MARCHA CONTRA EXPLOTACION MINERA EN CAJAMARCA

domingo, 31 de octubre de 2010

PLUSPETROL NO CUMPLE CON LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL

La población Achuar sigue expuesta a los derrames petroleros. En lo que va del año se han registrado 16 derrames provocados por la empresa Pluspetrol, esta empresa además incumple acuerdos de remediación ambiental. Un estudio reciente realizado por E-Tech Internacionaldemuestra la presencia de cloruros, arsénicobariocromoplomozinc y mercurio que exceden los límites permitidos en los suelos de la zona.
A raíz de la movilización indígena que entre otros puntos incluía el rechazo a la concesión de lotes petroleros sin consulta y sin la garantía de las mayores seguridades ambientales el gobierno y la industria extractiva han iniciado una campaña afirmando que “la industria extractiva que queremos está aquí”. ¿Aquí? ¿Dónde?
Un caso emblemático, es la contaminación de la cuenca del río Corrientes, afluente de la cuenca del río Marañón, Región Loreto, donde durante 35 años ha habido explotación de petróleo en los lotes 1AB y 8. Allí, por la falta de un control ambiental, se vertían diariamente 1 millón cien mil barriles de aguas de producción, lo que equivale aproximadamente a 10 mil toneladas de sales y 3 toneladas de bario por día, que afectaron los ecosistemas y las Comunidades Indígenas con aproximadamente 5,000 habitantes de los pueblos indígenas AchuarKichwaUrarina y Muratos.
Producto de casi una década de protestas sostenidas llevadas a cabo por la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes - FECONACO a nombre de las comunidades Achuar, Kichwa y Urarina del río Corrientes, recién hace unos años diversos organismos del Estado accedieron a revisar la situación del lote. Primero el Organismo Supervisor de la Inversión en en Energía y Minería - OSINERG (2003) admitió que nunca había hecho una inspección in situ y que los informes que Pluspetrol le presentaba lo desinformaban, al reportar el estado de la calidad del agua en sitios distintos de los que correspondía monitorear. Siguieron entonces estudios oficiales del agua (DIGESA 2006) y de peces (DIGAAP 2006) que confirmaron las denuncias de las comunidades.
LA LUCHA DE LAS COMUNIDADES
 
 
PARA NOSOTROS,EL DESARROLLO ES SOLIDARIDAD, IGUALDAD Y MANEJO EQUILIBRADO DE LOS RECURSOS
 
¡QUÉ IGNORANTES! EL DESARROLLO ES SACAR PETRÓLEO Y TALAR BOSQUES PARA PRODUCIR ETANOL
 
Un informe elaborado por DIGESA Dirección Regional de Salud de Loreto, en agosto del 2005, en las aguas del río Corrientes, determinó la presencia de metales pesados (cobre y plomo) e hidrocarburos totales de petróleo, queproducen alteraciones genéticas y cáncer y otros como el bario, níquel, mercurio, arsénico. Además, de altísimas temperaturas y altas concentraciones de sales que matan la flora y fauna de los ecosistemas amazónicos y fluviales. Asimismo, el resultado de la toma de muestras de sangre a 199 personas (125 mujeres y 74 hombres), indican que el 66,21% del total, superan el límite establecido para el plomo en población infantil. Igualmente, el 96%, de la muestras de estas poblaciones, supera el valor límite establecido para el cadmio en sangre.
Recién cuando las comunidades decidieron tomar medidas de fuerza en octubre del 2006 el Estado dictó una norma que obligaba a Pluspetrol, y a partir de entonces a todas las empresas de hidrocarburos, a reinyectar las aguas de producción. Además, mediante el Acta de Dorissa la empresa quedó obligada, entre otros, a llevar a cabo acciones de remediación y el Estado a supervisarlas. En el 2008, a dos años de vigencia del Acta, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre los retrasos en la ejecución de los compromisos.
Ahora resulta que una investigación independiente revela que los procedimientos y resultados dejan mucho que desear. El estudio fue encargado por la FECONACO a E-Tech Internacional (Castellano)(Versión en Ingles), una organización que provee asesoría relativa a megaproyectos. El estudio fue realizado en sitios certificados como completados por el gobierno peruano incluyendo áreas donde previamente habían tenido lugar descarga de aguas de producción (Huayuri 12 y Jibarito 16), y sitios de derrames de petróleo crudo (Dorissa 12 y Dorissa 17) y contó con la participación de algunos monitores comunitarios capacitados por FECONACO.
¿DÓNDE ESTÁ LA POLÍTICA AMBIENTAL ?
Los “continuos y desmedidos derrames”, “siguen representando un peligro a la salud pública y al medio ambiente”, señala el informe E-Tech.
Muy grave es que el estudio encontró que los métodos y las normas utilizadas por la empresa argentina Pluspetrol en la remediación de la zona se realizan de forma inadecuada y que continúan los graves problemas de contaminación en la región del Corrientes, incluyendo derrames frecuentes y recientes. Todo indica que la remediación ha sido hecha con un criterio de atención a “ciudadanos de segunda clase” y el Estado ha mostrado negligencia en el cumplimiento de sus acciones de supervisión a través de OSINERGMIN.
El informe demuestra que en la remediación ambiental llevada a cabo por la empresa a través de Sea Crest no se ha cumplido con los análisis mínimos que recomienda el propio Ministerio de Energía y Minas de Perú (MEM) en su “Guía para el Muestreo y Análisis de Suelo”. Asimismo, que los estándares de cierre que ha aceptado el OSINERGMIN exceden los niveles que se permiten bajo el documento guía del MEM para la limpieza de zonas petroleras.
Por otra parte, en el reemplazo de suelos el estudio encontró evidencia de que la mezcla incompleta e inadecuada con suelos limpios ha conducido a que la contaminación se profundizara en el terreno. Así, en el sitio Dorissa 17, donde la consultora de Pluspetrol había concluido que los residuos solo alcanzaban de los 2 a los 30 centímetros, E-Tech observó contaminación a los 1.5 metros de profundidad.
Pese a que se supone que Pluspetrol ha debido mejorar sus estándares de operación el estudio también ha hallado evidencia de derrames frecuentes y recientes, al menos en el sitio Jibarito 16. Los “continuos y desmedidos derrames”, señala E-Tech, “siguen representando un peligro a la salud pública y al medio ambiente”.
Entonces, ¿dónde están esas garantías en la actividad extractiva de las que tanto se habla? ¿No debe primero el Estado asegurar que tiene las capacidades institucionales para y prevenir, vigilar y mitigar la contaminación ambiental antes de continuar concediendo alegremente los lotes petroleros, máxime si éstos se superponen a territorios indígenas? ¿No tienen acaso razón las comunidades de tener enormes prevenciones frente a la actividad petrolera? Hasta ahora la historia les ha dado la razón.
 
 
Vigilancia y monitoreo
Es importante continuar con el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Cuenca del río Corrientes, identificando y georeferenciando las fuentes de descargas de efluentes líquidos del petróleo y sus derivados a las quebradas y río Corrientes. También a través de sondeos eléctricos, evaluar si la reinyección de agua salada y de altas temperaturas se está dando en capas profundas, entre otros aspectos. Estas ac t ividades deberá ser efectuadas, principalmente por OSINERMING; el Ministerio del Ambiente; ONGs Ambientalistas de la zona; la Gerencia Regional de Recursos Naturales RRNN y de Gestión del Medio Ambiente de Loreto y, principalmente por las organizaciones de las Comunidades Indígenas, para lo cual es importante fortalecer sus capacidades locales.
  
 
Los problemas se agravan por haber carecido de una política ambiental que nos permita gestionar integralmente los ecosistemas de vida: suelos, agua y bosques.
Durante los dos últimos siglos hemos asistido a la depredación de los Recursos Naturales y la Biodiversidad Natural y Genética. Acordémonos, a inicios del siglo XX , de la explotación del caucho y el genocidio de los indígenas Amazónicos. También, durante la década el ´60 con la depredación de la Anchoveta y contaminación de las zonas marino costeras y, a lo largo de todos estos años, la actividad minera y petrolera y su triste historial de contaminación ambiental y conflictos sociales y económicos.
 
La Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes, FECONACO, como parte de su proyecto de vigilancia territorial, grabo las imágenes de un derrame de petróleo ocurrido el 31 de diciembre de 2007 en la quebrada Time Entsu, ocasionado por la empresa argentina Pluspetrol, responsable de explotar los lotes 1AB y 8, ubicados en el departamento Loreto, parte de la selva peruana.

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

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