MARCHA CONTRA EXPLOTACION MINERA EN CAJAMARCA

sábado, 8 de enero de 2011

Alcalde jura su cargo recibiendo 3 azotes

Para recordar que debe cumplir sus promesas, en Perú

Sábado 8 de Enero de 2011 | Bajo las leyes: “No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso"
Carrasco recibió, arrodillado con la cabeza reclinada, los latigazos.
Lima. El alcalde de un distrito de la andina ciudad de Huancayo, al este de Perú, juró su cargo recibiendo tres azotes en el cuerpo para recordar que debe cumplir sus promesas, destacó ayer la prensa limeña. 
 El insólito caso se registró el domingo en la localidad de Chilca, situada en el distrito de Huancayo, a 310 kilómetros al este de Lima, donde el nuevo alcalde Abraham Carrasco, de 23 años, fue azotado como parte de la ceremonia de investidura por el ciudadano más respetable de la zona, Cupertino Sáenz, frente a una decena de personas.
 Carrasco recibió, arrodillado ante un crucifijo y con la cabeza reclinada, los tres latigazos lanzados por su verdugo, quien le exigió en quechua, el idioma de los incas, cumplir las leyes básicas del imperio incaico: “No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso”. 
 Al finalizar el acto, Carrasco besó la mano de Sáenz en señal de respeto y dijo: “Por el distrito de Chilca, que amo de sobremanera, lo llevo en mi corazón, y por este pueblo que confió en mí, juro que trabajaré por su desarrollo”, sostuvo emocionado el joven alcalde, la jura del nuevo funcionario se pudo ver en imágenes por la televisión.
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/nota/191058/Actualidad/Alcalde_jura_su_cargo_recibiendo_3_azotes.html

Minera Doe Run enjuicia a gobierno de Perú en tribunales internacionales por caso La Oroya utilizando TLC EEUU-Perú

La empresa estadounidense Renco Group, Inc. y su filial Doe Run Perú SRL. han iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el Estado peruano, basándose en el TLC impuesto por EE.UU. al gobierno de Perú.
Afectados por la destructiva minería en La Oroya. Foto por Planet Thoughts
Lo habíamos advertido en este blog, igual a todos los grupos ambientalistas que se opusieron al corrupto Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Perú.  Denunciamos esta posibilidad: los ‘inversionistas’ estadounidenses podrían usar el TLC como herramienta legal para librarse de sus responsabilidades ambientales.
Esto ha sido publicado hoy en EE.UU., hice la traducción de la noticia – leer original en inglés aquí.
Renco Group Registra Aviso de Intención de Iniciar Arbitraje Internacional
NEW YORK, 05 de enero 2011 / PRNewswire / -
El 29 de diciembre de 2010, Renco Group, Inc., en su propio nombre y en
nombre de su filial Doe Run Perú SRL, entregó [al gobierno de] la República de Perú
un aviso de intención de iniciar un arbitraje internacional, actuando bajo el [Tratado de Libre Comercio] Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos de América y la República de Perú, que entró en vigor entre ambos países el 1 de febrero de 2009 (“el Tratado”). La denuncia de Renco se debe al fracaso del gobierno de Perú de honrar sus obligaciones legales en virtud de la ley internacional, el Tratado, y el contrato de inversión entre la República de Perú, Doe Run Perú, y los inversionistas estadounidenses con respecto a la importante inversión que Renco ha hecho en La Oroya, Perú. Esto incluye la negativa del gobierno de Perú de limpiar el suelo y los alrededores de La Oroya, como se había comprometido legalmente y prometido realizar, y la negativa del gobierno de asumir la plena responsabilidad
ante las demandas judiciales presentadas por algunos ciudadanos de La Oroya.
El Tratado es un acuerdo bilateral de [“libre”] comercio. Sus objetivos generales incluyen la eliminación de obstáculos al comercio y al fomento de inversiones privadas en Perú por inversionistas de Estados Unidos, así como el fomento de inversiones privadas en Estados Unidos por inversionistas peruanos. Para fomentar esta inversión recíproca, el Tratado prevé protección internacional a los inversionistas de cada país. Entre las protecciones que el Tratado garantiza son los derechos a recibir un tratamiento justo y equitativo, una protección y seguridad plenas, y la indemnización en caso de expropiación. Cuando un inversionista cree que está siendo tratado injustamente por el país anfitrión, como es el caso de Renco, el Tratado permite a los inversionistas solicitar un arbitraje internacional que proceda directamente contra el gobierno del otro país para poner remedio a esa mala conducta. Y eso es lo que Renco ha puesto en marcha al entregar a la República de Perú el anuncio de la intención de iniciar un proceso de arbitraje internacional. Si el gobierno de Perú no cumple con sus obligaciones o llega a un acuerdo negociado con Doe Run Perú y con Renco dentro de 90 días, Renco actualmente tiene la intención de iniciar un procedimiento oficial de arbitraje internacional contra el gobierno de Perú en el marco del Tratado y de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Durante más de dos décadas, desde 1974 a 1997, la entidad de propiedad del Estado de Perú Empresa Minera del Centro del Perú SA (Centromin) fue propietaria y operó el Complejo Metalúrgico de La Oroya (“el Complejo”). Durante ese tiempo, Centromin realizó sus operaciones con poca atención hacia el medio ambiente o las preocupaciones de la gente de La Oroya, y sus operaciones (junto con los de sus predecesores [la estadounidense Cerro de Pasco Corporation]) dieron como resultado emisiones de gases y partículas de metales pesados que afectaron el suelo y alrededores de la ciudad de La Oroya, incluyendo plomo. En 1997, el consorcio de inversionistas de EE.UU. compraron el complejo y, posteriormente, lo transfieren a sus afiliados, Doe Run Perú. Como un incentivo fundamental para fomentar a los inversionistas de EE.UU. para adquirir el Complejo, y a la luz de estas importantes cuestiones ambientales pre-existentes, Centromin y la República de Perú se comprometieron bajo contrato a limpiar la ciudad de La Oroya, y también aceptaron y asumieron toda la responsabilidad por todas y cada una de los reclamos que terceros pudieran realizar, mientras tanto los nuevos propietarios trabajarían para mejorar el Complejo a través de proyectos ambientales. En otras palabras, en los términos del contrato de inversión, Doe Run Perú se comprometió a la mejora del Complejo de tal forma que su futuro impacto ambiental sea reducida, mientras que Centromin y el gobierno de Perú acordaron la limpieza [ambiental] de la ciudad de La Oroya y aceptaron la responsabilidad por todos los posibles reclamaciones de terceros en el futuro – durante el período en que Doe Run Perú implementase sus proyectos ambientales, y posteriores a las mismas. Este compromiso del gobierno de Perú se refleja en el contrato de compraventa del 23 de octubre de 1997.
Doe Run Perú está cumpliendo con sus obligaciones al completar varios proyectos de medio ambiente. De hecho, Doe Run Perú ha superado sus obligaciones contractuales y ha hecho importantes inversiones adicionales para mejorar las condiciones [de vida] en la comunidad de La Oroya. Por el contrario, Centromin, su sucesor Activos Mineros [no se menciona Cerro de Pasco Corporation], y el gobierno de Perú se han negado a limpiar el suelo y los [cerros de] alrededores de la ciudad de La Oroya. También se han negado a aceptar la responsabilidad de los reclamos presentados por los ciudadanos que viven en y cerca de la ciudad de La Oroya, quienes muestran varias lesiones resultantes de la exposición directa al plomo y al medio ambiente contaminado del Complejo.
El gobierno de Perú ha sometido a Renco y a Doe Run Perú a un constante trato injusto y desigual y no ha podido ofrecerles una protección y seguridad plenas, en violación del derecho internacional y de las obligaciones del el gobierno de Perú en virtud de su Tratado [TLC] con Estados Unidos. Dennis Sadlowski, vicepresidente – […], del Grupo Renco declaró: “Hemos estado trabajando muy duro para invitar a las autoridades de Perú a negociaciones para alcanzar una solución en beneficio de todos los interesados en este importante tema. Pero hasta este momento, las autoridades peruanas se han negado a participar en estos debates, lo que obligó a Renco y Doe Run Perú de hacer valer sus derechos al dar el primer pasó hacia la apertura de un procedimiento de arbitraje internacional. Sin embargo, tanto Renco y Doe Run Perú renuevan su compromiso hacia el logro de una solución a esta controversia, así como de seguir invirtiendo en Perú, y contribuyendo al bienestar de la población de La Oroya, la región central [peruana] y el país. “
FUENTE: El Grupo Renco, Inc. y Doe Run Perú SRL
Esta no es la primera vez que una minera utiliza un TLC para librar sus responsabilidades y buscar una indemnización de un gobierno. La minera canadiense Pacific Rim ha llevado a los tribunales al gobierno de El Salvador, utilizando el tratado de “libre” comercio CAFTA (por sus siglas en inglés), e incluso está juzgando a 7 activistas anti-mineros.
Mientras tanto…
La casa de Ira Rennert, principal propietario principal de Doe Run. Foto por Heroin and Cornflakes

La minería en Perú: ¿el nuevo territorio de Canadá?

Uno de los candidatos principales a las elecciones presidenciales de Perú, que se realizarán en abril, «llevó su campaña» a Vancouver, informó el diario más importante de dicha ciudad. A principios de este mes, Alejandro Toledo, quien cumplió un mandato anterior como presidente, se reunió con funcionarios mineros, banqueros de inversiones y periodistas, y les comentó que su gobierno mejoraría el clima para la exploración minera y el desarrollo de minas.
«Una de las razones por las cuales he interrumpido mi campaña —Toledo indicó a la prensa— es que quería transmitir el mensaje a los inversionistas potenciales —inversionistas que ya están involucrados en Perú y que son posibles inversionistas— que estamos interesados en sus inversiones».
Para algunos, Perú es una historia de éxito canadiense. Antes de 1990, ninguna empresa minera canadiense operaba en Perú. Ahora, las corporaciones canadienses dominan el sector minero del país y operan una serie de proyectos importantes. Según Bloomberg, «más de 200 compañías júniores de exploración minera, la mayoría de las cuales son canadienses, están en busca de reservas de petróleo crudo, gas natural y otros recursos en todo el país».
Seguimiento:
Como ejemplo de la magnitud de la inversión minera canadiense en Perú, ScotiaBank anunció planes a finales del 2006 para ampliar sus operaciones en el país con la finalidad de hacer más negocios con clientes mineros. El banco con sede en Toronto es el tercer banco más importante de Perú, y sólo una pequeña parte de las compañías canadiense, cuyo valor es de aproximadamente cinco mil millones de dólares, ha invertido en el país.
Donde algunos ven el éxito canadiense, otros ven problemas, al menos para muchos peruanos.
«En Perú —señaló el profesor Daviken Stuenicki Gizbert de la Universidad McGill—, el 40 % de los conflictos, que afectan a las comunidades locales, está relacionado con la minería. Gran parte del sector minero en Perú es canadiense».
Durante un periodo corto en el 2008, las empresas canadienses de recursos naturales en Perú fueron responsables de una serie de eventos socialmente perjudiciales. Una compañía de petróleo y gas penetró una zona habitada por una tribu nómada que se negó a mantener contacto con el mundo exterior. Una mina destruyó tallados precolombinos, y el gobierno declaró el estado de emergencia por temor a que el arsénico, plomo y cadmio de la mina cerca de Lima pudieran contaminar la fuente principal de agua de la capital.
En octubre del 2008, Zúñiga, presidente del grupo indígena achuar denominado la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), comentó lo siguiente a la estación de radio local: «Nosotros, como pueblo indígena, rechazamos la empresa canadiense, Talisman. No queremos que trabajen en nuestro territorio. Queremos que el Estado peruano nos respete y que las fuerzas armadas dejen de ayudar a la empresa». En la primavera, los líderes achuar viajaron a Calgary para exigir a Talisman que detuviera la perforación en su territorio, ya que causaba daños ecológicos y conflictos sociales.
La empresa minera más importante del mundo, Barrick, cuya sede se ubica en Toronto, también se ha visto involucrada en una serie de conflictos en Perú. Conflicto violento en mina Pierina de Barrick Gold en la región norte central de Perú fue el titular de un periódico canadiense en el 2005, cuyo artículo informó sobre la muerte de dos manifestantes.
Un año antes, Reuters reportó que «miles de manifestantes, enojados con la decisión judicial de dispensar a la empresa minera canadiense, Barrick Gold Inc., de su obligación de efectuar un pago de impuestos de 141 millones de dólares, se enfrentaron con la policía antidisturbios en la sierra central de Perú el lunes, el último acontecimiento de una racha de protestas contra la minería en la nación rica en minerales».
El conflicto minero de más alto perfil en Perú ocurrió a principios de la década en el proyecto de Manhattan Minerals, empresa minera con sede en Vancouver. Este proyecto, con un valor de 240 millones de dólares, se ubicaba en Tambogrande, pueblo pequeño en el norte del país. Esta mina de oro a tajo abierto hubiera obligado a la mitad de los dieciséis mil habitantes del pueblo a reubicarse al crear sólo unos pocos cientos de puestos de trabajo. Godofredo García Baca, líder del movimiento de oposición contra la minería, fue baleado y murió en circunstancias sospechosas.
El gobierno federal ha apoyado numerosos proyectos mineros individuales en el país y ha trabajado para proporcionar a la industria un clima de inversión rentable. Manhattan Minerals obtuvo su concesión en Tambogrande seis meses después de participar en una misión comercial a Perú del Instituto Nacional de Recursos Naturales, y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA, por sus siglas en inglés) se asoció con Barrick en un proyecto de reforestación cerca de la mina Laguna Norte de la empresa.
En el 2002, CIDA inició un Proyecto de Reforma de Recursos Minerales de seis años con un presupuesto de 9,6 millones de dólares para proporcionar asistencia técnica y apoyo tecnológico al Ministerio de Energía y Minas del país. A finales del 2008, CIDA agregó 4 millones de dólares al proyecto, y el acuerdo se extendió hasta el 2012. El objetivo oficial de este proyecto es «desarrollar actividades orientadas a la consolidación de la capacidad institucional del sector, es decir, los servicios proporcionados por el Ministerio de Energía y Minas, y contribuir a la generación de mayor confianza en el Ministerio y sus oficinas regionales».
El empeño de CIDA para mejorar las perspectivas de las empresas mineras canadienses a través del Proyecto de Reforma de Recursos Minerales justificó una visita a principios del 2008 de la Ministra de Cooperación Internacional. La revista, Embassy Magazine, reportó lo siguiente: «la señora [Bev Oda]… llegó a Perú para reunirse con el ministro de energía y minas del país latinoamericano, así como las empresas mineras canadienses y peruanas y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para discutir la reforma del sector minero».
El año pasado, CIDA eligió a Perú como el «país de centro de interés», y el gobierno federal firmó un acuerdo comercial con Perú diseñado, en gran parte, para mejorar las perspectivas de los inversionistas canadienses. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, «un capítulo de inversión en el Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú – Canadá garantiza a los inversionistas canadiense el acceso a los mercados en Perú y proporciona mayor estabilidad, transparencia y protección para sus inversiones».
En realidad, el TLC, con protecciones ambientales y laborales que son «incluso más débiles que las del Tratado de Libre Comercio de América del Norte», podría ser mejor caracterizado como una subversión de la democracia real. El TLC está diseñado para eliminar la capacidad de cualquier futuro gobierno peruano para modificar los reglamentos mineros o expropiar las propiedades de las empresas canadienses.
En cuanto a los funcionarios canadienses que apoyan los intereses de las compañías mineras, la visita de Toledo a Vancouver fue, sin duda, una señal de éxito. Sin embargo, muchos canadienses podrían estar en desacuerdo. En lugar de «éxito», es posible que vean el imperialismo y Canadá siguiendo los pasos de los EE. UU.
* Yves Engler es el autor de Canadá e Israel: Construcción del apartheid y La lista negra de la política exterior canadiense. Para más información visite la siguiente página web: http://yvesengler.com/
Traducción del inglés al español para Servindi por Sylvia Fisher.
ALERTA ROJA / SERVINDI

La consulta popular se debe respetar, fuera la minería de Islay

Rebanadas de Realidad - CGTP Islay, Región Arequipa, Mollendo, 28/12/10.- Que, el 27 de setiembre del año pasado se llevó a cabo la CONSULTA POPULAR-VECINAL con la participación voluntaria, democrática y contundente de la población de nuestra provincia y en ella el resultado fue abrumadoramente un NO A LA ACTIVIDAD MINERA EN LA PROVINCIA DE ISLAY, es decir NO AL PROYECTO MINERO TIA MARIA y el RETIRO DE LA EMPRESA MEXICANA SOUTHERN COPPER CORPORATION DE NUESTRA JURISDICCION porque asumimos la defensa de la estructura, vocación y actividades agropecuarias, pesqueras, turísticas y de servicios que siempre han caracterizado a nuestra Provincia y son incompatibles con la actividad minera. Más aún cuando el recurso hídrico es insuficiente y hay que defenderlo y no contaminarlo en defensa de la vida de las actuales y futuras generaciones.
Que, del 14 al 19 de abril la población de la provincia de Islay efectivizó un PARO INDEFINIDO convocado por la propia población reunida en Asamblea Popular a convocatoria de la Coordinadora Provincial, exigiendo el respeto a la Consulta Popular-Vecinal, el Retiro de Southern y la No Ejecución del Proyecto Tía María, tal y conforme se convino en la reunión sostenida con el Sr. Premier y Cinco Señores Ministros de Estado en la localidad de Cocacchacra, acordando que no se iban a tomar represalias contra los dirigentes ni pobladores, se declare la intangibilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo de la cuenca del Tambo, se ejecute la construcción de la represa de Paltiture, y se instale una Mesa Técnica para demostrar la inviabilidad del proyecto minero Tía María y por ende el retiro de la empresa minera.
La población se vió obligada a recurrir a una paralización por RESPONSABILIDAD DIRECTA DE SU DESPACHO pues con fecha 11 de febrero del 2010 con Registro Nº 10-002231 presentamos una CARTA ABIERTA dirigida al Despacho Presidencial, a la PCM, a la Presidencia del Congreso de la República, al MEM, al Ministerio del Ambiente y a la Embajada Mexicana, sin recibir respuesta alguna ni siquiera por mínima cortesía, interés o atención.
http://www.rebanadasderealidad.com.ar/cgt-peru-islay-10-09.htm

martes, 4 de enero de 2011

PERU: ¿SEREMOS TODOS MINEROS?

Aumentará demanda de mineros para los próximos diez años
domingo,, 02 de enero del 2011


El sector minero necesitará más de 40,000 trabajadores para los próximos diez años, debido a los sendos proyectos de inversión que existen en el sector, manifestó el presidente del Comité de Recursos Humanos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Othmar Rabitsch. (Foto: Difusión)
“Para los próximos diez años el sector minero tiene proyectado una inversión considerable y habrá dos déficits importantes: la falta de personal calificado y de infraestructura como puertos y carreteras para poder transportar todo ese mineral y exportarlo”, afirmó.

Explicó que la inclusión de nuevos proyectos en la cartera de inversión minera, que se ha elevado hasta 41,000 millones de dólares, provocará una serie de consecuencias favorables para el país.

Señaló que uno de los retos que deberá enfrentar el sector minero en ese sentido es la creciente demanda de personal calificado y la competencia que se librará entre las empresas por conseguirlo.

En lo que respecta al recurso humano, indicó que en el país existen actualmente alrededor de 120 mil trabajadores mineros, de los cuales 35,000 son contratados por las principales empresas y 85,000 por empresas tercerizadas.

Manifestó que se calcula que hay 10,000 trabajadores mineros que están por jubilarse, lo que incrementará la necesidad de nuevos trabajadores a 40,000.

Rabitsch sostuvo que este crecimiento también tendrá un impacto positivo en los sueldos de los trabajadores del sector minero, pero espera que sea una subida razonable porque cuando la industria mejora, también aumentan los costos de los insumos para hacer minería.}

Fuente: Andina
http://www.laindustria.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=23704&Itemid=14

domingo, 2 de enero de 2011

Mendoza y la minería: San Jorge- la Justicia citará a tres expertos que aparecen en el Informe Ambiental

Se trata de los tres mendocinos que habían informado a la Secretaría de Medio Ambiente que sus estudios habían sido tergiversados y distorsionados. Si bien la investigación está en marcha, todavía no se puede determinar si existió algún comportamiento delictivo por parte de la empresa.

El fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay citará a declarar a los tres profesionales mendocinos que aseguraron que sus trabajos fueron fraguados en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa minera San Jorge. La medida está enmarcada en la denuncia penal hecha por la ong ambientalista Oikos, y que apunta específicamente a una serie de irregularidades que se habrían cometido en la confección de esa pieza clave.

Solana Tabeni (doctora en Ciencias Biológicas), Benjamín Bender (museólogo) y Leandro Mastrantonio (ingeniero agrónomo) deberán explicar en la fiscalía por qué a principio de año presentaron una nota en la Secretaría de Medio Ambiente para advertir que sus nombres aparecían en la lista de los firmantes del IIA sin que ellos pudiesen avalar los datos que allí aparecían.

Solana, Bender y Mastrantonio habían sido contratados para hacer un estudio de base cero, fundamental para la confección del IIA. Sin embargo, el trabajo nunca se concretó como ellos esperaban, y aclararon que había faltado tiempo, dinero e infraestructura para poder culminar una tarea seria, según los estándares de calidad que ellos manejan.

Aún así, parte de los resultados entregados fueron tomados por la consultora Vector para la redacción final del Informe de Impacto Ambiental. Según los profesionales, se trató de un trabajo de edición que distorsionó y tergiversó los datos que ellos habían aportado.

El objetivo del fiscal es determinar si, tal como denunció Oikos, existió el delito de “falsedad ideológica”. Para esto, será clave comprobar, primero, si el IIA es considerado un documento público. La clave estará en establecer qué valor tuvo el informe en el proceso de Declaración de Impacto Ambiental. Una vez que eso quede claro, se verá si los hechos corresponden a lo señalado por artículo 293 del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar
http://andreszpoliticaycultura.blogspot.com/2010/12/mendoza-y-la-mineria-san-jorge-la.html

SAQUEO EN PERU: Las mineras siguieron intocables

La producción de metales volvió a ser negativa pero los precios treparon. Pese a los altos precios, el gobierno se negó a aplicar en este sector un impuesto a las sobreganancias. Además aumentaron los conflictos en torno a la minería.

Enrique Larrea.
El 2010 estuvo marcado por las enormes ganancias que reportaron las empresas mineras. El alto precio del oro, que alcanzó la cifra récord US$ 1,390 la onza, la plata, cuyo precio trepó hasta el nivel histórico de US$ 29 la onza,  y el zinc que llegó a US$ 412 la libra  imprimieron una enorme sonrisa en el rostro de los mineros.
Sin embargo, pese a este contexto favorable, el gobierno se negó sistemáticamente a aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, como lo ha hecho a largo de los cuatro años de gestión y pese a haber sido una promesa de campaña electoral de Alan García durante el 2006. Solo entre las empresas que extraen oro y cobre, al cierre del año, las sobreganancias estarían por encima de los S/. 14 mil millones.
Y la rentabilidad del sector se situaría sobre el 40%, según las estimaciones del economista Pedro Francke. Se debe indicar que la rentabilidad de las mineras responde a un tema coyuntural, que es la alta cotización de los metales en el mercado internacional, y no a una mayor inversión de las empresas mineras.

Eluden pago de regalías
En materia tributaria otro asunto pendiente respecto a la minería constituyen los contratos de estabilidad jurídica que poseen diversas empresas y que les permiten “torear” el pago de las regalías mineras.
Al respecto, Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), afirma que empresas como Yanacocha, Barrick, Antamina, Cerro Verde y Tintaya “eluden el abono de las llamadas regalías mineras, escudadas en el manto de los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa” que el gobierno no quiere tocar.
“Evidentemente con los altos precios del oro, plata y cobre el Estado está dejando de percibir millonarios ingresos por regalías no pagadas”, asegura.

Menor producción
La paradoja este año que se va estriba en que mientras los precios de los metales se dispararon, la producción metálica cerró con cifras negativas. José de Echave, presidente de Cooperacción, manifestó que, después de casi 21 años de crecimiento continuo del sector minero, el 2009 y este año presentaron un decrecimiento de la producción bruta interna de la minería metálica.
“Es notoria la caída de la producción del oro. Esto tiene una relación directa con la resistencia de las poblaciones hacia nuevos proyectos auríferos como en Cajamarca. Es más que paradójico que se anuncien US$ 41 mil millones en inversiones, pero al mismo tiempo el sector presente tasas negativas de producción”, manifestó.
“La disminución de la producción aurífera transita de los 5.3 millones de onzas en el periodo enero/octubre del 2005 a un poco menos de 4.4 millones de onzas hacia el periodo enero/octubre 2010”, señala Manco Zaconetti.
A la falta de nuevos proyectos, sobre todo auríferos, que según De Echave marcarían la ruta de la producción de este metal en el 2011, también se suma el agotamiento del recurso. La investigación de Germán Alarco, economista de Centrum Católica, reveló este año que las reservas del oro se acabarían en diez años, mientras que las reservas probadas de zinc no superarían los seis años y medio de vida, en tanto que las de estaño a duras penas sobrepasarían los siete años. Pero las reservas probadas de  plata y  cobre  sí superarían los 17 y 35 años de vida, respectivamente.
Los conflictos son más intensos
Este año también en torno a la minería creció la intensidad de los conflictos sociales. Así lo determina el sétimo informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. También concluye que la actividad minera está más presente justamente donde el Estado está más ausente.
El dato se corrobora consultando el reporte de conflictos sociales de noviembre de la Defensoría del Pueblo, puesto que de los 167 conflictos activos, 120 son socioambientales, en su mayoría referidos a la actividad minera.
La batalla por el agua en el sector minero
1] Un asunto que ya se vive con fuerza es la pugna por el agua, un recurso hídrico escaso en el sur del país (Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna), donde la escasez de agua es crónica, como señala el especialista Jorge Manco Zaconetti.  Sobre todo es una creciente oposición de la población. “Evidentemente todo nuevo proyecto minero, sea Quellaveco bajo responsabilidad de AngloAmerican, o Tía María de Southern Perú Copper Corp., debiera hacer uso del agua de mar para hacer viable sus proyectos”, señala el investigador de la UNMSM.
2] En la misma línea se pronunció José de Echave. Según el experto, todo indica que en los próximos años los conflictos en torno al uso del agua se van a intensificar. Prueba de ello son los problemas entre Arequipa y Cusco presentados por el proyecto  Majes-Siguas. Sostiene que debido a que el Perú  avanza aceleradamente hacia un estrés hídrico (escasez del recursos) los proyectos mineros, para no granjearse mayores conflictos sociales, deberán apuntar hacia la desalinización del agua. “Yo creo que esa va a ser la tendencia, incluso el mismo Ministerio de Energía y Minas lo recomienda, porque la minería no puede terminar usando el agua que necesitan los agricultores”, señala.

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!