El Gobierno aduce que no puede intervenir porque señalan que están ahí esas mineras con Contrato Ley. Pero el Gobierno olvida que a través de los Organismos competentes como las Autoridades de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, así como que a través de las Gerencias de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, de los Gobiernos Regionales generar la Evaluación a través de un Informe Técnico-Legal, así como con la participación activa de los mismos Gobiernos Regionales a través de su Consejo Regional, así como a nivel de Municipios mediante la sesión de Regidores y de la comisión correspondiente de Medio Ambiente, así como de la opinión técnica legal del Ministerio de Agricultura, y de las Empresas de Agua potable, generar opiniones técnicas que den lugar de acuerdo a la evaluación de la actividad minera en este caso de la Minera DOE RUM , recomendar las acciones legales de sanción, por incumplimiento de la ley y de la Normatividad ambiental, , incumplimiento de la Normatividad de Salud, etc., y en caso de desacatarlo, denunciarlos penalmente ante los organismos internacionales, a su base matriz de donde proviene y demandarles por daños y perjuicios a la salud y medio ambiente, con la cual se lograría recuperar el daño ocasionado y no solo conformarse de que tal empresa no cumple con la ley y quedar ahí, tal como lo aprecia un conocido comentarista capitalino.
En Tacna, en la región sur del Perú, hay una Empresa Minera que por mas de 50 años explota el cobre y otros minerales, habiendo dejado contaminación, muerte y destrucción, y las autoridades municipales distritales, provinciales y regionales no han hecho nada ni hacen nada por hacer la evaluación correspondiente, y recomendar la devolución de las licencias de uso de agua que hace esta Empresa Minera Southern Perú Cooper Corporation. Y que lamentablemente las Autoridades no hacen pues los dirigentes sociales entre ellos la CGTP negocian con la autoridades por cupos de trabajo, o sean negocian el derecho a la vida por unas cuantas monedas.
Asimismo hay otra Empresa Minera como MINSUR que desde el año 2006 que esta gestionando la autorización de explotación de las minas de oro en el cerro Checoccollo que queda en la cabecera de cuenca del Caplina y Uchusuma, única fuente que abastece de agua dulce a la población de Tacna y a la agricultura.
Creo que es deber de cada ciudadano comprometido en las luchas por la defensa de la vida, la salud y medio ambiente sano, promover y gestar la Evaluación de los daños que hacen las Empresas depredadoras de Ambiente, así como evaluar a las Empresas Mineras que están tramitando la explotación de las minas sin presentar la Licencia Social; y que uno de los mecanismos es la Acción Judicial en contra de las Autoridades que no les exigen la presentación de la Licencia Social, que es parte fundamental del Estudio de Impacto Ambiental EIA.
INGº LUIS DAVID ENRIQUEZ BENITO
E x Director de Ecología y Medio Ambiente
Del Ministerio de Salud
Tacna Perú
P:D. A continuación la Nota conformista y de resignacion la cual la refuto, que es objeto de mi comentario aplicable a la realidad del ciudadano o administrado.
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Análisis, Opinión y Apuntes, de los Destacados Economistas Peruanos
miércoles 16 de junio de 2010
Doe Run debe irse, ya
Hay varias razones que explican el porqué Doe Run ha podido llegar a esta situación de burla a las leyes y autoridades peruanas. La primera es el bien conocido comportamiento tramposo de Ira Rennert, propietario de Doe Run y del Complejo Metalúrgico de La Oroya –con una fortuna personal en el 2010 de US$ 5,300 millones, según Forbes–, quien también tiene acusaciones en Utah, donde la agencia ambiental de EEUU la consideró, en 1999, “como la industria más contaminadora”.
La segunda es el comportamiento blandengue de las autoridades peruanas desde el inicio de sus operaciones en 1997. Dice Juan Aste que “el balance de pérdidas y ganancias de Doe Run para 1998-2004 da una pérdida neta de US$ 24.6 millones. Sin embargo, en el mismo período el envío de fondos a su casa matriz y a los bonistas en EEUU fue de US$ 130.7 millones” (“¿Cierre o continuidad de La Oroya?”, 2005).
Lo mismo sucedió con las sucesivas prórrogas para el cumplimiento del PAMA, lo que en el 2004 culminó con la prórroga hasta el 2009, que fue también incumplida. En octubre, el Congreso promulgó la Ley 29410, que le dio otra prórroga de 10 meses, que se cumplen este 24 de julio.
La razón de las prórrogas es la reticencia de los gobiernos a “poner en orden” a una empresa extranjera que adquirió La Oroya cuando el Estado la privatizó en octubre de 1997, con el argumento de que esto “dañaría al proceso de privatización en su conjunto”. Esta “carta blanca” dio lugar a la prepotencia, al punto que Doe Run fue expulsada de la Sociedad de Minería en enero del 2010.
También que la Constitución de 1993 (Art. 60) establece la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado (solo puede haber empresa estatal donde los privados no quieran entrar). Así, el Estado, inclusive hasta hoy, no considera esa posibilidad, lo que hace que los trabajadores, al ver que el único empleador posible es Doe Run, se hayan puesto de su lado en varias oportunidades, lo que ha sido aprovechado por la empresa, algo que fue admitido por Alan García el 28 de julio pasado.
Asimismo, el Art. 62 de la Constitución dice que los contratos ley “no pueden ser modificados legislativamente”, sino solo si hay acuerdo entre las partes. Esta disposición no existe en las Constituciones de otros países de la Región y, claro, otorga al inversionista un excepcional “blindaje jurídico” en una disputa internacional. Estos dos artículos deben derogarse, como lo hemos planteado numerosas veces.
¿Cuál sería la salida legal de aquí al 24 de julio? Una de ellas es que, vía Indecopi, se constituya la Junta de Acreedores, como se planteó el año pasado. Aquí un problema es que algunos acreedores privados no quieren hacerse cargo de la empresa. Otra solución pasa por garantizar a los trabajadores una indemnización que termine con la actual situación de paro y bloqueo de carreteras. Según María Chappuis, ex directora de Minería del MEM, otorgar US$ 10,000 a cada uno de los 3,800 trabajadores costaría US$ 38 millones.
La cuestión es que –con todo el blindaje legal que le otorga la actual legislación a Doe Run– una nacionalización de La Oroya podría salir “más cara que la camisa” y eso sería, precisamente, lo que busca Rennert. En efecto, las deudas a asumir –más los juicios pendientes a Doe Run en EEUU por la contaminación en La Oroya– ascienden a US$ 1.280 millones.
Dicho esto, no cabe duda de que el Estado va a tener que intervenir porque la actual situación es ya insostenible debido a la laxa y complaciente conducta de los gobiernos desde 1997. Lo que nos dice que la readecuación de las relaciones entre mercado, Estado y empresa privada necesita un replanteamiento profundo. ¿No es cierto?
AUTOR : Humberto Campodonico; Economista
FUENTE : CRISTAL DE MIRA
Transcrito por Ing. Luis EnriquezEconomía Peruana: Doe Run debe irse, ya
según Editor del Norte
Lo mismo sucedió con las sucesivas prórrogas para el cumplimiento del PAMA, lo que en el 2004 culminó con la prórroga hasta el 2009, que fue también incumplida. En octubre, el Congreso promulgó la Ley 29410, que le dio otra prórroga de 10 ... Esta “carta blanca” dio lugar a la prepotencia, al punto que Doe Run fue expulsada de la Sociedad de Minería en enero del 2010. También que la Constitución de 1993 (Art. 60) establece la subsidiariedad de la actividad empresarial del ...
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