Dos muertos en ataque proyecto minera china en Perú
Por Patricia Vélez y Marco Aquino
LIMA (Reuters) - Dos personas murieron y otras dos desaparecieron luego de que desconocidos atacaran y quemaran el campamento minero en Perú de la china Zijin Mining, otro hecho que denota los conflictos que afronta el vital sector y que choca con el esfuerzo del Gobierno por promover la inversión.
Rio Blanco Copper, propiedad de la británica Monterrico Metals -de Zijin Mining, la mayor aurífera china que cotiza en bolsa- dijo el lunes que una veintena de desconocidos fuertemente armados irrumpió y quemó el campamento minero en la madrugada del domingo.
"Evidentemente es un acto de terror, de violencia (...) no me extrañaría que aquí haya muchos otros intereses, políticos, económicos para ahuyentar las inversiones del país, para crear esta imagen de inestabilidad política. Esto es evidente", dijo el gerente general de Rio Blanco Copper, Jian Wu.
"Confío en que el Estado pueda esclarecer hasta el último detalle de los hechos ocurridos", agregó Wu en una entrevista a la estación de televisión por cable Canal N, a la vez que aseguró que la empresa seguirá adelante con el proyecto.
En el ataque murieron por lo menos dos agentes de seguridad de la empresa V-Sur que prestaban servicios de vigilancia en el campamento. Otro vigilante y un trabajador de la empresa estaban desaparecidos, dijo Rio Blanco en un comunicado.
Un grupo de policías investigaba el ataque al proyecto, ubicado en Huancabamba en la región de Piura, en el extremo norte del país cerca a la frontera con Ecuador.
El incidente traería otro problema político al presidente peruano Alan García, que con una aprobación de sólo un 26 por ciento debe encarar conflictos sociales, principalmente de pobladores que temen contaminación y reclaman mayores beneficios por la explotación de recursos naturales.
"Existe muchos agitadores que son los que están buscando sembrar actos de violencia, frenar algunas obras de inversiones, eso ya lo conocemos nosotros, habrá que verificar y esclarecer debidamente en qué circunstancias se ha producido esas muertes", afirmó García a periodistas sobre el tema.
OPOSICION MINERA
El Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, opositor al proyecto Rio Blanco, negó que su agrupación haya participado en el ataque y acusó a los trabajadores de la misma empresa de haberlo provocado.
En Perú existen 288 conflictos sociales, de los cuales 132 tienen que ver con el medioambiente. De ellos, 103 corresponden a la minería y los hidrocarburos, según datos oficiales.
El proyecto Río Blanco, que contempla una inversión de 1.400 millones de dólares, ha sido fuertemente rechazado por los pobladores que temen contaminación en la zona.
El proyecto, que está en proceso de un acuerdo con las comunidades, debía comenzar a producir desde el 2011 pero se retrasó por la caída de los precios de los metales.
Rio Blanco, cuyas reservas probadas y probables ascienden a 500 millones de toneladas de minerales con ley de 0,63 por ciento de cobre, espera producir unos 200.000 toneladas de cobre y 2.000 toneladas de molibdeno anuales.
Una investigación del Gobierno concluyó este año que más de 20 personas fueron secuestradas y golpeadas tras protestar contra el proyecto minero en 2005. Uno de ellos murió.
De acuerdo con la investigación, un grupo de policías peruanos fue responsable de las torturas. La pesquisa no halló evidencias de que la firma estuviese involucrada.
En el 2003, pobladores que se oponían a un proyecto minero en otra zona de la región de Piura obligaron a la canadiense Manhattan Minerals a abandonar un proyecto de oro y cobre.
RIESGO POLITICO
La incursión del capital chino ha crecido fuerte en Perú y firmas como Zijin, Chinalco, Minmetals y Shougang Hierro Perú prevén en conjunto una inversión de al menos 6.000 millones de dólares en el sector minero del país.
Este negocio es uno de los pilares de la economía de Perú, que es el tercer productor mundial de cobre, el primero de plata, el segundo de zinc y el sexto de oro.
Sin embargo, las labores de explotación de la riqueza natural de la nación andina suelen despertar un fuerte rechazo entre las comunidades cercanas a los proyectos, que temen afecten el medio ambiente y demandan una mayor tajada de las utilidades.
En junio, los planes del Gobierno del presidente García de abrir tierras comunales a perforaciones petroleras, mineras y a la explotación forestal desencadenaron semanas de violentas protestas por parte de nativos amazónicos, en las que murieron 34 personas, entre policías e indígenas.
Para sofocar las mayores manifestaciones enfrentadas por el Gobierno, García derogó dos leyes que según los indígenas ponían en riesgo sus tierras ancestrales.
(Editado por Gabriel Burin y Mónica Vargas y César Illiano)
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE5A10MO20091102?pageNumber=3&virtualBrandChannel=0&sp=true
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