Finalmente el pasado 07 de abril, Renco Group Inc. y Doe Run Perú (DRP)
iniciaron formalmente un proceso de arbitraje contra el Estado peruano en el
marco del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Este es el primer
caso de demanda de un inversionista contra el Perú que se ampara en el
referido tratado.
En efecto, Renco concreta así la carta de intención de llevar al Perú a un
arbitraje. Renco busca una millonaria indemnización: *nada menos que US$ 800
millones de dólares.*
¿Cómo una empresa que ha incumplido todas sus obligaciones en nuestro país
puede sustentar una demanda de este tipo? Renco Group y DRP están
aprovechando las extraordinarias ventajas que les brinda el capítulo de
inversiones del TLC.
Por ejemplo, Renco y DRP alegan haber recibido un trato injusto respecto a
la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Indican
que el gobierno les exigió responsabilidades adicionales, lo que los obligó
a solicitar varias prórrogas y que debido a la negativa del gobierno de
extender el PAMA una vez más, no pudieron terminar con el proyecto que les
faltaba: la construcción de la planta de ácido sulfúrico. Según Renco,
estas acciones vulneran el artículo 10.5 del capítulo de inversiones del TLC
Perú-EEUU.
Un segundo argumento, es que el gobierno ha tratado con mayor dureza a DRP
que a la empresa nacional Activos Mineros, a pesar que esta última tampoco
ha cumplido con las obligaciones que le correspondían del PAMA. Para Renco,
ello constituye trato discriminatorio y vulnera el artículo 10.3 del TLC.
El tercer argumento de DRP es que se encuentra con problemas de
financiamiento, lo que la ha llevado a un proceso concursal ante INDECOPI.
Señalan que se encuentran en la búsqueda de financiamiento, lo que les
permitirá pagar a sus acreedores. El hecho que el gobierno peruano pretenda
ser reconocido como el mayor acreedor en la junta ante INDECOPI (debido al
incumplimiento del PAMA), constituye para DRP un intento de expropiación que
vulnera el artículo 10.7 del TLC.
Finalmente retoman un argumento que ha sido uno de los ejes centrales de su
campaña comunicacional: el gobierno peruano y la empresa Activos Mineros
deben asumir cualquier responsabilidad por las denuncias presentadas por los
daños a la salud y el ambiente, ya sea que se presenten en el Perú o en los
Estados Unidos. Como se sabe, existe una denuncia contra Renco Group que ha
sido admitida en un Tribunal de Missouri por un grupo de pobladores de La
Oroya y que según la empresa, es de entera responsabilidad del gobierno
peruano.
¿Son ciertos estos argumentos? ¿Tienen el debido sustento? Para nadie es un
secreto que DRP ha tenido una conducta reprochable durante todo el tiempo
que ha venido operando en el Perú. Las reiteradas prórrogas del PAMA han
sido consecuencia de sus incumplimientos y de la falta de compromiso en
remediar los impactos en la salud de la población de La Oroya y mejorar los
estándares ambientales.
Lejos de haber recibido un trato injusto como alegan, Renco y DRP han sido
más bien beneficiados, ya que han recibido modificaciones y prórrogas que
ninguna otra empresa ha obtenido en el país.
Los problemas financieros de DRP en el país solo se explican por una gestión
ineficiente y las transferencias que han hecho permanentemente a su casa
matriz en los Estados Unidos. Además, la situación de crisis actual pudo ser
evitada cuando el propio gobierno peruano obtuvo para la empresa un
financiamiento de US$ 175 millones de parte de un grupo de empresas
privadas. DRP no cumplió con los compromisos asumidos y no pudo obtener el
financiamiento.
La participación del Estado en la junta de acreedores es la única manera de
garantizar el cumplimiento del PAMA. Que el Estado peruano intente cumplir
con su rol de garante de derechos no puede ser interpretado de ninguna
manera como expropiación, tal y como pretenden alegar alegan Renco y DRP.
La demanda de Renco y DRP se sustenta en argumentos tendenciosos. Sería el
colmo que luego de haber incumplido reiteradamente sus obligaciones en el
Perú y haber vulnerado sistemáticamente los derechos de la población de La
Oroya y sus trabajadores, Renco y DRP se beneficien con una sustanciosa
indemnización que todos los peruanos tendríamos que pagar. Nuestras
autoridades deberían pronunciarse cuanto antes y definir una estrategia de
defensa de los intereses del país.
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN.
prensa@cooperaccion.org.pe
PERSONAS DE CONTACTO:
Emma Gómez
José De Echave
Teléfonos: 4440316-4465385
No hay comentarios:
Publicar un comentario