Fuente: The Guardian
En época de elecciones todos hablan del sector minero. Particularmente se habla de cómo cobrarles más impuestos. Incluso PPK, candidato de derecha liberal, no descarta imponer un impuesto a las sobreganancias mineras. Más allá de si se debe o no cobrar ese impuesto, el punto en el que pocas veces reparamos es cómo las empresas mineras negocian sus intereses frente al Estado. Este punto es fundamental para poder reformular, si es que se quiere, la política pública en torno al tema minero. Ayer, el periódico “The Guardian” publicó, entre muchas otras cosas, dos de los ya no tan famosos cables de Wikileaks. Éstos estaban relacionados a temas mineros en el Perú (pueden verlos aquí y aquí). El primero está relacionado al conflicto en Majaz en el 2005 y el segundo a la preocupación de un gran grupo de mineras alrededor del tema de la seguridad de sus inversiones.
Lo interesante del primero de los cables es la visión gringa de los conflictos mineros en un país subdesarrollado como el nuestro. Luego de relatar algunas estadísticas sobre muertos y heridos, establecen causas a estos procesos que Alan nos ha repetido siempre. En otras palabras, los gringos tienen la idea de un pequeño grupo convenciendo y agitando a grandes masas de personas que, para ser manipuladas de ese modo, implícitamente son vistas como ingnorantes y como que no saben bien lo que les conviene. En otras palabras, hay una tesis bastante paternalista en el fondo. En detalle mencionan
The anti-mining forces in action in Majaz represent a strange group of bedfellows indeed — the Catholic church, violent radical leftists, NGOs, ronderos and perhaps narcotraffickers.
El segundo de los cables, siguiendo la visión del primero, muestra cómo las empresas negocian con el Estado peruano a partir de sus embajadas sobre temas que les importan como el de seguridad de sus operaciones. Disminuir los conflictos sociales se hace clave para lograr este punto. como la tesis está bien elaborada, algunas empresas no dudan en pedir que profesores (que usualmente se ven ligados al SUTEP y Patria Roja) y obispos sean desplazados a otras regiones. Esta estrategia buscaría debilitiar la coordinación. Pero lo que se podría estar debilitándose no solo es la protesta, sino la capacidad de la población para exigir un trato justo. Exactamente se dice
The Antamina Executive recommended that the diplomats meet as a group with the Education Ministry to encourage a rotation of teachers — often members of the radical SUTEP teachers union and Patria Roja — in conflictive mining communities. He also suggested that the Embassies urge the Catholic Church to rotate bishops operating in these regions.
Una vez está hecho el diagnóstico y la recomendación de las empresas, son dirigidas vía las embajadas a oídos de aliados en el gobierno. En la época de la que datan estos cables, ese aliado era justamente PPK según lo recogido por Wikileaks
With the appointment of new Prime Minister Pedro Pablo Kuczynski, we have an influential government ally in a position that is willing to tackle the lawlessness issue in mining communities.
Lo interesante en toda esta historia no es solamente como el discurso narrado por las empresas mineras a través de las embajadas (equivocado desde mi punto de vista) ha calado en el actual gobierno. Lo interesante es saber que las empresas buscan alterar el funcionamiento del Estado a favor de sus intereses. ¿Por qué el Estado no podría alterar el funcionamiento de las empresas a favor de los intereses de los peruanos? Sin ánimos de sonar nacionalista, lo cierto es que hay que poner un freno. Hay que disminuir los conflictos sociales, pero también hay que disminuir las malas praxis de las empresas. No es posible que la política peruana siga girando alrededor de influencias y no necesariamente de lo que es justo.
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