Dante Elguera
A pesar de que en el Perú el ambiente está sumamente cargado por la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el 5 de junio, la emisión por el Ministerio de Agricultura (MINAG) del Decreto Supremo 003-2011-AG, que abre la posibilidad de que quienes quieran introducir transgénicos presenten una solicitud y obtengan el permiso correspondiente, ha levantado una polvareda y un consenso en contra, inusuales en este país.
En el frente opositor se sitúan la Convención Nacional del Agro (CONVEAGRO), el más importante gremio de agricultores del país, la Asociación Médica Peruana, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Asociación Peruana de Gastronomía, numerosos movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales. Hasta el titular del Ministerio del Ambiente (MINAM), Antonio Brack, ha tomado distancia de Rafael Quevedo, el ministro de Agricultura, quien apuesta por mantener la norma y es apoyado por algunos empresarios del agro, vinculados al negocio transgénico.
“No es de vida o muerte la necesidad de contar con transgénicos”, dice Manuel Ruiz, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), acaso interpretando el espíritu de quienes se oponen a los organismos vivos modificados (OVM) y que centran su rechazo en varios argumentos atendibles: riesgo para la biodiversidad, altísima en el Perú; falta de un diagnóstico preciso de dicha riqueza —no se conoce bien dónde está cada especie—, insuficientes equipos y personal para ejercer un control de bioseguridad adecuado, y dependencia del uso de semillas que se crearía con los transgénicos.
El citado decreto es, en rigor, el reglamento de la Ley 27104 de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, de 1999, que permite su entrada en vigor.
Como señala Ilko Rogovich, también miembro de la SPDA, “esta norma reduce la posibilidad de ingreso a un número muy limitado de transgénicos” y más bien alienta la presentación de nuevas solicitudes para la introducción de nuevos OVM al Perú.
Escasa capacidad en bioseguridad
No es que los transgénicos nunca hayan existido en el Perú. De hecho circulan ya en el mercado alimenticio numerosos productos comerciales elaborados a partir de transgénicos importados —desde leches de soya, aceites, hasta bebidas en polvo— y se tiene conocimiento desde hace tiempo sobre la incursión furtiva de semillas de maíz, también transgénicas, sobre todo en la costa norte del país. Los OVM, entonces, no son un elemento nuevo en el escenario agrícola y la alimentación en el Perú.
La norma en cuestión no permite que el Perú sea un laboratorio experimental, ni que se utilice su biodiversidad para desarrollar nuevos OVM. Además, establece que uno de los requisitos para que se apruebe una solicitud para la introducción de un transgénico es que no haya sido rechazado en otro país. Todo eso en consonancia con la ley 27104.
Aún así, las alertas han sonado debido a la poca capacidad del país en materia de bioseguridad.
Según Isabel Peña, abogada especialista en temas de bioseguridad, el Perú es un “centro de origen y de diversificación de importantes recursos agrícolas”, que son importantes incluso para el mundo. La entrada de una mayor cantidad de transgénicos, afirma, “conlleva el poner en riesgo toda esta diversidad genética”.
De similar parecer es Santiago Pastor, consultor en bioseguridad del MINAM que ha tomado distancia del MINAG en este tema.
“Falta demostrar que existe la infraestructura, el personal capacitado, los equipos y los procesos implementados para ejercer la regulación y el control necesario”, sostiene.
Como ejemplo de esa insuficiente capacidad de control consigna el caso de una denuncia presentada en el 2007 por científicos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, de la existencia de cultivos de maíz transgénico no autorizado en Barranca, ciudad ubicada unos 200 km al norte de Lima, y que fue atendida recién tres años después de haber sido presentada. Pastor agrega que tampoco existe “una línea de base” de nuestra biodiversidad que permita tomar decisiones.
Por otro lado, según Pastor, la mayoría de transgénicos circulantes en el mercado proceden de zonas templadas y no tropicales, por lo que “nada garantiza que los OVM importados funcionen sobre nuestros insectos y sobre nuestras malezas y sobre especies que no son perjudiciales”.
En suma, el saldo no aparece como muy a favor de esta liberalización, aun cuando en numerosas entrevistas el ministro Quevedo ha insistido en que el MINAG sí cuenta con capacidad de supervisión.
De otro lado, está el hecho de que la nueva norma no considera una realidad ya presente en el Perú: la existencia de varias regiones —jurisdicciones políticas y administrativas del país— que, mediante ordenanzas regionales, se han declarado libres de cultivos transgénicos, tales como Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lambayeque y San Martín,. Muy pronto lo harían la región Loreto y Lima Metropolitana, cuyos representantes participaron en la marcha contra esta norma realizada el pasado 26 de abril en la capital.
A favor de una moratoria
Algunas organizaciones indígenas, por su parte, también se han pronunciado en contra de esta norma. Es el caso de Chirapaq-Centro de Culturas Indígenas del Perú, que en un reciente comunicado ha sostenido que el citado decreto “desconoce el derecho del pueblo peruano” a preservar los conocimientos y tecnologías tradicionales, que permitieron “la domesticación y el aprovechamiento de especies como el maíz, la papa, la yuca, el algodón y la quinua”. Finalmente exige la derogación de la norma y la moratoria de OVM.
¿Es posible la declaración de la moratoria? La mayoría del movimiento en contra de los transgénicos apuesta por esta alternativa, incluyendo al MINAM que propone una moratoria de 15 años. Existe incluso un proyecto de ley en el Congreso en ese sentido, que aún no es debatido por el pleno.
Para Ruiz, una moratoria permitiría “hacer una evaluación seria, multisectorial con profesionales reconocidos, para evaluar ventajas y desventajas de los transgénicos en contextos específicos de áreas determinadas en el país”.
La inmensa riqueza genética del país, en suma, parece estar en juego, en un momento en que la agricultura orgánica comienza a conocer un enorme y exitoso desarrollo en el Perú, con productos como el cacao o el café, que ya significan millones de dólares de exportación. En recientes declaraciones, el presidente Alan García ha declarado que “el próximo gobierno será el encargado de discutir el ingreso de semillas transgénicas al Perú”, en un momento en que el tema ha llegado incluso al terreno electoral.
Mientras la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, ha señalado que la moratoria que ellos propondrían sería de 3 años —lo que, en rigor, revela una disposición de permitir el ingreso de más OVM al Perú— , Gana Perú, el grupo que respalda la candidatura de Ollanta Humala, se ha declarado abiertamente en contra de la controvertida norma. Lo cierto es que el tema se está tornando inevitable y vital para el futuro de este país.
—Noticias Aliadas.
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