MARCHA CONTRA EXPLOTACION MINERA EN CAJAMARCA

domingo, 31 de octubre de 2010

Denuncian penalmente al gerente de minera Caudalosa

Denuncian
        penalmente al gerente de minera Caudalosa
El Fiscal de Huancavelica presentó la acusación debido a la contaminación generada por el derrame de relaves del 25 de junio. La medida exhorta también a las autoridades a que eviten actuar con “finalidades ajenas al interés público”.
El fiscal de Prevención del Delito y Medio Ambiente de Huancavelica, Frans Ponce Rosado, presentó una denuncia penal contra el gerente general de la minera Caudalosa, Alberto Pescetto Raffo. La misma fue presentada el lunes 24 de octubre en mesa de partes del Poder Judicial de Huancavelica, con los informes de entidades fiscalizadoras como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección General de Salud (Digesa).
El mismo 24, la Sala Superior Penal de Justicia de Huancavelica declaró procedente la medida cautelar que presentó el fiscal Ponce Rosado para suspender temporalmente las operaciones de la minera luego del derrame de relaves.
La resolución fue emitida con los votos a favor de los vocales Omar Paucar Cueva, presidente de la Sala, y Wilfredo Ayala Valentín, quien se encargó de la sustentación. El voto en contra fue de Jorge Armando Bonifaz Mere.
En la resolución se señala sorprendentemente que es cuestionable asegurar que los agentes tóxicos son “sumamente peligrosos para cualquier forma de vida en el medio ambiente, especialmente para toda la vida que habita el Río Escalera y sus afluentes y a las que dependa de sus aguas”.
Pero además la Sala exhorta a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Dirección General de Salud (Digesa) y el gobierno regional de Huancavelica que eviten actuar con “finalidades ajenas al interés público”.
El procurador aseguró que presentará un recurso de nulidad y mostró su preocupación ante la posibilidad de que la empresa reinicie sus operaciones con la suspensión de la medida cautelar a pesar que en los ríos aún hay minerales más allá de lo permitido.
Pero no todo depende de los asuntos judiciales. En la vía administrativa, sigue vigente la suspensión de las actividades de Caudalosa ordenada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) por cuestiones de seguridad.
Para que esta entidad levante la medida, se necesita un informe del Ministerio de Energía y Minas en el que se asegure que la relavera “A” que colapsó, ya se encuentra operativa, con autorizaciones ambientales y estudios técnicos certificados.

PLUSPETROL NO CUMPLE CON LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL

La población Achuar sigue expuesta a los derrames petroleros. En lo que va del año se han registrado 16 derrames provocados por la empresa Pluspetrol, esta empresa además incumple acuerdos de remediación ambiental. Un estudio reciente realizado por E-Tech Internacionaldemuestra la presencia de cloruros, arsénicobariocromoplomozinc y mercurio que exceden los límites permitidos en los suelos de la zona.
A raíz de la movilización indígena que entre otros puntos incluía el rechazo a la concesión de lotes petroleros sin consulta y sin la garantía de las mayores seguridades ambientales el gobierno y la industria extractiva han iniciado una campaña afirmando que “la industria extractiva que queremos está aquí”. ¿Aquí? ¿Dónde?
Un caso emblemático, es la contaminación de la cuenca del río Corrientes, afluente de la cuenca del río Marañón, Región Loreto, donde durante 35 años ha habido explotación de petróleo en los lotes 1AB y 8. Allí, por la falta de un control ambiental, se vertían diariamente 1 millón cien mil barriles de aguas de producción, lo que equivale aproximadamente a 10 mil toneladas de sales y 3 toneladas de bario por día, que afectaron los ecosistemas y las Comunidades Indígenas con aproximadamente 5,000 habitantes de los pueblos indígenas AchuarKichwaUrarina y Muratos.
Producto de casi una década de protestas sostenidas llevadas a cabo por la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes - FECONACO a nombre de las comunidades Achuar, Kichwa y Urarina del río Corrientes, recién hace unos años diversos organismos del Estado accedieron a revisar la situación del lote. Primero el Organismo Supervisor de la Inversión en en Energía y Minería - OSINERG (2003) admitió que nunca había hecho una inspección in situ y que los informes que Pluspetrol le presentaba lo desinformaban, al reportar el estado de la calidad del agua en sitios distintos de los que correspondía monitorear. Siguieron entonces estudios oficiales del agua (DIGESA 2006) y de peces (DIGAAP 2006) que confirmaron las denuncias de las comunidades.
LA LUCHA DE LAS COMUNIDADES
 
 
PARA NOSOTROS,EL DESARROLLO ES SOLIDARIDAD, IGUALDAD Y MANEJO EQUILIBRADO DE LOS RECURSOS
 
¡QUÉ IGNORANTES! EL DESARROLLO ES SACAR PETRÓLEO Y TALAR BOSQUES PARA PRODUCIR ETANOL
 
Un informe elaborado por DIGESA Dirección Regional de Salud de Loreto, en agosto del 2005, en las aguas del río Corrientes, determinó la presencia de metales pesados (cobre y plomo) e hidrocarburos totales de petróleo, queproducen alteraciones genéticas y cáncer y otros como el bario, níquel, mercurio, arsénico. Además, de altísimas temperaturas y altas concentraciones de sales que matan la flora y fauna de los ecosistemas amazónicos y fluviales. Asimismo, el resultado de la toma de muestras de sangre a 199 personas (125 mujeres y 74 hombres), indican que el 66,21% del total, superan el límite establecido para el plomo en población infantil. Igualmente, el 96%, de la muestras de estas poblaciones, supera el valor límite establecido para el cadmio en sangre.
Recién cuando las comunidades decidieron tomar medidas de fuerza en octubre del 2006 el Estado dictó una norma que obligaba a Pluspetrol, y a partir de entonces a todas las empresas de hidrocarburos, a reinyectar las aguas de producción. Además, mediante el Acta de Dorissa la empresa quedó obligada, entre otros, a llevar a cabo acciones de remediación y el Estado a supervisarlas. En el 2008, a dos años de vigencia del Acta, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre los retrasos en la ejecución de los compromisos.
Ahora resulta que una investigación independiente revela que los procedimientos y resultados dejan mucho que desear. El estudio fue encargado por la FECONACO a E-Tech Internacional (Castellano)(Versión en Ingles), una organización que provee asesoría relativa a megaproyectos. El estudio fue realizado en sitios certificados como completados por el gobierno peruano incluyendo áreas donde previamente habían tenido lugar descarga de aguas de producción (Huayuri 12 y Jibarito 16), y sitios de derrames de petróleo crudo (Dorissa 12 y Dorissa 17) y contó con la participación de algunos monitores comunitarios capacitados por FECONACO.
¿DÓNDE ESTÁ LA POLÍTICA AMBIENTAL ?
Los “continuos y desmedidos derrames”, “siguen representando un peligro a la salud pública y al medio ambiente”, señala el informe E-Tech.
Muy grave es que el estudio encontró que los métodos y las normas utilizadas por la empresa argentina Pluspetrol en la remediación de la zona se realizan de forma inadecuada y que continúan los graves problemas de contaminación en la región del Corrientes, incluyendo derrames frecuentes y recientes. Todo indica que la remediación ha sido hecha con un criterio de atención a “ciudadanos de segunda clase” y el Estado ha mostrado negligencia en el cumplimiento de sus acciones de supervisión a través de OSINERGMIN.
El informe demuestra que en la remediación ambiental llevada a cabo por la empresa a través de Sea Crest no se ha cumplido con los análisis mínimos que recomienda el propio Ministerio de Energía y Minas de Perú (MEM) en su “Guía para el Muestreo y Análisis de Suelo”. Asimismo, que los estándares de cierre que ha aceptado el OSINERGMIN exceden los niveles que se permiten bajo el documento guía del MEM para la limpieza de zonas petroleras.
Por otra parte, en el reemplazo de suelos el estudio encontró evidencia de que la mezcla incompleta e inadecuada con suelos limpios ha conducido a que la contaminación se profundizara en el terreno. Así, en el sitio Dorissa 17, donde la consultora de Pluspetrol había concluido que los residuos solo alcanzaban de los 2 a los 30 centímetros, E-Tech observó contaminación a los 1.5 metros de profundidad.
Pese a que se supone que Pluspetrol ha debido mejorar sus estándares de operación el estudio también ha hallado evidencia de derrames frecuentes y recientes, al menos en el sitio Jibarito 16. Los “continuos y desmedidos derrames”, señala E-Tech, “siguen representando un peligro a la salud pública y al medio ambiente”.
Entonces, ¿dónde están esas garantías en la actividad extractiva de las que tanto se habla? ¿No debe primero el Estado asegurar que tiene las capacidades institucionales para y prevenir, vigilar y mitigar la contaminación ambiental antes de continuar concediendo alegremente los lotes petroleros, máxime si éstos se superponen a territorios indígenas? ¿No tienen acaso razón las comunidades de tener enormes prevenciones frente a la actividad petrolera? Hasta ahora la historia les ha dado la razón.
 
 
Vigilancia y monitoreo
Es importante continuar con el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Cuenca del río Corrientes, identificando y georeferenciando las fuentes de descargas de efluentes líquidos del petróleo y sus derivados a las quebradas y río Corrientes. También a través de sondeos eléctricos, evaluar si la reinyección de agua salada y de altas temperaturas se está dando en capas profundas, entre otros aspectos. Estas ac t ividades deberá ser efectuadas, principalmente por OSINERMING; el Ministerio del Ambiente; ONGs Ambientalistas de la zona; la Gerencia Regional de Recursos Naturales RRNN y de Gestión del Medio Ambiente de Loreto y, principalmente por las organizaciones de las Comunidades Indígenas, para lo cual es importante fortalecer sus capacidades locales.
  
 
Los problemas se agravan por haber carecido de una política ambiental que nos permita gestionar integralmente los ecosistemas de vida: suelos, agua y bosques.
Durante los dos últimos siglos hemos asistido a la depredación de los Recursos Naturales y la Biodiversidad Natural y Genética. Acordémonos, a inicios del siglo XX , de la explotación del caucho y el genocidio de los indígenas Amazónicos. También, durante la década el ´60 con la depredación de la Anchoveta y contaminación de las zonas marino costeras y, a lo largo de todos estos años, la actividad minera y petrolera y su triste historial de contaminación ambiental y conflictos sociales y económicos.
 
La Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes, FECONACO, como parte de su proyecto de vigilancia territorial, grabo las imágenes de un derrame de petróleo ocurrido el 31 de diciembre de 2007 en la quebrada Time Entsu, ocasionado por la empresa argentina Pluspetrol, responsable de explotar los lotes 1AB y 8, ubicados en el departamento Loreto, parte de la selva peruana.

viernes, 15 de octubre de 2010

Historia de tres comunidades afectadas por la minería de Apurímac

En el editorial anterior señalamos que se viene en el país un nuevo boom minero, con énfasis en la sierra sur peruana (Ayacucho y Apurímac, además de Arequipa), lo cual implicará una serie de impactos socioambientales, que difícilmente serán todos positivos, a contracorriente del discurso oficial y empresarial.
Uno de los protagonistas de ese boom es la empresa Southern Copper Corporation-SCC (antes Southern Perú Copper Corporation), perteneciente al Grupo México. Dicha minera tiene, en realidad, una larga historia en el Perú, habiendo sido creada en 1952 como subsidiaria del consorcio estadounidense ASARCO, que tenía el 52% de las acciones, siendo los otros socios Phelps Dodge Overseas Capital Corporation (16%), Marmon Group Inc (20.7%) y Newmont Mining Corporation (10.7%).
Si bien el nombre de la SCC sonó en los últimos meses en los medios nacionales y otras esferas públicas y privadas a causa del conflicto social, consulta vecina incluida, que despertó su proyecto Tía María en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región de Arequipa, su historia está indesligablemente unida a sus operaciones mineras en Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna), así como metalúrgicas en Ilo (Moquegua). Sin embargo, en los últimos 15 años la SCC ha ido dejando un legado no menos polémico también en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac, a raíz de su proyecto Los Chancas.
Proyecto de exploración que desde 1996 viene generando una serie de impactos en el anexo de Quichque y las comunidades vecinas de Tapairihua y Tiaparo. En principio, la empresa construyó carreteras de acceso, destruyendo tierras de cultivo y debilitando los suelos, lo cual provocó, durante las lluvias, derrumbes y deslizamientos que sepultaron al colegio primario, la capilla y viviendas de pobladores de Quichque. Ante los daños sufridos a su infraestructura, los pobladores del anexo le pidieron a la empresa una compensación, obteniendo sólo ofrecimientos de parte de aquella. Otro elemento de conflicto es que la empresa sólo empleaba a unos pocos lugareños, a los que hacía trabajar 12 horas, sin pagarles el salario completo, según denuncias locales.

En agosto del 2000, la empresa respondió negándose a indemnizar a Quichque por los daños, ofreciendo que le restituiría el agua recién en noviembre, pues esta era muy necesaria para su proyecto. A fines de setiembre, representantes de Quichque le informan a la empresa que sólo negociarían una compensación económica con ella por separado de las comunidades de Tapairihua y Tiaparo, con las que tenían un antiguo juicio de linderos. Entonces, la Asociación Centro Unión de Quichque, ubicada en Lima, pidió a la empresa, a nombre de su comunidad, lo siguiente: un pago global por daños de 500,000 dólares; la suspensión del proyecto minero Oso 4; la restitución del agua potable y de regadío del anexo, reparando o construyendo un nuevo reservorio; la interrupción de cualquier ruta de comunicación del asiento minero con el distrito de Tapairihua y el retiro del proceso judicial iniciado contra el representante de Quichque.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó en setiembre del 2000 al Congreso de la República que carecía de información respecto a si la construcción de la carretera Huayllao-Quichque “que efectúa una empresa minera en Apurímac con fines de exploración y explotación de minerales, viene causando daños ecológicos” (Oficio No 434-2000-EM-SG-ST). Y acusó recibo de la carta del 25 de octubre de los dirigentes de la comunidad sobre su conflicto con la empresa minera. A fines de octubre del 2000, representantes de la comunidad se dirigen al director general de minería del MEM para denunciar los daños y abusos sufridos por parte de la empresa.
Agregaron que ésta no les presentó un Estudio de Impacto Ambiental respecto al yacimiento en cuestión, que la carretera construida no contaba con la autorización correspondiente y que el verdadero titular del yacimiento no es una persona natural, como se consigna en el petitorio, sino la minera. Un representante comunal tramitó en febrero del 2001 la certificación por parte del destacamento de seguridad policial del Puente Antarumi-Aymaraes de los efectos adversos de la construcción de la carretera hacia la zona del proyecto minero, ocurridos en mayo del 2000. Poco después, representantes de la comunidad en Lima exigieron ante el MEM, el Ministerio de la Mujer y Promoción del Desarrollo, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Agricultura el inmediato retiro de la empresa de las tierras de la comunidad.

Por su parte, también en febrero, la presidenta de la comunidad de Tiaparo le escribió al coordinador regional del CORECAMI-Apurímac para denunciar las irregularidades cometidas en su zona por la empresa minera Southern Perú Cooper Corporation “Los Chancas de Apurímac”, afectando en especial a sus anexos Quichque y Flor de Huarancca.
Precisó que la empresa instaló motobombas en los puquiales para llevar agua a las maquinarias de perforación, contaminando el agua que riega los pastos naturales, lo que causó la muerte de animales. Agregó que la empresa pretendía comprar a su antojo las tierras de los pobladores, bajo amenaza de acogerse a la Ley de servidumbre. El 12 de marzo del 2001, el alcalde de Tapairihua, solicitó ante el Juzgado Mixto de Abancay una medida cautelar que disponga la suspensión de los trabajos de exploración minera de la Southern en la zona del Huipani. Pidió eso “en tanto se resuelva el proceso de cancelación de la concesión e indemnización por daños y perjuicios y el cobro de frutos civiles que pretende interponer en forma y plazo de ley”. El 3 de abril se dictó la medida cautelar excepcional solicitada.

Sin embargo, un hecho que alteró por entonces la marcha de las cosas fue la extraña muerte de una comunera, durante la gresca entre las dos comunidades del 10 de abril, en la zona de Cruz Ccasa. Esa persona era casualmente una de las pocas que se oponía abiertamente a los abusos de la minera. Por si fuera poco, ambas comunidades se culparon entre sí de haber iniciado la agresión a la otra. La minera, según pobladores de Tiaparo, le habría proporcionado “hombres y conductores” a los de Tapairihua, a los que dejó pasar en vehículos por su control policial. Las autoridades de Tiaparo también se dirigieron al prefecto de Apurímac para pedirle garantías personales y comunales a favor de los tiaparinos, acusando a los de Tapairihua de querer invadir sus tierras, en el contexto de un juicio de linderos. Por su parte, ese mismo mes, el presidente de Tapairihua le comunicó a la Asociación de Residentes Tapairihuinos de Lima que ellos actuaron a fin de recuperar una cosecha de papas robada por los de Tiaparo, cuya respuesta fue el ataque con piedras y balas.

Este año, algunos hechos actualizaron los hechos relatados arriba. En primer lugar, el 17 de enero Tapairihua convocó a un paro de 24 horas, acatado por todos los pueblos de la cuenca media y baja del río Antabamba, obligando a la empresa a dialogar con las autoridades y dirigentes comunales. Sin embargo, en marzo, justo cuando Tiaparo y Tapairihua trataban de resolver sus antiguas diferencias y enfrentar juntas a la minera, la justicia apurimeña resolvió el derecho de posesión de tierras a favor de Tiaparo, reviviendo las viejas rencillas entre ambos pueblos. Debido a que Tapairihua apeló, actualmente el caso está en la Corte Suprema. Por ello, no fue aprovechada la publicación, en abril, de un estudio de calidad hídrica efectuado por la Dirección de Ecología y Protección Ambiental de la Dirección Regional de Salud de Apurímac. Estudio que halló metales como hierro, cobre, plomo y cadmio en los principales afluentes y cuerpos de agua de las comunidades de Tiaparo y Tapairihua, contiguos a la zona del proyecto Los Chancas.
Más bien, la empresa modificó su estrategia de relacionamiento comunitario, con un nuevo equipo de profesionales, que tienen ascendencia en la zona por haber sido funcionarios de la desaparecida Corporación de Desarrollo (CORDE). Por último, a principios de mes, a través de algunos medios capitalinos, se conoció que la SCC terminará el estudio de factibilidad o viabilidad para su proyecto de cobre y molibdeno Los Chancas a principios de 2011, y que desarrollarlo representará una inversión de 1,200 millones de dólares, estando programado su inicio en el 2013. Sin olvidar que el año pasado la empresa anunció que está evaluando dos proyectos de centrales hidroeléctricas, uno en Arequipa y otro en Apurímac. De modo que mientras las comunidades afectadas se enfrentan entre sí, la empresa sigue avanzando, con estrategias y metas claras, además de un entorno político regional favorable, tras la victoria del nuevo presidente regional, Elías Segovia, un hombre proveniente del círculo fujimorista. Esperemos que la Mesa de Minería y Desarrollo Regional de Apurimac, a través de su intervención empoderante en la zona, logre revertir paulatinamente la división intercomunal.

Raúl Chacón Pagán, con la colaboración de Paul Pilco

Zijin, Crónica de una Empresa con serios problemas

Por Emma Gómez M.
El caso Río Blanco ha puesto sobre la mesa varios temas que deben ser analizados con detenimiento y rigurosidad: el derecho a la consulta; la necesidad de proteger importante ecosistemas y zonificar el territorio con criterios económicos y ecológicos.

Pero en los últimos días, un nuevo tema aparece: Zijin, consorcio chino que está a cargo del proyecto Río Blanco, atraviesa una importante crisis, derivada de una serie de incidentes ambientales. En efecto, en julio de 2010 se produjo un gran derrame en unas de sus minas de oro en China, provocando el peor desastre ambiental de los últimos años. Ello produjo la contaminación de un río cercano, provocando la muerte de 2000 toneladas de peces. El vicepresidente del consorcio Zijin fue detenido debido al desastre ambiental ocasionado.

Poco tiempo después, en agosto de 2010, dos subsidiarias de Zijin tuvieron que suspender su producción, luego que se produjera un incendio que cobró la vida de 16 trabajadores.

El 21 de setiembre un dique de relaves colapsó en una de las minas de estaño de Zijin. Lamentablemente,  4 personas murieron además de haber afectado casas y tierras de cultivo.

¿Qué reflejan estos incidentes? ¿Son hechos aislados o simples accidentes? Todo indica que estos hechos responden a una pésima gestión ambiental de Zijin que viene ocasionado graves consecuencias ambientales en China.

Es más Zijin tiene un largo historial de este tipo de incidentes (ver cronología). ¿Qué reflexiones podemos hacer? Pues en primer lugar que una inversión con estándares ambientales tan bajos no es una inversión que le interese a la Región Piura ni al país. Las inversiones no pueden medirse sólo en función a las divisas que vayan a producir, sino también a la viabilidad ambiental y social de las mismas. La cronología que adjuntamos no hace más que probar que Zijin es una empresa que genera dudas sobre su seriedad y  que no se rige por estándares ambientales rigurosos.  

Recordemos además que Zijin ya ha tenido problemas ambientales en nuestro país pues a pesar de sólo haber estado en fase de exploración en el proyecto Río Blanco, fue sancionada por Osinergmin, debido a una serie de incumplimientos ambientales.

Ante esta situación no nos queda más que preguntarnos: ¿Queremos que lo sucedido en China se repita en la Región Piura?
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/19/6150

martes, 12 de octubre de 2010

PERU: Si no hay licencia social de la población, Egasur no construirá hidroeléctrica de Inambari

La empresa Egasur, interesada en construir la central hidroeléctrica Inambari, presentó la semana pasada los estudios al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para obtener la concesión temporal de este proyecto, que comprende alrededor de 41.000 hectáreas entre las regiones de Puno, Cusco y Madre de Dios.
Evandro Miguel, presidente de la empresa informó que la obtención de la concesión temporal marcaría el inicio de una serie de estudios como el de factibilidad, que permitirá determinar la dimensión real e inversión asociada al proyecto.
Hasta el momento se ha determinado que el desembolso que requerirá el proyecto Inambari será de 4.900 millones de dólares.
Evandro Miguel señala que se destinarán 600 millones de dólares adicionales para contrarrestar el impacto social y ambiental que genere Inambari, lo que incluye la reubicación de la carretera Interoceánica.
Evandro Miguel señaló que todavía no se tiene una fecha exacta para su construcción, pues el proyecto aún debe obtener la licencia social de los pobladores impactados por la central y sin la aprobación de estos no se procederá con la obra, indicó.
Egasur prevé construir el proyecto en un período de cinco años para alcanzar una capacidad de 2.200 megavatios.
Se prevé que Inambari exporte el 50% de su energía a Brasil y venda el 50% restante en el mercado peruano, aunque esto lo deberá definir el Ministerio de Energía y Minas. (Publicado por Día_1, suplemento de Economía y Negocios del diario El Comercio).
http://www.inforegion.pe/portada/72891/si-no-hay-licencia-social-de-la-poblacion-egasur-no-construira-hidroelectrica-de-inambari/

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!