La población Achuar sigue expuesta a los derrames petroleros. En lo que va del año se han registrado 16 derrames provocados por la empresa Pluspetrol, esta empresa además incumple acuerdos de remediación ambiental. Un estudio reciente realizado por E-Tech Internacionaldemuestra la presencia de cloruros, arsénico, bario, cromo, plomo, zinc y mercurio que exceden los límites permitidos en los suelos de la zona. | |||||||||||||
A raíz de la movilización indígena que entre otros puntos incluía el rechazo a la concesión de lotes petroleros sin consulta y sin la garantía de las mayores seguridades ambientales el gobierno y la industria extractiva han iniciado una campaña afirmando que “la industria extractiva que queremos está aquí”. ¿Aquí? ¿Dónde? Un caso emblemático, es la contaminación de la cuenca del río Corrientes, afluente de la cuenca del río Marañón, Región Loreto, donde durante 35 años ha habido explotación de petróleo en los lotes 1AB y 8. Allí, por la falta de un control ambiental, se vertían diariamente 1 millón cien mil barriles de aguas de producción, lo que equivale aproximadamente a 10 mil toneladas de sales y 3 toneladas de bario por día, que afectaron los ecosistemas y las Comunidades Indígenas con aproximadamente 5,000 habitantes de los pueblos indígenas Achuar, Kichwa, Urarina y Muratos. Producto de casi una década de protestas sostenidas llevadas a cabo por la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes - FECONACO a nombre de las comunidades Achuar, Kichwa y Urarina del río Corrientes, recién hace unos años diversos organismos del Estado accedieron a revisar la situación del lote. Primero el Organismo Supervisor de la Inversión en en Energía y Minería - OSINERG (2003) admitió que nunca había hecho una inspección in situ y que los informes que Pluspetrol le presentaba lo desinformaban, al reportar el estado de la calidad del agua en sitios distintos de los que correspondía monitorear. Siguieron entonces estudios oficiales del agua (DIGESA 2006) y de peces (DIGAAP 2006) que confirmaron las denuncias de las comunidades. LA LUCHA DE LAS COMUNIDADES
Recién cuando las comunidades decidieron tomar medidas de fuerza en octubre del 2006 el Estado dictó una norma que obligaba a Pluspetrol, y a partir de entonces a todas las empresas de hidrocarburos, a reinyectar las aguas de producción. Además, mediante el Acta de Dorissa la empresa quedó obligada, entre otros, a llevar a cabo acciones de remediación y el Estado a supervisarlas. En el 2008, a dos años de vigencia del Acta, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre los retrasos en la ejecución de los compromisos. Ahora resulta que una investigación independiente revela que los procedimientos y resultados dejan mucho que desear. El estudio fue encargado por la FECONACO a E-Tech Internacional (Castellano)(Versión en Ingles), una organización que provee asesoría relativa a megaproyectos. El estudio fue realizado en sitios certificados como completados por el gobierno peruano incluyendo áreas donde previamente habían tenido lugar descarga de aguas de producción (Huayuri 12 y Jibarito 16), y sitios de derrames de petróleo crudo (Dorissa 12 y Dorissa 17) y contó con la participación de algunos monitores comunitarios capacitados por FECONACO. ¿DÓNDE ESTÁ LA POLÍTICA AMBIENTAL ?
El informe demuestra que en la remediación ambiental llevada a cabo por la empresa a través de Sea Crest no se ha cumplido con los análisis mínimos que recomienda el propio Ministerio de Energía y Minas de Perú (MEM) en su “Guía para el Muestreo y Análisis de Suelo”. Asimismo, que los estándares de cierre que ha aceptado el OSINERGMIN exceden los niveles que se permiten bajo el documento guía del MEM para la limpieza de zonas petroleras. Por otra parte, en el reemplazo de suelos el estudio encontró evidencia de que la mezcla incompleta e inadecuada con suelos limpios ha conducido a que la contaminación se profundizara en el terreno. Así, en el sitio Dorissa 17, donde la consultora de Pluspetrol había concluido que los residuos solo alcanzaban de los 2 a los 30 centímetros, E-Tech observó contaminación a los 1.5 metros de profundidad. Pese a que se supone que Pluspetrol ha debido mejorar sus estándares de operación el estudio también ha hallado evidencia de derrames frecuentes y recientes, al menos en el sitio Jibarito 16. Los “continuos y desmedidos derrames”, señala E-Tech, “siguen representando un peligro a la salud pública y al medio ambiente”. Entonces, ¿dónde están esas garantías en la actividad extractiva de las que tanto se habla? ¿No debe primero el Estado asegurar que tiene las capacidades institucionales para y prevenir, vigilar y mitigar la contaminación ambiental antes de continuar concediendo alegremente los lotes petroleros, máxime si éstos se superponen a territorios indígenas? ¿No tienen acaso razón las comunidades de tener enormes prevenciones frente a la actividad petrolera? Hasta ahora la historia les ha dado la razón. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario