Perú minero: ¿oportunidades para todos o para algunos?

La edición 29 de la Convención Minera PERUMÍN, que se viene llevando a cabo en Arequipa, entre el 15 y 18 de setiembre, coloca al sector minero en el centro de la atención pública.

Si bien el país cuenta con una importante riqueza mineral, cuya extracción aporta el 5,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y constituye más de la mitad de las exportaciones, el aumento incesante de los conflictos socio ambientales en los últimos años obliga a debatir bajo qué condiciones la minería puede contribuir al desarrollo económico del país, sin causar daños irremediables al medioambiente y a las comunidades aledañas a las zonas de explotación.

Actualmente, las tasas de crecimiento de la producción y de las exportaciones mineras del Perú demuestran que este sector aún se encuentra golpeado por la crisis internacional y la contracción de la demanda de sus socios comerciales. En efecto, en el mes de julio, las exportaciones cayeron 26.2% respecto a julio de 2008, mientras que la producción fue 1.4% menos que en julio del año pasado (ver cuadro).

Fuente: 1/ Estadísticas de la Nota Semanal, Banco Central de Reserva del Perú

2/ Estadísticas de Producción Minera, Ministerio de Energía y Minas

Sin embargo, en el plano de los precios, la situación ha mejorado para las empresas mineras¹, lo cual ha permitido que algunos mega-proyectos, que habían sido archivados en los últimos meses de 2008, se hayan retomado, como el proyecto cuprífero Tía María de Southern Perú Copper Corporation.

Pero la minería no solo tiene impactos económicos. Según la Defensoría del Pueblo, en 2009, esta actividad se ubicó como la principal fuente de conflictos socio ambientales. Para el economista José de Echave², estos conflictos empeoran en la medida que el Estado no regula ni fiscaliza la actividad minera, dejando que sean las empresas mineras y las comunidades afectadas las que resuelvan sus problemas. A ello, se agrega las facilidades que tienen las empresas mineras para operar en el país, pues gozan de exoneraciones y descuentos especiales en los impuestos que deberían retribuir al Estado por el mineral que extraen.

Por ejemplo, el caso de la minera Doe Run. Frente al continuo incumplimiento del Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) por esta minera, el gobierno no ha mostrado una posición fuerte para exigir que esta empresa cumpla con sus responsabilidades ambientales y, al parecer, ha resuelto prorrogar 20 meses más el cumplimento del PAMA.

Ahora que los precios internacionales hacen viables los proyectos de inversión, el gobierno está dispuesto a lanzar un ciclo de nuevas inversiones en dicho sector sin haber resuelto las causas de fondo de los conflictos derivados de la minería, como la falta de zonificación y ordenamiento territorial, la falta de consultas ciudadanas que sean vinculantes y la falta de cumplimiento de estándares ambientales. Si se continúa así, será inevitable la generación de más conflictos, por lo que es necesaria una reforma de la minería en el país. Esto supondría que el Estado tenga mayor presencia en la regulación de dicha actividad, donde variables como cambio climático, participación ciudadana y creación de valor agregado sean tomadas en cuenta con mayor responsabilidad. Esperamos que la Convención Minera PERUMÍN aporte a este debate.

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