AREQUIPA, Perú — La llegada de las mineras a comunidades pobres donde la presencia de autoridades es casi inexistente genera un tipo de relación donde las compañías, con grandes recursos, prácticamente reemplazan al Estado, una situación que genera severas distorsiones, según analistas.
En Perú "hay una nueva configuración del territorio dada por la presencia de las grandes empresas mineras, que entablan una relación con las comunidades locales que cambia sus formas de vida, sus actividades productivas y sus relaciones de poder", dice a la AFP Ana Leyva, miembro de una ONG que asesora a pobladores en sus diálogos con las mineras. "La empresa minera lo reconfigura todo y no es consciente del nivel de poder social que tiene en esas comunidades", agrega.
"Hay un montón de demandas que el Estado debería responder y es la empresa que responde en reemplazo del Estado. Ahí hay un problema. La carretera, el servicio de salud... Que lo pongan no está mal pero genera una distorsión porque la empresa no va a estar siempre y además esa no es su función", agrega Leyva. "Si la minera quiere contribuir al desarrollo en algo que vaya a permanecer tiene que ir con el Estado porque si no el Estado se debilita", agrega.
La especialista indica que para las autoridades regionales es un drama porque tienen poco poder frente a las empresas mineras. Leyva recuerda el caso que le relató un alcalde del norte de Perú, quien con gran frustración le decía que en ese momento el 60% de su municipio estaba concesionado y potencialmente se convertiría en un proyecto minero. "Ante esa perspectiva, ¿para qué hago planes de desarrollo y gasto en infraestructura si eso eventualmente se va a perder?", dice Leyva parafraseando a ese alcalde.
Cuando la minera llega a un lugar, atrae a la población por sus amplios recursos, dice en un estudio la especialista canadiense Jeniffer Moore, que indica que eso es más una ilusión que una realidad. "Los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales, lo que crea la ilusión de trabajo permanente. Generalmente el peor trabajo queda para los vecinos del lugar y los puestos mejor pagados y más altos son para gente de afuera", dice en el informe. Cuando la mina se cierra "las empresas mineras y las ONG se van. Las que sufren son las comunidades que quedan viviendo cerca a una mina abandonada", agrega la experta.
Félix Navarro-Grau, una autoridad del sector minero, señala que "los servicios básicos no existen en muchas zonas rurales. El Estado casi nunca llega y son responsabilidades que las mineras tienen que asumir. El sector minero colabora pero no va a solucionar los problemas de las comunidades", advierte.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jcjyLGPyN--xxW5MF10pXJBMXHgA
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