12/3/2012 – Una misión internacional de observación, presidida por el español Pedro Arrojo, aseguró que el proyecto minero Conga genera “riesgos inaceptables” para el ecosistema de la región de Cajamarca y propuso una “moratoria a nuevas concesiones mineras” en Perú.
El informe técnico de la misión, que fue publicado hoy en el portal en internet Celendín Libre, respalda las conclusiones de otro peritaje extraoficial presentado la semana pasada por el hidrogeólogo norteamericano Robert Morán, quien señaló que Conga contaminará los recursos acuíferos de Cajamarca, en el norte del país.
“Recomendamos de forma explícita evitar el desarrollo de proyectos mineros en las cabeceras fluviales”, señala el informe de Arrojo, en referencia a Conga, a cargo de la empresa Yanacocha, la mayor productora de oro de Suramérica, que planea desecar dos lagunas para explotar oro y otras dos para depositar los desechos.
El documento también enfatiza que “se debe partir del principio de preservar la salud pública por encima de cualquier negocio, por rentable que sea” y remarca que los eventuales daños producidos al ecosistema “desbordan los beneficios de cualquier actividad económica, como la minería a tajo abierto”.
“Las huellas ecológica e hídrica dejadas de facto por la minería a cielo abierto, en base a la tecnología del cianuro, permiten hoy catalogar este tipo de actividad como la más insostenible entre los grandes sectores productivos”, acota.
Asimismo, se señala que las políticas públicas “deberían buscar, en el alto y creciente precio de los metales, el margen financiero necesario para realizar el salto tecnológico y el asentamiento en Perú de una industria limpia que cierre dentro del país el ciclo de obtención de metales y su comercialización”.
El informe plantea, de esa manera, que se imponga una “moratoria a nuevas concesiones mineras, especialmente en zonas de cabeceras de cuenca” hasta que se aplique la Ley de Consulta Previa, un mecanismo que busca obtener la opinión de las poblaciones en cuyo territorio se van a desarrollar los proyectos.
Otro informe, presentado la semana pasada por el estadounidense Morán, por encargo de la organización Evironmental Defender Law Center, asegura que Conga provocará que se contaminen manantiales y otros recursos acuíferos subterráneos, donde metales como el aluminio, arsénico y plomo permanecerán muchos años después de que la minera abandone la explotación de la zona.
Moran indica que el polémico estudio de impacto medioambiental que dio luz verde a Conga ha sido “elaborado por empresas con interés económico en su realización”, que “omiten detalles incómodos” para centrarse sólo en las consecuencias a corto plazo y olvidar las de largo plazo.
El polémico Estudio de Impacto Ambiental de Conga también está siendo evaluado por tres peritos internacionales (dos de ellos españoles y uno portugués) contratados por el Gobierno peruano, que señala que se basará en este informe para tomar una decisión final sobre el proyecto.
COMENTARIOS AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONGA
EN INGLES
Un estudio hecho del experto estadounidense Robert Moran dice que el controvertido proyecto minero Conga causará daños ambientales irreversibles en el departamento norteño peruano de Cajamarca, según reveló hoy una organización no gubernamental que pidió los servicios del científico.
MAPA DE AREAS CONCEDIDAS A YANACOCHA PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
Cajamarca, 12.03.2012
.
EXPERTO DICE QUE PROYECTO MINERO EN EL PERÚ SÍ AFECTARÁ LA ECOLOGÍA
Un estudio hecho del experto estadounidense Robert Moran dice que el controvertido proyecto minero Conga causará daños ambientales irreversibles en el departamento norteño peruano de Cajamarca, según reveló hoy una organización no gubernamental que pidió los servicios del científico.
Según el coordinador de la ONG Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, Sergio Sánchez, el hidrólogo y geoquímico señaló que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) hecho por la minera Yanacocha tiene información útil pero “omite detalles inconvenientes y contiene medias verdades y opiniones interpretadas subjetivamente”.
“El EIA no brinda mediciones ni datos de calidad necesarios para que la población, organismos reguladores e inversionistas puedan evaluar de manera adecuada los impactos futuros”, agregó Moran, quien aseguró que un estudio así nunca recibiría licencia en Estados Unidos o Europa.
Además, indicó Sánchez, la evaluación de Moran concluye que el proyecto, el más ambicioso de la minería en el Perú, afectará las cuencas hidrológicas de Cajamarca, contra lo que aseguran los expertos de Yanacocha, consorcio formado por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura.
Conga, proyecto aurífero para el que hay comprometida una inversión de 4.800 millones de dólares, está en el centro del debate, pues un amplio sector de autoridades locales y de la población de Cajamarca se oponen a la realización por el supuesto impacto ambiental negativo, en especial en cuanto a aguas.
El gobierno del presidente Ollanta Humala, que está a favor de Conga, contrató a tres peritos, los españoles Rafael Fernández Rubio y Luis López García y el portugués José Martins Carvalho, para que revisen el EIA de Yanacocha. La investigación está en desarrollo, pero es rechazada de antemano por los opuestos al proyecto, que afirman que es solo una maniobra para legitimar los trabajos.
El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, líder de la lucha contra Conga, anticipó que no reconocerá el informe de Fernández Rubio, López García y Martins Carvalho, pero sí al de Moran. Éste último, a la vez, es rechazado por la contraparte, que lo considera una maniobra de organizaciones contrarias a la minería.
Los peritos fueron contratados por el gobierno para ponerle fin al problema “objetivamente”, pero el no reconocimiento de la otra parte agravó la situación. Los cajamarquinos se han movilizado contra el proyecto e incluso han realizado huelgas, por lo que hay tensión.
El País- Costa Rica 11.03.2012
.
.
.
PERITAJE PARALELO: “EIA DE CONGA ES UNA BURLA A LA POBLACIÓN Y A LAS AGENCIAS REGULADORAS”
9/3/2012 – Esta mañana, los ingenieros Sergio Sánchez de la ONG Grufides y Alejandro Seminario de la Universidad de Cajamarca presentaron el informe técnico del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga, elaborado por el hidrólogo y geoquímico norteamericano Robert E. Morán para el Environmental Defender Law Center (EDLC).
El documento “El Proyecto Minero Conga: comentarios al estudio de Impacto Ambiental (EIA) y temas relacionados” fue realizado durante enero y febrero del presente año, con el fin de “brindar apoyo técnico a la población en general y a los distintos niveles del Gobierno peruano” con relación a este tema.
El estudio fue financiado por el EDLC y se basó en el análisis del componente hídrico del EIA. En sus conclusiones, el informe presenta serios cuestionamientos al proyecto Conga.
Una burla a la población y a las agencias reguladoras
Una burla a la población y a las agencias reguladoras
“El EIA del proyecto Conga es un documento mal hecho y poco honesto, lo cual sorprende dada la escala de inversión (…) no logra proporcionar la información técnica necesaria para que la población y los organismos reguladores puedan tomar decisiones (…). En muchos sentidos es una burla a la población y a las agencias reguladoras del Estado”, señala Morán en su análisis.
“En muchos sentidos, este EIA es básicamente un documento de relaciones públicas, dirigido a facilitar los permisos, todas las opiniones del EIA están marcadas por la ausencia de un enfoque que sea económicamente desinteresado”, afirma el experto.
El EIA no sería aceptado en otros países
El EIA no sería aceptado en otros países
El informe señala que el EIA no brinda datos de calidad, y afirma que en los países desarrollados “no sería aceptable que un EIA tan inadecuado desde el punto de vista técnico consiga las licencias correspondientes”.
El especialista subraya que el Gobierno le ha permitido a Yanacocha entregar los estudios de hidrogeología hasta el 30 de marzo de 2013.
Asimismo señala que el Gobierno peruano “básicamente ha neutralizado al Ministerio del Ambiente” al no reconocer como oficial el estudio que presentó esa cartera en noviembre de 2011.
“El EIA presenta datos inconsistentes sobre volúmenes de agua que serían bombeados de los tajos”, anota el documento. Afirma además que la capacidad de la planta de tratamiento propuesta para procesar las aguas ácidas sería excedida ampliamente.
Aguas superficiales y subterráneas interconectadas
Aguas superficiales y subterráneas interconectadas
Morán señala que las aguas superficiales, subterráneas y los manantiales de la zona están conectados y se verían afectadas al ser sometidas a un estrés hídrico a largo plazo.
“El EIA no presenta datos confiables que indiquen que la roca bajo los depósitos de desechos (desmontes y relaves) sea impermeable” y no aporta “ningún tipo de análisis hidrogeológico integrado sobre la extensión y características de los acuíferos y en general de las interacciones entre agua subterránea y el agua de superficie”.
Por tal motivo, concluye el informe, “se vuelve imposible desarrollar un balance confiable del volumen total del agua en el área del proyecto”.
Más adelante, el estudioso explica que el proyecto tiene el potencial de impactar de manera negativa tanto en la cantidad como la calidad del agua. “El EIA no ha logrado demostrar de manera fehaciente que tales impactos no ocurrirán a largo plazo”.
Imprecisos datos de línea de base
El informe señala que el EIA no presenta datos sobre el caudal de los manantiales ni la calidad de sus aguas, por ello no se podría demostrar los cambios que ocurrirían en ellos de operar la empresa.
De acuerdo al documento, los datos de línea de base de Conga son inadecuados, por lo que será difícil para la población y organismos reguladores demostrar la contaminación con sustancias tóxicas de aguas subterráneas y superficiales.
Asimismo, indica que muchos componentes tóxicos como: efluentes con pH excesivamente alto o bajo, aluminio, antimonio, arsénico, hierro, plomo, manganeso, mercurio, cianuro, uranio, torio, y otros, no aparecen en los datos de la línea de base.
Bajos estándares
Bajos estándares
Morán precisa que el EIA “compara la calidad de base del agua con estándares nacionales para agua de riego y crianza de ganado”, mas no con aquellos usados para el consumo humano o vida acuática que son más estrictos.
Advierte también que las aguas que serán tratadas probablemente no serán adecuadas para el consumo humano ni cumplirían con criterios para la vida acuática, pues se procesarán dentro de estándares para agua de riego.
Relaves mineros a perpetuidad
Relaves mineros a perpetuidad
“Las descargas de los efluentes de los desmontes y relaves de Conga tendrán que ser recolectadas y tratadas a perpetuidad (…), no sólo por 50 ó cien años después del cierre” señala el informe.
“¿Qué entidad pagará, operará y mantendrá este complejo sistema de ingeniería una vez que cierre la mina?”, cuestiona Morán en el estudio. Asimismo señala que en la mayor parte de países desarrollados no estaría permitida la operación de una mina que requiera un tratamiento perpetuo de las aguas.
“Los costos futuros serán subsidiados por la población y las generaciones futuras” afirma, precisando que “los costos de operación y mantenimiento de una planta podrían estar entre uno y cinco millones de dólares por año, posiblemente en forma perpetua”.
Sin regulación estatal
Sin regulación estatal
Para Morán, los organismos reguladores del Perú no tienen la capacidad para supervisar el proyecto minero ni hacer cumplir las normas.
“No hay evidencia creíble para pensar que los organismos reguladores en el Perú tienen el personal o presupuesto adecuado, ni la influencia política necesaria para supervisar de manera apropiada y hacer cumplir las normas en el caso Conga”.
Por todo lo anterior, el experto recomienda que los organismos reguladores “deberían adoptar supuestos conservadores respecto a los futuros impactos sobre los recursos hídricos”.
En la conferencia de prensa, el representante de Grufides indicó que el informe será presentado al Gobierno Regional de Cajamarca, al Gobierno Central y a los tres peritos traídos por el Gobierno.
Asimismo, afirmó que el documento servirá para que, junto al peritaje promovido por el Gobierno, se tomen decisiones técnicas “dejando la política de lado”.
En ese sentido, Sánchez espera que el documento obligue al Gobierno a pronunciarse. Acceda al documento en el siguiente enlace:
Servindi-Lima 08.03.2012
.
YANACOCHA GOLD MINE
Located high in the Andes of northern Peru, Minera
Yanacocha (Yanacocha) is the one of the largest and
most profi table gold mines in the world.
.
Yanacocha is a joint venture of Newmont Mining Corporation (51
percent), Compañía de Minas Buenaventura of Peru
(44 percent), and the International Finance Corporation
(IFC), the private-sector lending arm of the World
Bank Group (5 percent). Yanacocha is a linchpin asset
for each of its principal owners. For Newmont, the
world’s largest gold producer, Yanacocha is the crown
jewel of its global operations, and represents 18 percent
of its total global reserves.
.
The mine is even more
important to Buenaventura—it is by far that company’s
most signifi cant asset, representing 94 percent of the
company’s reserves.
And while Yanacocha does not
represent a large percentage of the IFC’s overall portfolio,
it is the IFC’s largest investment in the mining sector, and
an important test of IFC’s assertion that it can help ensure
that the mining projects it fi nances deliver sustainable and
equitable development benefi ts to their host communities.
Yanacocha extracts massive quantities of gold from
ore using a “cyanide heap leach” process. Heap leaching
involves piling crushed ore in enormous heaps and
spraying it with a dilute cyanide solution, which percolates
through the pile and bonds with tiny fl ecks of gold. The
solution is then collected in a rubber pad beneath the
heap, and the gold is separated from the effluent in a
processing plant. While cyanide heap leaching is a cheap
and effective means for extracting minute amounts
of gold from low-grade ore, it carries a high risk for
contaminating nearby water sources with cyanide by
products and other toxic chemicals
Everything about the Yanacocha facility is titanic in scale.
Its six open-pit mines, five leach pads, and associated
processing facilities sprawl across 160 square kilometers,
fi ve separate mountains, and four distinct watersheds (see
Figures 6 and 7). Yet these existing facilities occupy only
a small portion of the 1,725-square-kilometer concession
on which Yanacocha owns exploration and development
rights (see Figure 8).
The project has excavated about 570 million tons of earth so far,
and will most likely move
a billion tons before it closes.177
Yanacocha’s wealth is as enormous as its facilities.
When Yanacocha began operating in 1992, the company
believed that it held only modest reserves that would take
5 or 6 years to develop. After a series of extraordinarily
rich discoveries, however, the mine has actually produced
more than 19 million ounces of gold—worth more than
US $7 billion.178
In 2004 alone, the mine produced 3.1
million ounces.179
With the addition of 8.7 million ounces
from the proposed Minas Congas pit, Yanacocha closed
in 2004 with 32.2 million ounces of reserves.180
At US
$445 per ounce, the average price of gold in 2005,181
these reserves are worth about US $14.2 billion. And
this does not include the resources of several other areas
that Yanacocha is actively considering developing. The
company anticipates it will continue to profi tably mine the
concession for the next 35 to 50 years.
.
Yanacocha has also been a signifi cant source of public
revenue. In 2003, Minera Yanacocha paid more than
$140 million in taxes, half of which was earmarked to be
distributed to the local government under Peru’s mining
law.
.
.
COMMUNITY OPPOSITION
The central lesson of the Yanacocha case is that for large
scale, long-term projects, community consent is a lifecycle issue.
While securing a “social license to operate”
during project preparation is critical, that license is
only temporary and contingent; it must be constantly
renewed and is always subject to revocation during
implementation.
When Yanacocha began operations in 1993, it enjoyed
substantial support within the surrounding communities.
Many local residents believed that the project could
supplement the region’s traditional economic activity,
and bring well-paying jobs and improved infrastructure.
But few, if any, residents anticipated how the mine would
dominate the valley’s economic, social, and political life.
Over time, as the project grew in scale and its negative
impacts began to overshadow its benefits in the minds
of many residents, early support for the mine eroded
into suspicion, recrimination, and ultimately, opposition.
Yet Yanacocha proved unable to meet the public’s
expectations of transparency, meaningful participation in
decision making, and good corporate citizenship. These
accumulated grievances ultimately found expression in
the blockades and mass mobilization.
No hay comentarios:
Publicar un comentario