico para evitar que los conflictos se agudicen porque la ley de Minería de 1992 se dio para promover la actividad minera sin tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, la Ley de Consulta, y tampoco los temas ambientales. Es necesaria una discusión firme por nuevos marcos jurídicos”, manifestó el también líder del partido Tierra y Libertad.
Arana propuso legislar sobre el ordenamiento territorial, emitir la ley de consulta, fortalecer otras competencias del Ministerio del Ambiente, es decir, acomodar la Ley de Minería al contexto actual.
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